“Caso Beatriz” sigue vivo y en espera de justicia

Murió en 2017, a consecuencia de un accidente de tránsito, las secuelas de una enfermedad autoinmune y la decisión de un Estado que la obligó a sobrellevar un embarazo de alto riesgo.  Pero su caso sigue vivo. ¿Quién fue Beatriz? ¿Por qué es fundamental en el debate de la práctica del aborto en El Salvador y Centroamérica? Las distintas interrogantes han generado expectativas en diversos sectores en la región.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó, en 2013, la decisión de Beatriz de interrumpir el proceso de gestación cuando tenía 22 años y estaba embarazada de 19 semanas.

El “caso Beatriz” llegó a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 23 de marzo, en San José de Costa Rica. La jornada fue precedida por dos días de plantones y tres noches de vigilia de decenas de mujeres, que formaban parte de grupos feministas, apostadas frente a la sede de la Corte. Esperaban que la CIDH diera a conocer los argumentos por los que el Estado salvadoreño debería despenalizar el aborto cuando la vida de las mujeres estuviera en peligro ante embarazos de alto riesgo. Iba a ser el final de una larga búsqueda de justicia (más de 10 años) desde que la joven originaria del Cantón La Noria Tierra Blanca, del municipio salvadoreño de Jaquilisco, diagnosticada de lupus desde los 18 años, interrumpiera su embarazo.

Según atestiguó la CIDH, Beatriz tuvo un primer embarazo en julio de 2011 por lo que tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones a causa de la anemia, originada por el lupus. En marzo de 2012, (previo a su parto), la joven tuvo complicaciones debido a una preeclampsia, por lo que se le practicó una cesárea. Su hijo sobrevivió luego de 38 días de tratamiento hospitalario. Un médico del Hospital Nacional de Maternidad le informó que no podría embarazarse nuevamente, y la citó para el 27 de mayo de 2012 a efectos de realizar una esterilización quirúrgica. Beatriz no acudió a la cita. Prefirió dejar abierta la posibilidad de tener hijos más adelante, resumió la CIDH en la descripción del caso.

En febrero de 2013, Beatriz pasa por un segundo embarazo. A las once semanas, le informan que es de alto riesgo. El 7 de marzo de ese año, detectaron una malformación en el feto:  anencefalia. La carencia de partes importantes de cerebro es una condición incompatible con la vida fuera del útero.

El comité médico del Hospital Nacional de Maternidad recomendó la interrupción del embarazo pues ponía seriamente en riesgo la vida de la mujer. Por ello, la joven solicitó al Estado salvadoreño el permiso para hacerlo, procedimiento que fue negado el 28 de mayo de 2013, con el argumento de que la ley era suficientemente clara, lo que obligó a Beatriz a continuar con un embarazo en el que se sabía que el feto no iba a sobrevivir.

De acuerdo con el doctor Guillermo Ortiz, el médico que atendió los dos embarazos de Beatriz, y quien contó su testimonio ante la CIDH, en el diagnóstico que él y el resto del comité realizaron, se explicó el alto grado de vulnerabilidad para la estabilidad mental de Beatriz, “quien estaba desesperada por buscar una opción para preservar su vida”.

Cuatro meses después del diagnóstico, el 3 de junio de 2013, el equipo médico le practicó una cesárea. Beatriz concibió una niña que apenas duró cinco horas con vida. Por su parte, la madre permaneció en estado de shock. Ortiz recuerda que Beatriz no mostraba ningún tipo de emoción.

ONG esperan que la Corte Interamericana falle a favor de Beatriz

En El Salvador, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es a causa de una violación o la vida de la mujer está en riesgo. Las circunstancias alentaron a Beatriz a buscar apoyo en organizaciones feministas salvadoreñas, que le acompañaran a la Sala de lo Constitucional en búsqueda justicia, la cual le fue denegada.

