Invasión transfronteriza: El ecocidio premeditado en el Río San Juan

El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan está siendo invadido paulatinamente. Durante los dos últimos años, este proceso se ha venido acelerando ante la impotencia y la frustración de organizaciones ecologistas y defensores del ambiente, quienes impávidos ven cómo esta incursión está diezmando lo que constituye uno de los más importantes refugios silvestres del sureste de Nicaragua. La invasión a la vez está penetrando con más fuerza la colindante Reserva Biológica Indio Maíz. ¿Quiénes están detrás de todo esto? En este reportaje lo desvelamos.

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Hicimos un recorrido por la margen sur del Río San Juan, desde el lado costarricense del borde fronterizo, para constatar in situ la invasión que sufre el Refugio de Vida Silvestre que alberga las riberas de este importante e histórico caudal navegado por colonizadores españoles en 1,522 y que formó parte de la ruta del tránsito durante la llamada fiebre del oro de California, iniciada en 1848. 

El Río San Juan, cuya posición geográfica ha despertado durante siglos el interés de potencias extranjeras y que ha generado por décadas, disputas fronterizas con Costa Rica, es hoy víctima de la depredación intestina. El régimen autócrata de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan el poder en Nicaragua, está revolviendo con sus manos sucias su caudal, arrancando los bosques de su ribera y alterando el equilibro de sus ecosistemas, como lo están haciendo también con otras áreas protegidas del país como parte del obstinado y ambicioso afán por controlarlo todo.

Depredación a la vista

Recorrer la ribera del río San Juan, desde el lado tico de la frontera, resulta una odisea desconcertante. El disonante contraste entre el entorno natural y los efectos de la invasión que se cierne sobre este, no causa menos que estupor.

Durante el recorrido fuimos testigos oculares del deterioro ambiental. Lo escenificado por nuestros ojos aturde. La confusa amalgama de lo natural y endémico, con lo exógeno e invasivo, genera sentimientos encontrados.

Escuchar el grave sonido de motosierras a lo lejos o las detonaciones de un arma de fuego utilizada para la caza de especies que habitan la zona, a la vez que se escucha un grupo bulliciosas de guacamayas que sobrevuelan y se postran sobre árboles frutales que aún se conservan; o ver casas erigidas en la ribera del río, de las que salen y se dispersan exánimes columnas de humo y en algunas hasta ondean banderas rojinegras, a la vez que se escuchan diversos sonidos de la naturaleza, aves, ranas, chicharras, chapoteos en el río; advierte a nuestros sentidos que son escenas y sonidos contrastantes. Ahí hay elementos enquistados, que rompen la armonía por no ser compatibles, por no formar parte del entorno natural de lo que se supone es un área protegida.  

Crónica de un recorrido revelador

El trayecto inició en la comunidad Crucitas, en Costa Rica, ubicada cerca del límite fronterizo con Nicaragua, una comunidad reconocida y codiciada por el oro de sus montañas. Ahí prolifera la minería ilegal transfronteriza, la que pone en riesgo los cuerpos de agua y ecosistemas de la zona.

De Crucitas seguimos el camino de tierra y barro rojizo; está fangoso por el efecto de la primera tormenta tropical de 2025. Nos dirigimos a La Chorrera, otra comunidad fronteriza que colinda con Nicaragua y pertenece al cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

En este lugar apreciamos lo que queda del ecosistema. Ahí se evidencia el deterioro ambiental que viene provocando la invasión acelerada del Refugio de Vida Silvestre de Río San Juan, un sitio Ramsar y una de las principales áreas protegidas de Nicaragua, que además forma parte de la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, con una enorme riqueza de fauna, flora y humedales. 

Desde lo alto de un promontorio a orillas del camino, observamos a lo lejos una zona deforestada del Refugio de Vida Silvestre de Río San Juan.

Las familias de la comunidad La Chorrera, se dedican principalmente a la minería. Los mineros son nicaragüenses, pero los finqueros son costarricenses, asegura Amaru Ruíz de Fundación del Río, quien explica que generalmente la población minera que entra a la zona realiza la siguiente ruta: Vienen de El Castillo, en la zona norte del río, llegan a San Carlos, se mueven por el río San Juan, se bajan en Crucitas, otros se quedan a la izquierda en la zona de Nicaragua e ingresan a Las Cruces, un campamento minero que opera dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

En el camino nos encontramos con dos jóvenes mineros que hacen de “mulas”, así se les conoce a quienes bajan de los cerros los sacos con brosa a las trochas circundantes, donde otros se encargarán de venderla o procesarla. En cada saco cargan aproximadamente 50 kilos, señalan que ganan 40,000 colones al día, unos 90 dólares. 

Un pequeño desvío desde la “trocha fronteriza” que el gobierno de Laura Chinchilla construyó sobre la ribera del río San Juan, en la parte de Costa Rica, nos lleva al borde del río, en la zona conocida como La Venada. Ahí, un grupo de hombres conversa mientras esperan un bote que los cruzará por 30 córdobas al lado nicaragüense. Calzan botas de hule, cargan bolsas y mochilas.

