CIDH otorga medidas cautelares a periodista secuestrada por la dictadura en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante Resolución 92/2026, otorgó medidas cautelares a favor de una periodista secuestrada a inicios del mes de julio por agentes estatales a la cual solo identifica con las iniciales C.C.A.S.

La CIDH abogó por que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “adopte las medidas correspondientes para que la periodista C.C.A.S. pueda desarrollar sus actividades, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamiento”.

Las medidas cautelares fueron otorgadas en la misma resolución a cuatro personas más que se encuentran privadas de libertad también desde julio pasado: Óscar Enrique Pérez Miranda, Aurora Marina Chavarría Cordero, Francisco Javier Sevilla Carcache y otra persona identificada con las iniciales T.J.J.

La Comisión considera que las cinco personas a quienes otorga el beneficio de las medidas cautelares, “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.

De acuerdo a la resolución de la CIDH, las cinco personas se encuentran privadas de libertad tras ser detenidas por agentes estatales entre el 4 y 14 de julio de 2026 y permanecerían en estado de incomunicación total.

La CIDH advierte que familiares de las víctimas, así como personas allegadas no han tenido acceso a información oficial sobre donde están recluidas, sus condiciones de reclusión y estado de salud, pese a las gestiones realizadas para verificar su situación. “El Estado no proporcionó información a la CIDH” acota el Comisión.

De igual forma el documento refiere que, tras el análisis de las alegaciones, consideró que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo y son susceptibles de estar expuestas a una mayor afectación de sus derechos.

“En particular, se encuentran bajo custodia del Estado en incomunicación, sin que exista información oficial acerca de su estado, situación de detención y estado de salud; se desconoce también si cuentan con atención médica y medicamentos para sus respectivos padecimientos” afirma la CIDH.

Dicha comisión volvió a exhortar al Estado de Nicaragua a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas a las que esta organización defensora de derechos humanos ha otorgado las medidas cautelares.

Asimismo, llama al régimen Ortega Murillo a que precise las circunstancias y condiciones de detención de las personas detenidas, y en particular, “revelar sobre el lugar de su detención, garantizando visitas, contacto regular y acceso con sus familiares y representantes legales de confianza”.

También exige a la dictadura que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, con enfoque de género, según corresponda y realice de manera inmediata una valoración médica integral sobre el estado de salud de las personas beneficiarias, y  que paralelamente se garantice atención adecuada básica y especializada y se permita el acceso oportuno a la información pertinente y a los medicamentos necesarios.

Finalmente, el organismo explica que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

De acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Politicas, en su último informe actualizado el 23 de octubre pasado, el régimen Ortega Murillo mantiene tras las rejas, por motivos políticos, a 77 personas, 33 de las cuales permanecen en condición de desaparición forzada.

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