En distintas ocasiones, defensoras de derechos humanos afirmaron que negarle el aborto a Beatriz y forzarla a parir había provocado daños severos en su salud. Y aunque Beatriz murió, tras un accidente de tránsito, en 2017, que no fue grave pero que impactó en su ya debilitado sistema inmune, su familia continuó con el proceso hasta llegar ante la CIDH, solicitando se declarase la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y el derecho a la salud. De haber recibido la adecuada atención médica, Beatriz habría vivido con mejor calidad de vida.

María Antonieta Alcalde, directora de Ipas Latinoamérica y el Caribe, una organización sin fines de lucro que trabaja para el apoyo a las mujeres en el aborto seguro, dijo a Onda Local que “es sumamente emblemático” el hecho de que el organismo internacional aceptara llevar el caso a juicio.

“Nosotras esperamos que la corte falle a favor. Entonces, el Estado Salvadoreño tendrá que revisar su legislación para asegurar que esta incluya el derecho a interrumpir un embarazo cuando pone en riesgo la salud o la vida de la mujer embarazada", destacó Alcalde además de recordar la obligación que tendrá el Estado de reparar a la familia de Beatriz y generar políticas públicas sobre ese tema.

La representante de Ipas opinas que este fallo tendría un gran alcance para el resto de países que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente en Centroamérica y El Caribe donde se encuentra la mayor cantidad de países en América Latina que prohíben el aborto de cualquier manera (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití o República Dominicana). Y destacó la solidaridad generada por el caso hacia la familia de Beatriz. "Han sido sumamente valientes (pues) este es un caso que ellos lo ven como el legado de su hija, porque han sido acosados, han sido perseguidos por levantar la voz y aun así aquí están”, dijo.

Fallo será de obligatorio cumplimiento

Desde que asumió el poder Nayib Bukele, sus enfrentamientos con grupos de defensa de los derechos humanos han sido una constante. Sara García, feminista e integrante de la agrupación Ciudadanas por la Despenalización del Aborto en El Salvador, reconoció que la situación es hostil para las personas defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, lo cual es palpable en las calles con el “régimen de excepción” que inició en marzo de 2022, generando detenciones arbitrarias y violación al debido proceso.

“Este momento es una oportunidad que tiene el Estado Salvadoreño de reparar lo que está sucediendo y reparar lo que significa la penalización absoluta del aborto”, enfatizó García.

Por su parte, Humberto, hermano de Beatriz, manifestó a Onda Local, lo duro que ha sido el proceso junto a su familia, ya que nunca habían enfrentado la pérdida de un ser querido tan joven, por lo que creen que es “una lucha que merece continuar”.

“Pedimos un fallo favorable… Esperamos de la Corte que podamos obtener esa justicia que ella quería. Al Estado, le hacemos ese llamado a que reconozca que de verdad le falló a Beatriz y que despenalice la Ley para que otras mujeres en estas situaciones, en El Salvador, no vuelvan a pasar por lo que pasó mi hermana”, manifestó Humberto.

Madre de Beatriz: “El estado le falló dos veces”

El 22 de marzo, día de la audiencia, Delmy, madre de Beatriz, fue la primera persona que pasó a declarar ante el estrado y narró con detalles las vicisitudes del primer embarazo de su hija y cómo fue sometida a cuidados intensivos porque su estado se complicó debido a la anestesia que le habían aplicado.

La madre relató que Beatriz se sentía desesperada por la respuesta de la Sala de lo Constitucional, que denegó el procedimiento de aborto para el embrión que se había formado sin algunos órganos vitales. Delmy relató que, en todo este proceso, su hija ya no volvió a ser la misma de antes. “Sus riñones estaban dañados por todo el proceso que había pasado… al niño de Beatriz le costó hablar, le hizo falta su mamá en todo ese tiempo. Él llevó terapia para poder volver a hablar”, añadió.

Delmy apuntó que el Estado le falló dos veces a su hija, porque el accidente de tránsito en motocicleta, que en 2017 supuestamente “puso final” a la vida de Beatriz, “no era de gravedad”. Explicó que hubo negligencia y que su hija finalmente murió por complicaciones ocasionadas por los estragos en el proceso de embarazo al que fue obligada y por falta de medicamentos que el gobierno no proporcionó durante su hospitalización.