Del lado tico “Eladio”, (nombre ficticio para proteger su verdadera identidad), un colono recién llegado a la zona, espera en su moto por pasajeros. Descubrió que transportar güiriseros (trabajadores mineros), le genera ingresos extras. Por eso cruza la frontera. “Yo me paso a trabajar aquí, es un lugar que entra mucha gente nicaragüense a trabajar en la mina Crucitas, ahí nomás, yo le hago el viaje, la moto esta con sus papeles y yo también tengo los permisos” asegura.

El negocio de la compra y venta ilegal de tierras

El escenario que se observa con claridad a primera vista, desde ese punto del lado tico, son diez casas colocadas en la ribera del río San Juan; detrás de estas lo que sobrevive, lo poco que queda de lo que antes era parte de un denso bosque.

A este lugar se le conoce como La Venada, nos dice Eladio, mientras señala hacia el otro lado del río: “Aquella es mi casita, viera que lindo allá como se ve, aquí la vida es diferente. Yo solo vine, me gustó la casita, hice negocio con el hombre y ya, no le pregunté más nada”.

¿Cómo se llama el hombre que se la vendió? Le preguntamos. “Don Eliezer Hernández, él era de aquellos lados” responde, mientras apunta con el dedo hacia el norte. Eladio cuenta que es originario de Rosita, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua y que no tiene mucho de haber llegado a la zona.

¿En cuánto compró? “En unos 200 mil córdobas, pero con todo” ¿Y hay papeles? “Digamos que una escritura no, pero si un aval” confiesa.

El colono asegura que la comunidad tiene poco tiempo de haberse formado, pero él ya la encontró poblada. Ante la pregunta de quiénes venden tierras en ese territorio señala: “Sobra, ahorita me están vendiendo un lote bien grandecito, pero no agarra la vega del río; es por aquel palo que tiene las hojas grandes para dentro, ahí es como una manzana que me están vendiendo. Me está pidiendo 150 mil pesos el hombre.”

La única preocupación de Eladio es que sus hijos aún no van a la escuela. “No sé cómo voy a hacer, con quien me tengo que contactar porque estoy recién venido; pero usted no sabe cuánto yo daría porque ellos estudien” expresa.

El colono refiere que en la zona se habla de un proyecto de construcción de una escuela. “Ojalá sea pronto, pero eso apenas está en proyecto, usted sabe cuánto dura un proyecto, antes de eso tengo que ver cómo hago. La vida es dura, pero como que aquí se me hace más fácil” relata.

Proceso de invasión incluye tráfico ilegal de ganado

La Fundación del Río ha denunciado que durante los años 2023 y 2024 se ha venido dando un proceso de deterioro ambiental en el Refugio de Vida Silvestre, el que se evidencia en el aumento de la construcción de viviendas, la extracción de recursos forestales y minerales, el tráfico ilegal de fauna y la venta ilegal de tierras, a lo que se suma la expansión de la ganadería, cuyas repercusiones son mayores porque su auge va de la mano con la dinámica comercial ganadera transfronteriza, una práctica tan ilegal como lucrativa, estimulada por la voracidad y la falta de escrúpulos de quienes se involucran.

El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, asegura que efectivamente se está engordando ganado dentro del Refugio para luego ser comercializado en Costa Rica, “consideramos que hay una ruta precisamente de tráfico ilegal de ganado” asevera.

Pero, la ganadería ilegal y la venta de tierras, junto a las otras prácticas mencionadas que aceleran la destrucción de los ecosistemas en el Refugio, cobran también otras dimensiones, cuando a la postre, quienes están detrás de estas prácticas invasivo-destructivas, son quienes ostentan el poder político en el país.

El proceso de invasión y destrucción ambiental, al tener ribetes de control político, genera la permisividad para que simpatizantes, operadores políticos y allegados de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sometan al refugio a una muerte lenta.

La “mafia” Estado-partido y la artera complicidad del Ejército

La infausta fusión Estado-Partido es algo que suele ocurrir en las dictaduras de corte socialista en Latinoamérica.

Los regímenes totalitarios como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, terminan instrumentalizando las instituciones del Estado, cuya administración es puesta en manos de operadores políticos tornando así difuso el límite entre las competencias institucionales y las partidarias.

Tales circunstancias consolidan el ya de por sí funesto abuso de poder a través del control político, el que se extiende territorialmente alcanzando incluso las áreas protegidas y sus recursos naturales con fines de dominación, depredación y enriquecimiento. Así lo constató una vez más la ecologista Fundación del Río, a través de un proceso de monitoreo y evaluación realizado para conocer el estado del Refugio Silvestre Río San Juan.

Los resultados de la valoración realizada por la Fundación del Río determinaron que entre los años 2023 y 2024 se ha desarrollado un proceso acelerado de invasión, “fomentado por las estructuras del Frente Sandinistas, quienes están directamente vinculadas a la venta ilegal de tierras con la inacción y complicidad de Marena, Ejército, Policía Nacional, Alcaldía, Fiscalía, Procuraduría”, las instituciones encargadas y vinculadas de forma directa a la protección y conservación de la reserva. Lo que evidencia además que, en Nicaragua, a fin de cuentas el Estado es el partido.

