Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, miente y manipula

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Julio César Avilés y Daniel Ortega durante el 44 aniversario del Ejército de Nicaragua • Foto: El 19 Digital

El 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Periodismo. En los días previos, el periodismo independiente de Nicaragua siguió siendo objeto de represión. En esta ocasión los ataques vinieron del jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, quien rechazó lo que él considera “campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques, que vividores y mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución”.  Aviles miente y manipula. 

El jefe del ejército ha recurrido a la descalificación porque no tiene los argumentos para desmentir las investigaciones de Confidencial que señalan al Ejército de convertirse en un “gran terrateniente”. Según los hallazgos de la investigación, Daniel Ortega ha premiado la fidelidad del Ejército, donándole 184 lotes de terrenos que suman más de 4 100 hectáreas. Para llegar a esta conclusión, el medio revisó 11 048 acuerdos presidenciales publicados en 8 097 Gacetas -Diario Oficial de Nicaragua-, entre el 26 de abril de 1990 y el 28 de abril de 2023, en las que queda constancia de las donaciones al Ejército.

La otra falsedad del jefe del Ejército  

Para Avilés “estos vividores y mercenarios de la información, constantemente claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones contra la Patria y nuestra Institución, ¡Según ellos!, piden más agresiones contra la Institución para que reaccionemos, ¿Reaccionemos a qué?, ¿a dar un Golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018?”

En su alocución, el jefe del Ejército se respondió asimismo que jamás darán un golpe de Estado. “Nuestra respuesta es firme y clara: ¡Jamás lo haremos!, ¡Jamás lo haremos!, porque ¡somos patriotas!, y ¡Jamás lo haremos!, porque ¡No somos golpistas!”.

Esta afirmación de Avilés también es falsa. Los medios de comunicación han informado con relación a las sanciones a funcionarias y funcionarias de Ortega, incluyendo al propio jefe del Ejército por su presunta participación en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua.

En mayo de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó al jefe del Ejército nicaragüense, no por negarse a dar un Golpe de Estado sino por no ordenar la inhabilitación y desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o "parapoliciales" durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018.

“Los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultaron en más de 300 muertes, actos significativos de violencia y abusos contra los derechos humanos de las personas asociadas con las protestas”, señala el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Los senadores Marco Rubio y Tim Kaine presentaron el proyecto de Ley Bipartidista “Restaurando Soberanía y Derechos Humanos en Nicaragua que pide sancionar al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua, congelar las inversiones estadounidenses y revisar el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR).

El gobierno de Daniel Ortega no es legítimo

Tampoco es cierto que el “gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sea legitimante constituido”. Los hechos hablan por sí solos. El plan de Daniel Ortega para atornillarse en el poder pasó por distintas fases: desde el pacto con el expresidente Arnoldo Alemán, el control absoluto de los poderes del Estado hasta la reforma de facto a la Constitución Política que le permitió reelegirse en 2011. También, recurrió a la represión, cancelación de partidos políticos, detención arbitraria de siete aspirantes a la presidencia. Las “elecciones” fueron organizadas y dirigidas por el Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos magistradas y magistrados son leales a Daniel Ortega.  

Las “elecciones” de noviembre de 2021 "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática", concluyó una resolución aprobada durante la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobada con 25 votos a favor.

En mayo de 2018, uno de los puntos planteados en el diálogo nacional, fue realizar una reforma parcial de la Constitución Política, con la finalidad de adelantar las elecciones presidenciales, municipales y legislativas y de las regiones autónomas. Sin embargo, el diálogo nacional, iniciado el 16 de mayo de 2018, le sirvió a Ortega para ganar tiempo y reformular su estrategia. Ortega nunca cesó la represión, organizó a los grupos paramilitares e instauró un estado policial de facto que sembró el terror en Nicaragua. En paralelo, promovió la narrativa de que, lo ocurrido a partir del 18 de abril de 2018, fue un Intento de Golpe de Estado Fallido. Esta fue la excusa perfecta para justificar sus crímenes de lesa humanidad.

Los medios y periodistas independientes de Nicaragua no son “vividores y mercenarios”, han cumplido con su compromiso y responsabilidad de informar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua porque sin la fiscalización del periodismo estos crímenes permanecerían ocultos.

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