Reportes periodísticos citaron la versión de Sara García de la agrupación Ciudadanas por la Despenalización del Aborto, quien describió que el día miércoles 4 de octubre, mientras Beatriz se trasladaba en motocicleta junto a un familiar, “tuvo un pequeño accidente”. Según la descripción, Beatriz venía saliendo de la comunidad en la que vivía en el municipio de Jiquilisco y de inmediato fue llevada al Hospital Nacional de la localidad, donde la internaron por un “trauma encéfalo-craneal leve”. Posteriormente fue trasladada al Hospital Nacional de Usulután, por las inundaciones provocadas por la tormenta tropical “Nate”; y recibió el alta médica el viernes 6 de octubre.

De acuerdo a Ciudadanas por la Despenalización del Aborto, en los exámenes médicos, realizados en ambos hospitales, Beatriz no tenía fracturas y recibió el alta médica. Dos días después del accidente, tuvo dificultades respiratorias. Su familia la llevó al Hospital de Usulután de donde fue referida al Hospital Nacional de San Miguel. En ese lugar, tuvo dos paros cardíacos producto de una neumonía nosocomial que adquirió ya que, al padecer lupus eritematoso sistémico, sus defensas eran bajas. El Instituto de Medicina Legal determinó que la causa del deceso de Beatriz fue neumonía nosocomial y lupus eritematoso sistémico, refirió la agrupación feminista.

Lea también: ¡Justicia para Beatriz!

Estado salvadoreño negó que Beatriz estuviera en riesgo

Por su parte, la representante del Estado salvadoreño, Juana Acosta, durante su intervención en la audiencia, negó que, durante su segundo embarazo, la vida de Beatriz estuviera en peligro inminente, alegando que sus enfermedades estaban controladas y la cesárea se le practico precisamente para prevenir mayores complicaciones.

“Existió un ambiente de confusión respecto del alcance de lo que estaba o no permitido en El Salvador. Sin embargo, esta confusión no se dio porque el delito de aborto no sea claro en el código penal, ni por la ausencia de causales al delito de aborto a como lo argumentan en las comisiones los representantes. La causa estuvo asociada a que los médicos estaban enfrentando una situación excepcionalísima que, a como expresaron varios miembros del equipo médico, nunca tuvieron que enfrentarse antes”, dijo Acosta.

Por su parte, Julissa Matías Falcón, comisionada Relatora para El Salvador para los derechos de las mujeres, en representación de la Comisión Interamericana, manifestó en sus observaciones finales que, en las circunstancias del caso, los derechos a la vida, integridad personal, salud y vida privada, que podrían verse beneficiados mediante la interrupción del embarazo, fueron limitados en vista de la tipificación del delito de aborto.

La funcionaria remarcó la importancia que tiene la jurisprudencia de la CIDH para los Estados, “de la cual se colige que la protección de la vida prenatal, si bien tiene protección durante diversas etapas, es incremental y gradual, no es absoluta ni prevalece por sí misma sobre los derechos de la mujer”.

La representación de la Comisión interamericana, también integrada por la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum, explicó que la prohibición de aborto consentido no implica que estos no se practiquen en circunstancias peligrosas. La Comisión afirmó que la Estrategia Mundial de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la condición jurídica del aborto no afecta la necesidad de una mujer de abortar, pero sí a su acceso a un aborto seguro.

El mismo documento indica que, pese a la prohibición normativa en algunos Estados, entre el 4.7% y el 13.2% de todas las muertes maternas se atribuyen a abortos peligrosos fuera del sistema sanitario, lo que equivale a entre 13 865 y 38 940 muertes causadas anualmente en el mundo por la imposibilidad de practicar un aborto seguro. En Latinoamérica y el Caribe se practican el 19.5% de todos los abortos inseguros en el mundo.

Al finalizar la audiencia, el juez, Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CIDH, dijo que, en plazo de unos cuatro meses, se conocerá un fallo por parte de la instancia internacional.

“En el momento que la Corte tome su decisión, eso ya es definitivo, vinculante, no procede ningún tipo de recurso", dijo Katalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.