El rol del Ejército como institución armada en este proceso invasivo, es clave para sus promotores y sus intereses, pues es principalmente a través de este que el régimen garantiza el control territorial a lo largo del Refugio.

Ruiz afirmó que efectivamente esa es una de las estrategias identificadas en la evaluación. La invasión está atravesada por “un proceso de control territorial transfronterizo por parte del Ejército de Nicaragua” aseguró, a la vez que explicó que la invasión de terceros, ayuda al Ejército a tener información alrededor de lo que sucede en esa zona, que pese a estar militarizada es altamente permeable.

Según Ruiz, esa permeabilidad es adrede, porque hoy por hoy, en zonas que antes eran inhabitadas está emergiendo infraestructura habitacional. “Hay una complicidad en ese proceso de resguardo de fronteras por parte del Ejército. En vez de proteger y detener la invasión, lo que estamos viendo es un aumento de la invasión, una permisología alrededor de esta atracción”, aseveró.

El ambientalista resaltó que con esta estrategia militar el Ejército está obteniendo información de lo que sucede en zonas donde antes no tenía la capacidad de penetrar.

Adicionalmente la evaluación realizada por la Fundación, deduce que este nuevo frente de invasión de la reserva a través de la ribera del río San Juan, refleja un cambio drástico en los intereses del régimen, pues está dejando de un lado el propósito de potenciar la zona como un baluarte turístico del país, para convertirla en una zona de interés para la extracción de los bienes naturales.

Cómo se estructuró el proceso de invasión

El informe de valoración de la Fundación del Río deja claro que el proceso de invasión al Refugio de Vida Silvestre de Río San Juan, no ha sido espontáneo sino algo muy bien organizado y estructurado.

Ruiz explica cómo se ha venido ejecutando dicho proceso. “Esto primero tiene estructuras partidarias del Frente Sandinista; secretarios políticos y delegados municipales que permiten este proceso de invasión”. 

Agrega que estos involucran a diversos liderazgos que trasladan a familias vinculadas al partido, las que se ubican en la zona, pero advierte que, estas familias no se asientan ahí gratuitamente, detrás hay también un negocio, “no es que la adquieren gratis (la tierra), sino que pagan y sin papeles. Aquí no hay documentación, (…) no hay titulación, lo que hay son avales políticos” asegura.

El ambientalista cree que lo anterior quizá obedezca a que tanto la Ley de Áreas Protegidas como la Ley de Fronteras, prohíben otorgar títulos de propiedad dentro de las zonas fronterizas.

Traficantes de tierra llevan a los invasores y se van

Ruiz expuso que la información recabada por la Fundación del Río incluye testimonios de gente procedente del municipio de Nueva Guinea y del norte de país, la que es atraída por personas vinculadas al Frente Sandinista y que han dedicado toda su vida a la invasión y al tráfico ilegal de tierra.

En la misma vía aclaró que “los cabecillas no se quedan ahí. Ellos solo traen a la gente, comercian de manera ilegal estas tierras que entre comillas son del Estado, porque precisamente al ser una zona fronteriza, son consideradas como territorio o tierras del Estado.” Añadió que la invasión es favorecida por la falta de aplicación de la legislación por parte de las instituciones que deberían aplicarla y desalojar a los colonos.

“No ha habido una actuación para desalojar a esa gente que está en el sector de Las Cruces y que entra por el sector del Machado sobre la ribera del Río San Juan donde el Ejército está a 7 kilómetros” lamentó Ruiz a la vez que reiteró que el Ejército tiene claro conocimiento de los asentamientos.

El ecologista agregó que: “El Ejército tiene drones, tiene tecnología, tiene lanchas, tiene medios, tiene recursos que son del Estado; pero no se dedican a la conservación. Entonces, ahí hay una complicidad evidente de las instituciones del Estado para avanzar con ese proceso de invasión.”

Las rutas de acceso

Ruiz explica que los invasores ingresan principalmente por dos puntos: por San Carlos (cabecera municipal del departamento de Río San Juan), y por el mar Caribe (entrando por San Juan de Nicaragua). “El Ejército sabe muy bien cómo están entrando, ya sea desde San Carlos o por el mar Caribe”.

Sobre el ingreso por el Caribe refirió que “muchas de las zonas de entrada de las personas invasoras del Refugio vienen sobre mar, utilizan el mar, llegan, entran por San Juan de Nicaragua y suben en embarcaciones que tienen matrícula de El Bluff, matrícula de la Costa Caribe, de la zona de Bluefields y entran hasta esta zona, son los que transportan a los invasores y se ubican ahí” relató.

En las narices del Ejército

El ambientalista aseguró que en su recorrido todas las embarcaciones con invasores pasan por los puestos de la Naval del Ejército, “ninguna embarcación que pase por esa zona se libra de los registros de la naval” insistió.

Lo planteado por Ruiz, también está patentizado en el informe de valoración de la Fundación que él preside. El documento refiere que en el refugio existen cinco puestos de control del Ejército ubicados en: Bartola, Boca de San Carlos, Sarapiquí, El Delta, y San Juan de Nicaragua. Estos puestos tienen como mandato, además de regular la navegación sobre el Río San Juan, vigilar y evitar cualquier proceso en detrimento de la reserva. El informe asegura que adicionalmente, hay al menos dos guardabosques del Marena en cada puesto del Ejército a lo largo del río San Juan.

