Obispo Rolando Álvarez condenado a más de 26 años de prisión

El obispo Rolando Álvarez, uno de los 35 presos políticos de Daniel Ortega, fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por el juez orteguista Octavio Rothschuh, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones, circunscripción de Managua.

La sentencia es por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones con agravada desobediencia o desacato a la autoridad”. Además, le arrebataron la nacionalidad nicaragüense,  lo inhabilitan de forma perpetua para ejercer la función pública al servicio del Estado de Nicaragua y le decretan la pérdida de los derechos ciudadanos de carácter perpetuo. Todo esto contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El dictador Daniel Ortega informó ayer que Rolando Álvarez fue enviado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido con La Modelo, luego de negarse a ser desterrado.

“Lo que tenemos son comportamientos de soberbia de quién se considera el jefe de la iglesia de Nicaragua”, dijo el dictador Ortega.

En Nicaragua ni siquiera se puede hablar de un debido proceso ya que no se ha respetado ninguna garantía procesal. El propio Ortega calificó  a Álvarez como “obispo terrorista”. El juicio que se había fijado para el 15 de febrero de 2023 fue adelantado de forma automática.

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), al enterarse de la sentencia arbitraria en contra de monseñor Rolando Álvarez Lagos, manifestó a través de un comunicado que, la sentencia en contra de monseñor Álvarez de veintiséis años de cárcel y el despojo de su ciudadanía, es absolutamente contraria a sus derechos humanos protegidos por los tratados y el Derecho Internacional.

CALIDH sostiene que nada de lo expuesto en esa sentencia tiene validez frente a los tratados de derechos humanos. A este organismo, le preocupa la situación ilegal de apátrida en la que queda Rolando Álvarez, lo cual lo hace más vulnerable a cualquier acto de tortura, trato cruel, inhumano o degradante que los agentes del Estado quisieran infligir en su contra.

CALIDH le recordó al “Estado de Nicaragua que los derechos civiles, que incluyen la protección de la integridad, la protección contra la tortura y abusos físicos o psíquicos, incluyendo la vida, son aplicables a cualquier persona que esté bajo la jurisdicción territorial, sea considerada esta ciudadana o extranjera, porque basta con ser humano para que el Estado garantice todos estos derechos”.

“La condena contra el obispo de Matagalpa continúa redundando en la persecución sistemática que vive la Iglesia Católica en Nicaragua al ser un grupo o colectividad religiosa. En él y en todas las demás arbitrariedades vigentes contra miembros de la Iglesia se manifiesta la comisión de este crimen de lesa humanidad, inaceptable en el Derecho internacional”, añade.

CALIDH exigió al Estado de Nicaragua la liberación de Álvarez, quien ha sido condenado como una forma de castigo por no haber aceptado el destierro impuesto a las 222 personas que fueron llevadas ayer a Washington D.C. “Exigimos la revocación de la sentencia y el abandono de posturas distorsionadas respecto de conceptos como actos de soberanía. La soberanía, la autodeterminación y el poder político tienen que ejercerse en el marco amplio de un Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la existencia de la democracia. Nicaragua debe recordar que no puede aislarse ni ignorar de las normas acordadas y que rigen a la comunidad internacional, entre ellas el irrestricto respeto de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción y en especial de los que están bajo su resguardo en centros de detención”, finaliza el comunicado de CALIDH.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se unió al repudio por la condena a 26 años y cuatro meses contra monseñor Rolando Álvarez Lagos. Para el Colectivo, la condena es arbitraria e inconstitucional a través de un proceso judicial oculto, desconocido y nulo.

El organismo de derechos humanos manifiesta que Álvarez fue encarcelado violentamente y condenado a través de un juicio carente de legalidad que violentó desde el principio el debido proceso referido en el código procesal penal y la Constitución Política de Nicaragua, así como las garantías internacionales en materia de derecho humanos. “La atrocidad jurídica pretenden disfrazarla de legalidad a través del Tribunal de Apelaciones de Managua que sirvió una vez más de instrumento del régimen Ortega Murillo”.