Indígenas aseguran que Proyecto Bio-Clima no les beneficia

El 13 de julio de 2023, tras una reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (GCF), se anunció el congelamiento de los desembolsos del proyecto Bio-Clima (Acción Climática Integrada para Reducir la Deforestación y Fortalecer la Resiliencia en las biósferas de Bosawás y Río San Juan”), aprobado al régimen Ortega-Murillo el 13 de noviembre del 2020.

Líderes de los pueblos indígenas Mayangna y Rama, ven como positiva la medida, pues consideran que ese proyecto no beneficia a las comunidades. En 2021 grupos ambientalistas e indígenas recurrieron ante el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM), una instancia adscrita al GCF, cuya misión es atender las quejas de quienes se podría ver afectados por los proyectos financiados por este fondo.

El IRM realizó una investigación sobre las quejas presentadas y generó un informe donde concluyeron que el Proyecto Bio-Clima no cumplió con las políticas del FVC, ni siguió el debido proceso de consulta con las comunidades indígenas. El informe de IRM fue presentado a la Junta Directiva del GCF en octubre de 2022, y fue discutido durante dos reuniones.

“Al adoptar estas decisiones, la Junta se ha asegurado de que el GCF no haga desembolsos con respecto a este proyecto hasta que se haya abordado satisfactoriamente todo el incumplimiento de las políticas pertinentes”, menciona el comunicado de la organización.

Lea la investigación: Proyecto Bio-Clima podría quedar en el limbo

El proyecto Bio-Clima, cuyo monto asciende a los 116.6 millones de dólares, plantea que reducirá 47.3 millones de toneladas de GEI (Gases de Efecto Invernadero), en un periodo de 20 años y tendría “51.100 beneficiarios directos, más 614.721 indirectos”. El proyecto fue aprobado por la junta directiva del GCF, en noviembre de 2020.

Falta de consulta e invasiones a comunidades indígenas y afrodescendientes  

La decisión de la Junta Directiva del GCF deja la posibilidad de que el régimen cumpla con las políticas del proyecto para recibir los fondos. Sin embargo, una defensara del pueblo Rama, asegura que la falta de consulta, libre e informada a las comunidades y la violencia que viven a manos de invasores de tierras, son las razones detrás de la decisión del GCF.

La defensora de derecho humanos considera que el régimen no podrá cumplir con este requisito. “No hay ningún interés por parte del Estado de Nicaragua para proteger las dos grandes reservas que tenemos, Bosawás e Indio Maíz. Además, no han estado cumpliendo con la consulta previa, libre e informada para gestionar fondos a nombre de estos pueblos”.

La fuente afirma que en las comunidades Rama, el régimen realizó únicamente reuniones y eso lo cataloga como proceso de consulta.

“No se puede reconocer que se hizo una consulta, porque en realidad lo que hicieron fueron algunas reuniones en algunas comunidades. La gente no tiene claridad de cuáles son los beneficios de este proyecto, hay una incertidumbre sobre eso. Lo que la gente expresa es que la lista de participantes en esas reuniones lo utilizan como una forma de aprobación”, explica.

La líder indígena asegura que tampoco está de acuerdo con el proyecto, ya que este contempla ayuda para los colonos que invaden sus territorios. “Las comunidades demandamos el saneamiento y no un proceso de cohabitación. Nuestro temor es que con este proyecto se haga todo lo contrario a las demandas de las comunidades, lo que queremos es el desalojo total de los colonos”,

Otro líder indígena coincide en que las comunidades demandan saneamiento y acceso a la justicia por los asesinatos de indígenas a manos de invasores. “Lo que interesa a las comunidades es la recuperación y la restauración de áreas invadidas. No interesa una compensación económica”, puntualizó.

Según la fuente, los territorios necesitan más autonomía y menos involucramiento del partido político gobernante. “Las comunidades no necesitan un gobierno así, la presencia del gobierno-partido hace daño a las comunidades, porque reprime las formas de gobierno tradicional”.