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 79-2009, (creación de la Comisión Interinstitucional para desarrollar e implementar la reglamentación de la navegación en el Río San Juan), la comisión, integrada por 13 instituciones del Estado, “estará coordinada por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y tendrá carácter permanente.”

No obstante, la Fundación de Río advierte que: “Durante los recorridos realizados para este informe, se ha constatado que estos puestos están operando sin cumplir sus obligaciones de realizar coordinaciones entre los entes del Estado para cumplir con la legislación ambiental vigente y el Plan de manejo de la Reserva”.  Asimismo, reitera que prueba de ello es que varios de los asentamientos ilegales están ubicados cerca de estos puestos de control del Ejército.

“Podemos inferir que no existen vigilancia y patrullaje en el sitio, más cuando la invasión está a menos de un kilómetro de los puestos de resguardo” concluye el informe.

La dinámica depredadora

La dinámica destructiva, una vez que se asientan los invasores, inicia con la tala de árboles. “Ellos se instalan y hacen tumbas del bosque ribereño, que es un bosque de ecosistema tropical húmedo” relata Ruiz. Añade que después instalan su infraestructura y luego queman para establecer sus cultivos, principalmente de alimentos básicos como maíz, frijoles, plátanos y yuca.

Posteriormente empieza la dinámica comercial porque ellos necesitan insumos, en ese sentido explicó que hay toda una red de transporte público y privado, que llega desde El Castillo a comercializar productos.

Además revela que hay una dinámica de servicios proveída desde Costa Rica. “Aquí compran la gasolina, aquí compran ciertos productos alimenticios que son más baratos que en Nicaragua” aseguró el ambientalista durante una conversación en el borde fronterizo desde el lado tico.

Impactos de la invasión

El estudio de la Fundación del Rio refiere que, al valorar aspectos naturales y biológicos, se evidencian múltiples afectaciones a la integridad ecológica de esta área protegida, producto de la invasión.

Entre las principales afectaciones la organización identificó la erosión de los suelos generada por la deforestación de las parcelas, lo que conlleva a un incremento de la sedimentación del cauce del Río San Juan, “algo preocupante teniendo en cuenta la intensidad de los regímenes de lluvia propios de estas zonas” advierte la Fundación.

Asimismo, resalta que “la deforestación causada por el asentamiento ilegal de personas ha generado un cambio drástico en el paisaje de las zonas afectadas.”

Por otro lado, advierte que las actividades agrícolas alteran las dinámicas de movilidad de la fauna silvestre, “la perdida de hábitat representa una amenaza a la conservación de la biodiversidad del refugio” asevera el informe.

El mismo documento concluye que dichas zonas destinadas legal y exclusivamente a la conservación, están recibiendo presiones sobre la biodiversidad que albergan debido a la tala y la caza ilegal que desarrollan las personas que se han asentado en ellas. Paralelamente se está desarrollando tráfico de especies silvestres de flora y fauna, lo que afecta la biodiversidad y pone en peligro su conservación.

“Tanto en las zonas visitadas a través de los diferentes recorridos, como el análisis de imágenes satelitales, se ha podido observar diferentes grados de afectación en diferentes zonas de manejo producto de la tala rasa, alterando hábitats importantes para especies emblemáticas de la reserva. Estas prácticas de deforestación, también implican la extracción de madera con fines comerciales, la cual está prohibida en toda la reserva” señala el informe de la Fundación.

Dinámica transfronteriza en expansión

El crecimiento poblacional de colonos en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, está también generando demandas para suplir diversas necesidades humanas. Para suplir la demanda de servicios básicos, por ejemplo, los colonos instalan sistema de extracción de agua potable desde algunas nacientes y utilizan paneles solares para proveerse de electricidad.

Sin embargo, hay otras demandas y necesidades de las familias asentadas que están generando una movilidad transfronteriza que se ha tornado cotidiana, entre estas la educación y la salud. En ese sentido la Fundación advierte que familias invasoras del refugio, se benefician de la educación y los servicios de salud costarricenses, recargando ambos sistemas en el país vecino.

Frente a la isla La Tigra en Nicaragua, una lancha de motor en el que viajan dos mujeres y dos niños se estaciona en el borde del río del lado tico. Un de ellas viene a vacunar a su hijo de tres años al puesto de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. “¿No hay centros de salud donde ustedes viven? Le preguntamos, a lo que ella responde negativamente ¿No les piden ningún requisito aquí? "No, solo que uno tiene que andar la cédula”, expresa.

Paralelamente se está generando una dinámica comercial, que va más allá de la compra de productos, artículos e insumos del lado tico, y que tiene que ver con la depredación de la fauna. De acuerdo al informe de la Fundación del Río, pobladores de comunidades fronterizas del lado costarricense, han referido que personas que se han establecido en el refugio, se han convertido en proveedores de carne de animales silvestres que cazan y comercializan ilegalmente en suelo tico.

