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Tomas ilegales de alcaldías, el tiro de gracia a la autonomía municipal

Odette

Foto: Cortesía / Urnas Abiertas

Hasta el 02 de julio la alcaldía de Santa María de Pantasma era administrada por funcionarios y funcionarias del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), ese día la policía se tomó las instalaciones. Dos días después, el régimen de Daniel Ortega continuó con el despojo de cuatro alcaldías más en los municipios de El Almendro en Río San Juan, Murra en Nueva Segovia, San Sebastián de Yalí y El Cuá, en Jinotega. Todas estas alcaldías fueron ganadas por CxL en las votaciones municipales de noviembre de 2017.

A través de su cuenta de Twitter, CxL denunció la ocupación ilegal de las alcaldías y demandó “el cese de la intimidación contra los ciudadanos y el respeto a la integridad de las legítimas autoridades y funcionarios municipales”, después de conocerse que con la toma de la alcaldía de Santa María de Pantasma, la policía cercó la vivienda del alcalde municipal Óscar Gadea.

Es importante mencionar que de las 153 municipalidades en Nicaragua sólo 18 de ellas no se encontraban administradas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El observatorio Urnas Abiertas calificó estas acciones como arbitrarias, ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. El organismo destaca que la Ley de Municipios (Ley 40 y sus reformas) y la Constitución Política establecen causales para la terminación de un puesto municipal, como: abandono de funciones o fallecimiento, “pero no establece explícitamente la sustitución de alcaldes por partidos políticos cancelados”.

A juicio de Urnas Abiertas con lo sucedido se elimina definitivamente la autonomía municipal, “al igual que en 2021 el régimen aniquila el proceso electoral desde antes que inicie. Este golpe consolida el totalitarismo de la dictadura que pretende el control absoluto del país”, señaló.

El comunicado explica que con las destituciones y tomas ilegales de las alcaldías de CxL se ha dejado por fuera la figura del Concejo Municipal, conformada por alcaldes, vicealcaldes y concejales. “Hasta el momento no se ha hecho público ningún documento o procedimiento oficial que incorpore a esta figura, por el contrario existen amenazas de destituciones a los más de 50 concejales liberales de estas alcaldías y de despido sin prestaciones contra trabajadores municipales”.

Uno de los aspectos señalados por Urnas Abiertas es que, aunque la justificación sea la ilegalización del partido existe una contradicción con la norma legal, “Ni la Ley de Municipios ni la Ley Electoral (Ley 331) prohíben el funcionamiento de las alcaldías de partidos disueltos posterior a la elección popular del Concejo Municipal. Tampoco incorpora en las facultades de los secretarios políticos o de la Policía Nacional el derecho de destituir ni de nombrar autoridades municipales electas por voto popular”.

Por su parte, la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), condenó a través de un comunicado la violación a la autonomía local. “La autonomía no es una concesión de ningún Gobierno de turno, es una conquista que emana del consentimiento popular de quienes han decidido dotarse de un autogobierno para el desarrollo de sus municipios mediante elecciones”, escribió.

El manifiesto rechaza la justificación utilizada por la dictadura orteguista, “la cancelación de la personalidad jurídica de un partido político impide que se presente a las próximas elecciones, pero no extingue el mandato obtenido por las autoridades electas mediante ese partido”.

Para la Red local, los municipios son las escuelas básicas de la democracia, “porque en ellos se construye la ciudadanía en la relación, cara a cara, con los gobernantes más cercanos a sus vidas cotidianas”.

Las destituciones y tomas ilegales de las alcaldías de CxL se dan 11 meses después de la cancelación de la personería jurídica del partido y en el marco de las votaciones municipales previstas para el próximo 6 de noviembre de 2022, pero que, no han sido convocadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), el cual es controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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