Presidente de la Corte IDH pidió a la OEA invocar el artículo 65 ante desacato permanente del Estado de Nicaragua

Durante la sesión del 29 de marzo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juez Ricardo Pérez Manrique, informó al Consejo Permanente de la OEA sobre el “desacato permanente” que mantiene el Estado de Nicaragua ante las resoluciones de medidas previsionales que el organismo otorgó a 88 personas para proteger sus vidas e integridad física.

Asimismo, el juez de la Corte IDH, pidió invocar el artículo 65 de la Convención Americana sobre los derechos humanos. Dicho artículo sugiere que la Corte, de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señala los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.

“Venimos en ejercicio de lo que hemos denominado en nuestra jurisprudencia, la garantía colectiva a plantear que cuando el tribunal encuentra al Estado en situación de desacato permanente, como es el precepto, el tribunal culmina su intervención y el camino que determina la Convención Americana ponerlo en conocimiento de los organismos de la OEA, para que se procese en estos organismos la respuesta adecuada que ustedes determinaran respecto a la gravedad de la situación que hay en este caso”, sostuvo Pérez Manrique.

A pesar de que Nicaragua notificó oficialmente a la secretaría general de la OEA, su decisión de denunciar la Carta del organismo internacional el pasado 18 de noviembre de 2021, con lo que dio el inicio definitivo de su retiro de la organización, aún no ha denunciado la Convención Americana, por lo que la Corte aún sigue teniendo competencia, dijo el presidente de la Corte ODH.

“Nosotros queremos señalar que, si bien la mayoría de los beneficiarios de las medidas provisionales fueron deportados de Nicaragua y se les despojó de la nacionalidad y quienes permanecen en Nicaragua permanecen en un estado de desprotección absoluta, hay seis personas que no han sido liberadas y permanecen entendemos privadas de libertad, ellos son: Fanor Alejandro Ramos, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, José Manuel Urbina Lara, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Eder Uriel Blandón Zenteno”, agregó.

Tamara Dávila relata el horror vivido en el centro de tortura “El Chipote”

Durante la sesión, el Estado de Chile decidió dar su tiempo a la excarcelada política Tamara Dávila, una de las 222 personas nicaragüenses expatriadas por la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien brindó su testimonio sobre los 606 días de aislamiento total en una celda empernada, sin acceso a visitas, sin poder ver a su hija.

“Mi detención fue violenta para mí y para mi hija, pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron mi casa, desconectaron la cámara de seguridad, oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron arrastra a una patrulla, no sabía a donde me llevaba, temí por mi vida, tantos muertos, tantos desaparecidos a cuyas familias yo había acompañado antes, desde mi mente le mandé todo mi amor a mi hija pues no sabía se volvería a verla” relató la activista.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, recordó que por más de 80 días no supo nada de su familia, ni ellos de su persona, lo que calificó como la peor de las torturas que sufrió por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega.

“Imagínense ustedes a una niña de cinco años que presencia el asalto violento de su madre, personas armadas que registran todo, que se llevan sus cuentos, sus diarios de nacimientos, su música y que además se llevan a su mamá frente a sus ojos. Ella le preguntaba constante mente a su abuela, ¿Abu mi mamá está muerta? ¿Por eso no puedo verla? Y ese horror lo vivieron cientos de niños y niñas en Nicaragua”, señaló Dávila.

También, la activista opositora ante el consejo permanente de la OEA, recordó la muerte de los presos políticos Eddy Montes y Hugo Torres; el primero asesinado de un balazo durante una protesta de reos de conciencia en la cárcel “La Modelo” y el segundo muerto en confinamiento dentro de las celdas de “El Chipote”, cárcel que ha sido denunciada por diferentes organismos de derechos humanos como un centro de tortura.

“Tengo 48 días en libertad, pero aún no me reencuentro con mi niña, que todas las noches reza junto a su abuela pidiendo que le entreguen el papelito para poder viajar y encontrarse conmigo y para nunca más volverse a separar de mí. La dictadura mantiene rehenes a nuestras familias en Nicaragua. Hijos e hijas los intimida, los vigila, impidiendo ahora hasta la salida de muchos de ellos para nuestras reunificaciones”, argumentó.

Costa Rica y Antigua y Barbuda muestra preocupación por escalada autoritaria

Tras el conmovedor relato de Tamara Dávila, el representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, criticó el actuar del Estado nicaragüense ante la situación de los Derechos Humanos, señalando que, desde las votaciones del 2021, cuando el FSLN se adjudicó la victoria presidencial, el tirano se ha vuelto “cada vez más autoritario, intolerante y brutal”, especialmente durante la detención de sus opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, al igual que con miembros de la Iglesia Católica.

“Quizás estas acciones crueles y deliberadas no vayan a terminar hasta que el señor Ortega y sus colaboradores deban responder por sus acciones ante una Corte Internacional… este Consejo Permanente debe seguir apoyando y mostrando su solidaridad con el pueblo nicaragüense y el Gobierno de Ortega debe entender que ningún país va a permanecer en silencio ante la violación que comenten contra los derechos de sus pueblos”, añadió el diplomático del país caribeño.

Costa Rica también expresó su preocupación por el despojo de la nacionalidad a más de 300 personas, insistiendo que Nicaragua debe de honrar las obligaciones jurídicas internacionales.

“Concluyo con un vehemente llamado al Estado de Nicaragua para que cumpla íntegramente con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y libere de inmediato a las personas que continúan privadas de libertad, garantizándole su vida y su integridad personal”, señaló la representante costarricense.

Por otro lado, la delegación del Vaticano, señaló la suspensión de las relaciones diplomáticas por parte del régimen de Ortega, también, demostraron preocupación por el encarcelamiento de Monseñor Álvarez y mostraron su disposición a un dialogo para dar una solución a la situación que atraviesa el país.