“María”, tiene un puesto de comida en la zona, asegura que frecuentemente pasan lanchas nicaragüenses surtidas de productos. “Es como que usted se meta a un súper”, sonríe. Relata que del otro lado (Nicaragua) las personas están acostumbradas a comer chancho de monte y otros animales silvestres. "El kilo de chancho de monte vale siete mil colones, ahumado sabe rico”.

Otro animal cuya carne es muy apetecida por los colonos es el tepezcuintle o guardatinaja, María afirma que en ocasiones se lo han llegado a ofrecer, pero ella lo rechaza. “Me lo ofrecen y yo digo no, yo a ese bichito mejor lo veo caminando", dice, a la vez que cuestiona la caza indiscrinada en el refugio "allá nadie les pone orden a ellos, les dieron tierras, llegando ahí tienen que matar de todo para poder alimentarse. Antes si usted miraba ese lado era reserva, no vivía nadie y ahora no, ahora por toda la vega hay gente", comenta María.

Invasión “pica y se extiende”

El presidente de la Fundación del Río cree que inevitablemente la invasión continuará expandiéndose. “Aquí estamos hablando de gente que por lo general tiene entre 50 y 100 manzanas, pero eso va avanzando” advirtió.

Agregó que la Fundación ha constatado que la invasión avanzó mayormente desde el sector de Machado hasta Las Cruces, “ya toda esa zona está poblada y se han dividido. Muchos de los que vinieron primeramente ya vendieron a otros o ampliaron la comunidad; algunos vendieron una parte de los terrenos que ocuparon” aseveró.

En un informe de mayo de 2024, también de la Fundación del Río, se identificó que a mediados de 2022 comenzó una nueva ola de invasiones en la ribera norte del Río San Juan, afectando sectores como La Tigra, El Sarnoso, Boca San Carlos, las proximidades de la desembocadura del río Machado, El Danto, El Delta y la Isla.

La investigación reveló que estas invasiones se llevan a cabo mediante transacciones de compraventa gestionadas por secretarios políticos del Frente Sandinista u otras estructuras locales del partido.

El informe documenta que personas vinculadas al partido en el poder, acaparan entre 1,500 y 4,000 manzanas (hasta 1,048 hectáreas) con el visto bueno de las autoridades institucionales, para luego venderlas en lotes de 50 manzanas (34.94 hectáreas) por 70,000 córdobas (aproximadamente $1,921.68).

El estudio también refiere que “se identificó que los invasores provienen de diversas zonas, incluyendo Punta Gorda, Polo de Desarrollo en Bluefields, El Castillo, El Rama, Nueva Guinea e incluso del Triángulo Minero (Siuna y Rosita)”. Finalmente advierte que probablemente estos últimos han sido atraídos por el auge de la minería artesanal ilegal, tanto en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan como en la Reserva Indio Maíz, aunque también resalta el interés por esta práctica ilegal en el lado costarricense.

En el informe de evaluación titulado “Valoración ambiental del Refugio de Vida Silvestre de Rio San Juan: Nuevo frente de invasión de la Reserva Indio Maíz”, realizado por la Fundación del Rio Se identifican un total de 551 infraestructura establecida entre la desembocadura del rio Bartola y el rio Colorado. El documento resalta que estas infraestructuras en su gran mayoría son de reciente construcción, asentadas en zonas de manejo restringidas para uso habitacional.

No obstante, el informe también aclara que la totalidad de infraestructura a lo largo de todo el refugio estaría estimada en unas 1,587 edificaciones, lo que representaría un aumento del 55% del número de edificaciones de las que se estimaron en 2017.

Colonos revelan detalles de su llegada y sus vivencias

Onda Local constató lo que documenta el informe de la Fundación del Rio, a través de conversaciones con algunos colonos.

“Renato”, originario de Nueva Guinea, relató que decidió trasladarse a la zona hace un año. Cuenta que trabajó por más de 20 años manejando lanchas en Bluefields, con el tiempo adquirió su propia panga, la que luego usó para trasladarse al Río San Juan con su familia.

Narra que inició la travesía por mar entrando por San Juan del Norte, llegó hasta San Carlos, ahí inscribió su panga, la que actualmente usa para comercializar las cosechas de los cultivos que ha establecido en la zona invadida.

El punto dentro del Refugio de Vida Silvestre, donde vive ahora Renato, se llama Machado, un sector donde según sus cálculos habitan unas 200 familias.

Pero aclara que su finca, que tiene una extensión de 100 manzanas, se ubica en Boca Machado “un poco más arriba, a una hora de camino”. En realidad, según la Fundación del Río, ese punto “una hora más arriba” que menciona Renato, es ya parte de la Reserva Biológica Indio Maíz.

“No había nada cuando conseguí ahí, pero ahora le ha entrado bastante malanga, sandia, quequisque, yuca; antes era bosque, bosque” asevera Renato. Asimismo agrega que casi toda la gente que se ha asentado en la zona tiene uno o dos años de haber llegado ahí.

