Desconfianza del régimen en sus propios operadores generó terremoto en el Poder Judicial

La sacudida en los cimientos del Poder Judicial en Nicaragua durante las últimas semanas es producto de la inseguridad que genera la desconfianza del régimen en sus propios operadores de justicia. Esa es la conclusión a la que llega el jurista Uriel Pineda, experto en derechos humanos.

De acuerdo a Pineda “el viraje represivo hacia las propias filas del Poder Judicial lo que busca es contener cualquier filtración de información o cualquier acción que pueda salir desde lo interno y que pueda atentar contra la estabilidad del régimen”.

En los últimos días el Poder Judicial en Nicaragua, controlado por el orteguismo, ha tenido movimientos convulsos que han generado una serie de especulaciones y nerviosismo entre funcionarios de ese poder del Estado.

Destituciones, renuncia y encarcelamiento

El descalabro en el Poder Judicial inició con la destitución de la directora de Relaciones Internacionales, Katia Jaentschke Acevedo y Ruth Tapia Roa, directora de protocolo. Ambas funcionarias fueron destituidas a inicios del mes de octubre.

Katia Jaentschke es hija del exvicecanciller y ahora ministro consejero en la embajada de Nicaragua en Costa Rica, Valdrack Jaentschke.

En tanto Tapia, hasta ahora era considerada una ficha importante dentro de las filas del régimen, pues además de ser ardiente defensora del orteguismo, ha ocupado cargos relevantes incluidas misiones diplomáticas. Tapia fue embajadora de Nicaragua en Francia y asumió como embajadora propietaria ante la Organización de Estados Americano (OEA) cargo que ocupó los últimos tres meses del año 2019. Anteriormente había ocupado el cargo de Embajadora Permanente de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Debido al hermetismo del régimen, se desconocen oficialmente los motivos de las destituciones, pero fuentes de la Corte Suprema de Justicia afirman que entre las razones están el destape de casos de corrupción y la filtración de información interna.

Los casos del vocero y la magistrada Pérez

Otros dos casos que causaron revuelo en el Poder Judicial son el apresamiento de Roberto Larios, ahora exvocero de ese poder del Estado y la renuncia de la magistrada Ileana Pérez.

Larios fue capturado por la policía en su casa en el municipio de El Viejo en Chinandega, la madrugada del 15 de octubre y posteriormente traslado a las celdas de El Chipote en Managua. Días después trascendió que el régimen lo acusó de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Larios ocupaba el cargo de director del área de comunicación de la CSJ desde 1996. 

Por otro lado, medios oficialistas informaron sobre la “renuncia” de la magistrada Ileana Pérez, quien a través de una carta dirigida a la Asamblea Nacional y fechada el 21 de octubre, adujo que dimitía por “motivos de salud”. Pérez ostentaba el cargo de presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde el año 2014.

Sin embargo, la magistrada ha estado en la palestra pública desde febrero de este año luego que trascendiera que estaba involucrada en casos de corrupción en el departamento de Rivas. Según informaron diversos medios, Pérez habría ordenado poner a nombre de su hermano Emilio Chan López, una propiedad confiscada a un narcotraficante. La magistrada habría sido trasladada a El Chipote para un interrogatorio en el mes de febrero, y luego nuevamente a mediados de octubre.

El claro mensaje del régimen

Para Pineda lo que está ocurriendo en el Poder Judicial no es solo un tema de corrupción, sino que el régimen está enviando un mensaje claro a funcionarios y colaboradores de las diferentes instituciones del Estado.

“No siento que sea solo un tema donde ya sean las magistradas o los diversos funcionarios hayan tenido el libretazo de participar en un acto de corrupción, sino también es un mensaje del régimen justamente a la estructura del Poder Judicial, pero al mismo tiempo a cualquier estructura de la administración pública en el país, que cualquier acto de traición será castigado severamente, esa es la intención” aseguró Pineda.

¿Escoba en manos de Juana Méndez?

También ha trascendido a través de diferentes medios y redes sociales, que la magistrada Juana Méndez, ha sido ungida por el orteguismo, de potestad para hacer una especie de “limpieza” en ese poder del Estado, y que hasta el viernes 21 de octubre, había despedido al menos a 16 empleados y funcionarios judiciales, sin embargo Onda Local no ha podido verificar de manera independiente la veracidad de esta información.

Méndez es recordada por haber condenado, en diciembre del 2003 a 20 años de cárcel al expresidente Arnoldo Alemán, quien posteriormente, Alemán fue encontrado culpable de los delitos de lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos, peculado, y asociación e instigación para delinquir. Sin embargo diciembre del 2009, fue sobreseído definitivamente como parte de acuerdos entre las cúpulas del FSLN y el Partido Liberal Independiente, del que Alemán fue caudillo durante varias décadas.

Signos de debilidad

Para el jurista Uriel Pineda, lo que está ocurriendo en el Poder Judicial refleja también signos de debilidad en el control del poder por parte del régimen Ortega-Murillo, porque lo que busca es contener cualquier acción adversa dentro de sus propios funcionarios y colaboradores. “Eso no puede entenderse como algo que vaya a fortalecer al régimen” acotó.

Pineda refirió además que en la medida que esas acciones del régimen frenen cualquier intento de rebelión a lo interno de sus estructuras, este cumple su objetivo principal que es la permanencia en el ejercicio del poder a cualquier costo.

De acuerdo al jurista, el viraje represivo que ahora se concentra en las purgas internas convierte a los mismos colaboradores del régimen en el blanco de la represión. “Ya la oposición de alguna manera está desarticulada estructuralmente y lo que hay que contener ahora es cualquier esfuerzo de implosión interna de manera tal que este accionar va en ese sentido” advirtió.

Independencia judicial fue demolida con el pacto Alemán-Ortega

De acuerdo a Pineda, decir que lo que ocurre en la CSJ atenta contra la independencia judicial sería una falacia porque, aunque en la práctica así sea, “la independencia judicial se perdió hace mucho, su demolición empezó con el pacto Alemán-Ortega en 1999 cuando se repartieron los cargos del Poder Judicial y los demás poderes del Estado”.

El experto afirmó también que lo que ha ocurrido a partir del año 2007 cuando el FSLN retomó el poder, “es la consolidación de un poder absoluto en manos de Daniel Ortega, donde el PLC dejó de ser contrapeso y se plegó totalmente a los intereses del régimen”.

Agregó además que una prueba de la consolidación de ese absolutismo es que tras el estallido social del 2018, el Poder Judicial fue incapaz de ser un dique de contención para el tema del acceso a la justica de las víctimas.

Pineda advirtió que el Poder Judicial es hoy un engranaje más de la política represiva contra opositores, para que se configure la existencia de los crímenes de lesa humanidad por el encarcelamiento grave en contravención a normas de derecho internacional.

El análisis de Pineda coincide con lo que el ahora exmagistrado Rafael Solis, expuso en una extensa carta cuando renunció a la CSJ y al FSLN el 8 de enero del 2019.  Solís reconoció que Ortega implantó a partir de las protestas de abril del 2018 un régimen de terror. También admitió la falta de independencia en este poder del Estado dado el control férreo de Ortega.

Solís, otrora uno de los principales aliados de Ortega en el Poder Judicial, fue promotor del fallo judicial que permitió al dictador la reelección, que estaba prohibida en la Constitución de la República.