Expatriados reaccionan al robo de sus propiedades por parte de Ortega y Murillo

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La resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua ordena inmovilizar y decomisar todas las acciones y sociedades mercantiles de los afectados. • Foto: El 19 Digital

La saña del régimen Ortega Murillo contra las voces críticas, continúa. “Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos a su favor en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país”, dice la sentencia emitida el pasado 19 de mayo, y hecha pública este 9 de junio, en contra de los 222 expresos políticos que fueron desterrados por la dictadura Ortega Murillo el 9 de febrero pasado.

El oficio también ordena inmovilizar y decomisar todas las acciones y sociedades mercantiles de los afectados. El documento emitido por el Tribunal de Apelaciones de Managua, y firmado por Ronald René Rocha, secretario de la Sala Penal Uno de dicho tribunal, ordena a la Procuraduría General de la República proceder al cumplimiento de la resolución.

La oficialización del robo de los bienes de los 222 expatriados, se suma a la que el mismo tribunal emitiera el 15 de febrero pasado en contra de 94 nicaragüense que además de ser despojados de su nacionalidad por “traidores a la patria” según la retórica oficialista, fueron víctimas del despojo de sus propiedades por parte de la dictadura.

La expropiación de bienes a opositores por parte del sandinismo fue una práctica recurrente en la década de los 80 cuando Ortega también gobernó al país con mano de hierro en medio.

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Afectados reaccionan

El abogado y exreo político Roger Reyes, uno de los 222 afectados, publicó en su cuenta de Twitter: “Quitarán lo material pero no mi tranquilidad por ser inocente. Cada piedra fue con esfuerzo y sueños, pero al final solo es material algo que se recuperará, si logre hacerlo una vez poder volver hacerlo una y otra vez. Dios está con nosotros. Fuerza 222”.

“Nos han robado años de trabajo y sacrificio. Solo Dios sabe cómo, personas como yo obtuvimos lo que poco que teníamos, ahora vienen estos piñateros/abusivos se llevan nuestro patrimonio” lamentó el periodista deportivo Miguel Mendoza.

Juan Lorenzo Hollman, exgerente del también clausurado y confiscado diario La Prensa, calificó de perversos a Ortega y Murillo, y agregó que “no es la primera vez que nos roban y tampoco será la primera vez que nos levantamos”. En el mismo twitt Hollman afirmó “¡Que se rinda la madre de La Chamuca, porque lo que es mi madre y sus descendientes ¡No nos rendimos!”

El politólogo Félix Madariaga advirtió que el robo a los 222 ex reos políticos desterrados, consumado por la dictadura, “daña irreparablemente todo el estamento jurídico nicaragüense en materia de propiedad privada”.

Maradiaga señaló que “con la familia Ortega Murillo en el poder, nadie en Nicaragua está a salvo. No hay ningún nicaragüense que pueda sentir que su vida, libertad, propiedad personal, integridad física o incluso su derecho a su propia religión estén protegidos. Esa dictadura es una bestia sin límites que lo devora todo”.

“El odio del régimen sandinista no tiene límites” aseveró Maradiaga en otro de sus trinos.

Por su parte el líder del Movimiento Campesino Medardo Mairena, también en la lista de afectados, expresó que condena enfáticamente esta aberración ilegal del régimen.  Señaló además que “el sandinismo de ayer sigue siendo el mismo del presente… corruptos, ladrones, torturadores y asesinos. La defensa de nuestras tierras fue la causa original de nuestro Movimiento”.

El periodista y empresario radial leonés, Aníbal Toruño, quien fue enlistado en los primeros 94 nicaragüenses despojados de sus bienes y propiedades, tuiteó: “Ortega sigue a su paso destrozando a Nicaragua, amplia la sentencia a los 222 confiscando sus bienes y nos empareja con el despojo a los que formamos el grupo de los 94. La memoria está fresca aún, alguien tiene duda para dónde va?” 

La escritora Gioconda Belli, refirió también en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que “Los OrMu están enceguecidos. No hubo golpe, pero ellos sí que están golpeados y dando palos sin recato para castigarnos. No hallan la forma de que perdamos la dignidad, pero los que la han perdido son ellos, arrastrando su venganza y exhibiendo su real impotencia”.

El periodista Álvaro Navarro quien recientemente obtuvo la nacionalidad española, y que también fue parte de los primeros 94 despojados, publicó: “Sigue la robadera. Antes fuimos los 94, hoy los 222. Mañana cualquiera. Son pirañas. Operan como un cáncer y van a ir por su propio cuerpo, es decir, los que ahora los defienden también caerán en sus garras. No tienen límites ni escrúpulos. Son ladrones. Pero están moribundos”.

En tanto, el también ex preso político Yubrank Suazo, manifestó que “podremos ser despojado de todo, menos de la dignidad. Dignidad de la cual carecen y no soportarán ni levantar la mirada. Aquí hay mucha dignidad y mis cimientos aguantan”.

Urnas Abiertas: “Nadie tiene seguridad jurídica”

El observatorio ciudadano Urnas Abiertas, a través de un comunicado, señaló que la confiscación de bienes ordenada por el régimen de Daniel Ortega es un nuevo zarpazo a lo protegido por la Constitución Política de Nicaragua.

Urnas Abiertas advirtió que la medida pone en riesgo la seguridad jurídica de terceros que también puedan tener acciones en entidades mercantiles de las 222 personas, en su carácter personal o como persona jurídica.

 “Decomisar, confiscar, apropiarse; es un zarpazo más al Estado de Derecho porque rompe los denominados secretos confidenciales de empresas, vulnera actos entre comerciantes, credibilidad en el sistema mercantil y registral, así como todo lo establecido en el Código Mercantil de la República de Nicaragua, afectando a las 222 víctimas y a terceros asociados con ellas, en específico; y la empresa privada en Nicaragua; en general”, dice en parte el texto de Urnas Abiertas.

La organización independiente expresó su preocupación ante las graves violaciones de Derechos Humanos que persisten en el país e hizo un llamado a la comunidad internacional a tomar las medidas y acciones necesarias para retornar la democracia a Nicaragua.

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