Al consultarle si tiene ganado, refiere: “Todavía no, estoy comenzadito, es que viera en el inicio es costoso despalar ese monte”. El colono asegura que a pesar de todo él cuida su finca porque en el futuro sus hijos van a querer conocer los bonitos criques que la misma posee, pese a ser invasor, lamenta que hay mucho despale.

Asegura que tener 50 manzanas es lo normal en la zona, pero que él posee 100 porque tiene tres hijos: “Yo tengo tres hijos entonces con 100 me la estoy jugando (…) a veces a una manzana le meto plátano, yuca, quequisque y a la hora que usted va a cosechar saca de todo”.

Al consultarle por el precio de una manzana de tierra, responde que “depende del punto, porque hay lugares que son más caro que otros”, pero añade que en promedio puede costar unos 20 mil córdobas la manzana.

El proceso de la transacción ilegal de tierra

Le preguntamos a Renato cómo se adquiere la tierra en la zona y que si en la transacción hay involucradas personas vinculadas al gobierno.

“No, es que mire el detalle es así, usted tiene esta posición y es suya, vale 20 mil pesos, entonces yo vengo y me gusta, usted me la vende, yo se la compro; entonces después de eso yo le pongo otro precio porque tal vez voy a invertirle más” explica, a la vez revela que “los que vinieron primero se embolsaron porque agarraron como quinientas manzanas”.

¿Cómo hace para inscribirla? le preguntamos. “Es el gobierno que tiene que hacer eso, ahorita no está inscrita, han andado viendo eso para dar papeleo y cosas así, con censo y todo eso para poner en orden, para parcelear”.

También le preguntamos si no le cobran impuestos. Renato asegura que por ahora no, pero “cuando ya esté el título, si hay que pagar, ahorita estamos frescos, yo no estoy pagando nada”.

Pese a que el colono en un principio negó que en el proceso de compraventa ilegal de tierras estén involucradas personas vinculadas al gobierno o al partido, terminó admitiéndolo, incluso reveló que para el 19 de julio de 2024, en ocasión del aniversario de la Revolución Sandinista, personeros del partido organizaron una celebración en la comunidad. Ese día “nos comimos un torito que trajeron los meros jefes” recuerda Renato.

Al preguntarle quienes son esos “meros jefes”, solo identificó a Noel Paz, de quien dijo es la persona del Frente Sandinista que levanta la información de los censos y para los papeleos.

El informe de la Fundación del Río reconoce a este personaje como el político del partido sandinista en el sector, quien, junto a Denis Alfonso, identificado como el coordinador, recibe a las nuevas familias que llegan a instalarse a la zona.

La Fundación refiere que, según testimonios de los propios invasores, cada vez que Noel Paz y Denis Alfonso reciben a las personas que llegan a esa zona del refugio, “realizan un discurso donde agradecen al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo”.

La organización ambientalista también afirma que estas dos personas se dedican a realizar las gestiones de los avales, a buscar interesados y ubicar a los nuevos colonos. Asimismo, refiere que “ambas personas son conocidas por mantener coordinaciones con el jefe del puesto militar y con el secretario político departamental”.

El informe de la Fundación del Río, documenta que una vez que las nuevas familias son ubicadas, se les manda a carrilar los límites y limpiar. “Cada persona que desee una finca debe de pagar 15,000 córdobas, ya sea en cuotas o en otras formas de arreglo de pago, y le entregan 50 manzanas de tierras (35 hectáreas). Toda la tierra entregada es de bosques, así que deforestan para establecer cultivos de granos básicos” describe el documento de la organización ambientalista.

El informe también resalta que, al no otorgarles ningún documento por las tierras, ni recibos por los pagos, la única garantía que tienen los invasores es permanecer en el lugar para no ser despojados de las tierras otorgadas ilegalmente. 

Engels Sequeira, especialista ambiental de la Fundación del Río, reitera que la legislación contempla que las reservas no pueden ser tituladas ni pueden ser destinadas para otro fin que no sea el de la conservación. 

Sin embargo, asegura que estas son entregadas también a los secretarios políticos del partido gobernante, “hay una transacción económica de por medio para esas viviendas o esas parcelas que entregan, y un compromiso también de servicio al comandante y a la compañera” afirma Engel en clara alusión a Ortega y Murillo.

Renato asegura que él apoya al gobierno porque si no lo hace no obtiene beneficios.  “Ideay el gobierno está dándonos alojo para que trabajemos, entonces hay que apoyarlo. Hay dos cosas, o estás a favor del gobierno o en contra, y entonces sí estoy en contra ya no agarra nada” reconoce.

 A la pregunta sobre sí en la zona hay presencia de la Policía y el Ejército, el colono responde que “a veces cuando hay problemas, porque usted sabe que en la comunidad siempre hay su problemita, y siempre la ley tiene que estar; la Policía, el Ejército, todo”.

El testimonio de un guineano con otras 100 manzanas

“Otoniel”, originario de Nueva Guinea, tiene tres años de haberse asentado en el refugio y asegura que ya posee 100 manzanas de tierra. En Nueva Guinea trabajaba para finqueros en la crianza de ganado. Los rumores sobre la venta de tierras favorables en la ribera del río San Juan le hicieron tomar la decisión de hacer la travesía.

