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Bukele da zarpazo a la libertad de prensa con reforma al Código Penal

Ulises

Foto: Presidencia El Salvador

La Asamblea Nacional de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este 6 de abril, una reforma al Código Penal, en el que se establecen penas de entre 10 y 15 años de cárcel a quienes reproduzcan mensajes originados por pandillas “que pudieran generar zozobra y pánico a la población”, lo que, a criterio de periodistas salvadoreños y organizaciones de derechos humanos, es una clara zancadilla a la libertad de información.

La reforma aprobada de manera exprés, se refiere en primera instancia a los grafitis, símbolos y mensajes que difunden las pandillas, pero a la vez de manera implícita a los medios de comunicación, criminalizando el ejercicio periodístico, el que se vería limitado a la hora de informar sobre hechos de violencia vinculados al accionar de las pandillas.

La enmienda a la ley punitiva salvadoreña se da en el contexto de la “guerra contra las pandillas” desatada por Bukele, después de un fin de semana sangriento a finales de marzo que dejó más de 70 asesinatos vinculados al accionar de las maras.   

Mordaza al periodismo

El artículo 345-C del Código Penal reformado refiere que se penalizará con 10 a 15 años de prisión a quien “elabore o facilitare textos, pinturas, grafitis en propiedad privada y pública que explícita o implícitamente transmitan mensajes o señales que hagan alusión a maras o pandillas”.

El segundo párrafo del mismo artículo es el que, de acuerdo a medios salvadoreños, atenta contra la libertad de prensa, ya que el mismo dice que "en igual sanción incurrirán quienes, por medio del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general".

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la reforma, “estas reformas mordaza son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico”, dice en parte el comunicado, que también refiere que el gobierno está obsesionado pro esconder o tergiversar la realidad.

“Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de persona que habitan en comunidades controladas por pandillas, no surtirá ningún efecto en la vida de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer” advierte el comunicado de APES.

El medio digital El Faro uno de los más críticos de la gestión de Bukele, también rechazó la reforma y en señal de protesta ubicó en su portada un texto con fondo negro en el que afirma que “Las enmiendas al Código Penal, aprobadas esta semana por la Asamblea de Nayib Bukele, son una mordaza a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero sobre todo al derecho ciudadano a estar informado”.

Similar a la “Ley mordaza” de Ortega

El artículo 345-C del Código Penal salvadoreño, tiene una similitud con el artículo 30 de la Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como “Ley mordaza” aprobada por la Asamblea sandinista en octubre del 2020 para castigar a quienes adversen o critiquen al régimen de Ortega a través de plataformas digitales, el que refiere que se castigará con cárcel a quienes usen las Tecnologías de la Información y la Comunicación para publicar o difundir información falsa o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población.

En el mismo artículo se agrega que si la publicación difundida “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa”.

Erika Guevara-Rosa, directora de Amnistía Internacional (AI), para América Latina, señaló a través de su cuenta de twitter, que esta reforma busca silenciar a los medios de comunicación independientes, afirmó además que Bukele “sigue pasos de Ortega, Maduro y compañía”.

Bukele se defendió de las críticas a través de sus acostumbrados mensajes en Twitter, en el que refirió que “Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo”. El mandatario agrega en su tuit que “nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”.

Las acciones gubernamentales contra las pandillas iniciaron la madrugada del 28 de marzo, cuando la Asamblea Nacional a solicitud de Bukele decretara estado de excepción, una condición que suspende las garantías constitucionales de los ciudadanos, a la que se han ido sumando otras medidas calificadas de polémicas, tanto por la oposición salvadoreña como por organismos internacionales de derechos humanos.

Bukele también reaccionó a las criticas durante un acto de graduación de policías, refiriendo que no le importa lo que digan los organismos internacionales, "que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno" arengó.

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