Experta de la ONU advierte sobre colapso de sistema judicial en Nicaragua

La Relatora Especial de la ONU, sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, se refirió este 7 de octubre en Ginebra, a la eliminación de al menos dos mil abogados del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, presuntamente por no estar alineados con el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Estas exclusiones atentan directamente al corazón del derecho a un juicio justo”, afirmó Satterthwiate, quien además exhortó a la comunidad internacional “a tomar acciones para proteger los espacios independientes de organización, expresión y participación social que las autoridades nicaragüenses han tratado de reprimir desde 2018”.

Resaltó que profesionales del derecho en cuestión, fueron eliminados del registro profesional sin notificación, sin enfrentar procesos disciplinarios o administrativos individualizados que justificaran la medida, y sin una oportunidad efectiva de impugnar dicha medida ante una autoridad independiente.

Asimismo, advirtió que las consecuencias de no figurar en el registro incluyen la imposibilidad de presentar escritos, representar a clientes y realizar actos notariales.

“La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso especial en Nicaragua. Las y los abogados que han representado a personas privadas de libertad por motivos políticos, que han defendido los derechos humanos o que han denunciado abusos del Estado se enfrentan a restricciones en el ejercicio de su profesión”, señaló la experta.

También hizo hincapié en la vigilancia constante, acoso, amenazas, exilio forzado, de lo que han sido víctimas las personas profesionales del derecho que no comulgan con el proyecto dictatorial de Ortega y Murillo, “y ahora a la cancelación de sus registros profesionales y otras medidas de represalia”.

Por otro lado expresó su preocupación por el mensaje intimidatorio que transmite la Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración y Carreras Judiciales, en la que se instruye a jueces y a los órganos judiciales a verificar, como requisito obligatorio antes de prestar cualquier servicio a los profesionales del derecho, si éstos están inscritos en el sistema de registro del Poder Judicial.

En los casos en que un abogado no figurara en dicho registro, las autoridades estarían obligadas a remitirlo a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia para regularizar su situación.

La relatora especial se refirió además a las reformas que despojan de la nacionalidad a los nicaragüenses bajo la acusación de “traición a la patria” lo que también afecta el ejercicio del derecho como profesión.

En ese sentido refirió que, “no podemos olvidar que en 2023 entraron en vigor reformas constitucionales relacionadas con la revocación de la nacionalidad nicaragüense y el uso del sistema disciplinario y de las facultades reguladoras de la Corte Suprema de Justicia para restringir arbitrariamente el ejercicio de la abogacía y los servicios notariales”.

Recordó que 26 abogados y abogadas han sido despojado de la nacionalidad nicaragüenses por ser considerados críticos con el gobierno. “Nicaragua debe poner fin de inmediato a estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”, reiteró Satterthwaite.