“Había gente que ya tenía tiempo de haber venido a estos lados, me les pegué y me vine. La mayoría compramos barato; el pago que nosotros hicimos es por el asunto de unos papeles, porque ahí a nosotros nos están legalizando los lotes de cada uno” relata.

¿Quién les está legalizando, el gobierno?, ¿A quién le compraron ustedes? Preguntamos a Otoniel. “Ideay es que nosotros comprar, comprar, no compramos; a nosotros nos dieron el lote que cada quien tiene y lo que estamos pagando es como un impuesto” responde.

¿A quién le pagan ese impuesto?,¿a qué institución? –“A la alcaldía de San Carlos”.

¿Cuánto pagan? Le interpelamos. “Digamos que a nosotros ahorita, ahorita, no nos ha llegado el documento para pagar” titubea. Añade que “ahorita, ahorita lo que pagué fueron 2 mil córdobas a la alcaldía, lo que nos van a entregar supuestamente ya son títulos de propiedad de los terrenos” refiere.

Otoniel recién cumplió tres años de haber llegado al Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, asegura que todas las familias de la comunidad que se fundó en la zona donde está asentado, son parientes: “Toda esa gente que está ahí son familia mía”.

Sobre el crecimiento del poblado en medio de la reserva refiere que “ahí hay pulpería y todo ya.  En esa casa que se mira ahí, hay una pulpería, hay de todo” reitera mientras señala una de las viviendas erigidas en el refugio.

El colono asegura que incluso la comunidad ya tiene hasta una iglesia. “lo que está haciendo falta es poner un centro de salud y una escuela, pero ya están programados” afirma. Le preguntamos ¿Quién lo va a hacer?, “Ideay nosotros lo hacemos, todos los que vivimos aquí”.

Despale indiscriminado en zona de ecoturismo de bajo impacto

Durante el recorrido por la margen sur del Río San Juan, llegamos a la llamada Zona D1 según la zonificación establecida en el Plan de Manejo del Refugio elaborado por Marena.

Esta zona, parte del Bartola, hasta dos kilómetros al norte sobre la margen del río. “Ya es parte del Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan (…) es una zona de ecoturismo de bajo impacto según lo establecido en el Plan de Manejo, por tanto está prohibido el uso de la tierra para construcción de viviendas habitacionales”, explica Engel.

Sin embargo en la zona se han edificado casas producto del proceso de invasión, las que están a simple vista son las establecidas en la margen del río.

“Cada una de las casas, tienen una especie de parcela donde además del despale para la construcción de la infraestructura de la vivienda, también hacen una tala rasa para el establecimiento de cultivos” afirma el especialista de la fundación ambientalista. Revela además que la madera obtenida de la tala también es comercializada.

La "tala rasa" es una práctica forestal que consiste en eliminar todos o la mayoría de los árboles de un área específica en una sola operación. Se realiza principalmente con fines de obtener madera y limpiar terrenos para agricultura o ganadería. Este método tiene efectos significativos en el ecosistema y genera diversos problemas ambientales.

El ecologista advierte que en esta zona en particular hay además un sistema de depredación de doble vía asociado a procesos de minería, por estar cerca de áreas con yacimientos de oro en ambos lados de la frontera. En el lado nicaragüense, la Reserva Biológica de Indio Maíz, en el lado costarricense, Crucitas, “hay un vínculo entre las actividades mineras ilegales en ambos países” asegura.

Minería ilegal, el otro dilema transfronterizo

La riqueza mineral a ambos lados de la frontera ha generado una movilidad intensa de guiriseros durante los últimos años. Los principales yacimientos de oro se encuentran en Las Cruces, una zona que forma parte de la Reserva Biológica Indio Maíz, en el lado nica, y en Crucitas de Cutris de San Carlos, en el lado tico.

La organización ambientalista refiere en su informe que los mineros que llegan al refugio del río San Juan, se internan entre tres y cuatro kilómetros rumbo a indio Maíz, hasta llegar a los puntos de extracción. En tanto, para la actividad minera ilegal en Crucitas, los mineros tienen diversos mecanismos de entrada y sitios de extracción de oro del lado costarricense.

La Fundación advierte que la dinámica minera está generando la comercialización de otros productos que son desembarcados y almacenados en el refugio, entre estos, combustible, aceites, cal, y herramientas como rotamartillos, tómbolas y otros equipos utilizados en la actividad extractivista.

Pero la gravedad del asunto es de mayores dimensiones. La organización ha identificado rutas de comercialización ilegal de cianuro y mercurio, productos altamente tóxicos utilizados para la extracción del oro y luego relavados hacia los principales caños que pasan por el refugio y que desaguan en el río San Juan.  Paralelamente esta dinámica ha propiciado oportunidades para personas que se dedican al tráfico de drogas.  

El informe de valoración ambiental de la Fundación del Río, concluye que “La dinámica de la minería ilegal está presente en al menos 36 kilómetros del refugio sobre el río San Juan, lo que ha generado la apertura de caminos de penetración hacia la reserva Indio Maíz, el tráfico de mercurio, cianuro, drogas y otros insumos para abastecer la actividad minera tanto de la zona de Las Cruces en Nicaragua, como de Crucitas en el lado costarricense”.

