2022 marcado por la represión contra familiares de personas presas políticas en Nicaragua

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en su último informe, manifestó que en lo que va del 2022 el gobierno de Daniel Ortega ha detenido arbitrariamente al menos a 65 personas por razones políticas. De estas detenciones, 46 han sido recapturadas, es decir, que el régimen había detenido antes y que posteriormente fueron puestas en libertad, pero que hoy en día han sido capturadas nuevamente.

Entre las personas detenidas se encuentran activistas territoriales, integrantes de organizaciones políticas, personas opositoras, familiares de víctimas de abril, personas jóvenes exatrincheradas, personas excarceladas políticas, líderes y lideresas estudiantiles, jóvenes indígenas, trabajadores y trabajadoras del Estado y sacerdotes.

De acuerdo con este informe entre el primero y el doce de noviembre se registraron alrededor de 44 detenciones arbitrarias, en el marco de las elecciones municipales, de las cuales 16 personas continúan en prisión y están siendo procesadas por supuestos delitos de “conspiración a la patria y menoscabo a la integridad nacional”. 

Estas detenciones según el citado Mecanismo, tuvieron lugar en los departamentos de Managua, Masaya, Río San Juan, Carazo, Nueva Segovia y en las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur.

Lo sucedido en noviembre de 2022 es un patrón represivo similar con las elecciones presidenciales del año pasado, en donde contabilizaron a 42 personas detenidas entre el primero y el siete de noviembre de 2021. De estas 42 personas, 21 continúan en prisión a la fecha y la mayoría condenada por los mismos supuestos delitos de conspiración y menoscabo, identificó el Mecanismo. 

Familiares bajo represión 

En Nicaragua el número de personas presas políticas aumenta a 235 (26 mujeres y 209 hombres), la cifra más alta después de 2018, debido a que en estos cuatro años el régimen se ha encargado de encarcelar a cualquier persona que se pronuncie en contra de su sistema de gobierno. 

Sin embargo, en esta cifra no se encuentran muchos reos y reas de conciencia, ya que muchas familias no han autorizado al Mecanismo incluirles, debido a que este año la dictadura implementó un nuevo mecanismo de represión, en donde detienen arbitrariamente a familiares cuando no encuentran en sus domicilios a la persona de su interés, lo que ha generado autocensura. 

“Durante los últimos 2 meses, se observa el uso incremental de agresiones a familiares de personas presas políticas y activistas. Estos actos han sido utilizados por el Estado como mecanismos ejemplificantes y aleccionadores, que buscan profundizar la autocensura y desmovilización ciudadana frente a la lucha por la libertad de personas presas política”, señaló la organización. 

 Como fue el caso del opositor exiliado Javier Alberto Álvarez Zamora quien denunció en septiembre de este año que la Policía Orteguista secuestró a su esposa, hija y yerno, al no encontrarlo a él.