Cambios en la legislación ambiental: "cuando el río suena, piedras trae"

El pasado 30 de abril, la Asamblea Nacional aprobó en lo general la "Ley de Áreas de Conservación y Desarrollo Sostenible", iniciativa enviada por el Ejecutivo para su discusión y aprobación una semana antes.

Tras su aprobación la Fundación del Río advirtió que dicha ley venía a abrir las puertas al saqueo de las áreas protegidas en Nicaragua, pues con la normativa se estaba legalizando la extracción de los recursos naturales protegidos.

Adicionalmente la normativa autoriza la reducción de límites de áreas protegidas para beneficiar concesiones privadas, “lo que significa más invasiones, más destrucción, más violencia contra los territorios indígenas” dijo la Fundación en un comunicado en esa ocasión.

Con la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación y Desarrollo Sostenible, se reformó el artículo 116 de la Ley 217 (Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales), el que prohibía la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en áreas protegidas.  La nueva ley también permite el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas, al establecer una “armonización con la gestión ambiental, criterios de planificación, crecimiento económico, así como, la defensa y restitución de derechos de las familias nicaragüenses”.

Para Amaru Ruiz esta normativa es el anuncio de lo que se viene con las áreas protegidas, y una premonición de lo que podría pasar con el Refugio de Vida Silvestre de Rio San Juan, y con todas las demás áreas, en términos de cambiar sus límites y permitir la explotación “legal” de sus recursos.

“El régimen de Ortega Murillo acaba de cambiar la Ley de Áreas Protegidas, la cambió hacia Áreas de Conservación y Desarrollo Sostenible (…), lo que nosotros tememos es que vayan a cambiar los límites de las áreas protegidas que antes conocíamos como áreas protegidas, precisamente porque esa es la forma de avalar los procesos de invasión” analiza Ruiz.

El ambientalista advierte que, con esa movida jurídica, ya no va a ser ilegal la invasión, “y eso es lo que estamos por ver”.  En efecto, juristas especializados en el área ambiental han advertido que la aprobación de esta normativa, supone reformas a la mayoría de leyes ambientales, a favor de los intereses de depredación del régimen y en detrimento de las áreas protegidas.

Ruiz concluye que ese proceso de legalización ya está en marcha, y mediante la ley el régimen irá reduciendo las superficies de las áreas protegidas, “cambiará los límites de las áreas protegidas y permitirá las actividades económicas dentro de áreas protegidas” lamentó el ecologista.

En la práctica, lo que la nueva “Ley de Áreas de Conservación y Desarrollo Sostenible” mandata, es contrario al discurso del régimen plasmado en la exposición de motivos de la iniciativa de la misma, en esta Ortega y Murillo, aseveran que el interés de esta ley es “la conservación, protección, restauración y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran con el desarrollo sostenible”.

El discurso ambientalista del régimen es tan falso como los árboles que siembra Rosario Murillo a lo largo del país, esos armatostes metálicos, que pese a no tener vida, la codictadora llama “árboles de la vida”, pero que la población nicaragüense ha bautizada muy acertada y jocosamente como “chayopalos”, y como por la víspera se saca el día, no resulta nada descabellado pensar que a Murillo se le puede ocurrir incluso la idea de mandar a plantar “chayopalos” en las ahora llamadas “Áreas de Conservación y Desarrollo Sostenible”.

¿Qué hacer frente al desquiciado y depredador control territorial del régimen?

Amaru Ruiz admite que ante el afán depredador de la dictadura Ortega Murillo, que en virtud de proteger las reservas promueve los procesos de invasión, no se puede hacer mucho. Pese a ello, defensores del ambiente y de los derechos humanos, así como lideres de oposición y población en general, no están totalmente de manos atadas como pareciera.

En ese sentido Ruiz afirma que, desde la Fundación del Río, harán lo que corresponde. “Internacionalmente nosotros vamos a acudir a las instancias correspondientes, porque es lo que nos queda a las y los nicaragüenses, recurrir a estas instancias” afirma pese a estar claro que el régimen no tiene voluntad política para aplicar las normativas internacionales en materia de conservación ambiental.

“Vamos a hacer el trabajo, vamos a presentar ante las entidades correspondientes, como la Unesco y Ramsar, la valoración que hicimos en términos ambientales de esta área protegida y cómo eso afecta la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz” aseguró el ambientalista.

Ruiz reconoció sin embargo que es muy poco lo que estas instancias pueden hacer mientras permanezca en el poder la dictadura, por ello es importante continuar documentando todo lo que sucede en materia ambiental, “porque creemos que en algún momento va haber justicia, va haber democracia en nuestro país y estos errores se tienen que saldar”.

El presidente de la Fundación del Río instó a pensar en un proceso de cambio político en el país y con este en la restauración de los recursos naturales, “lo bueno es que este es un ecosistema agradecido, en muy pocos años se logra regenerar” concluyó.

En lo que respecta al Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, según el estudio de la Fundación, este aún conserva más del 51% del área con un paisaje de bosque intacto e importantes tipos de ecosistemas y biodiversidad que deben de ser protegidas.