Corte IDH exige liberación urgente de Angélica Chavarría, pareja del fallecido General Humberto Ortega

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Nancy Hernández López, emitió una resolución de medidas urgentes en favor de tres personas nicaragüenses: Angélica Patricia Chavarría, pareja del fallecido General Humberto Ortega Saavedra —hermano del dictador nicaragüense Daniel Ortega—, Julio Antonio Quintana Carvajal y José Alejandro Hurtado Díaz. La resolución exige al Estado de Nicaragua su liberación inmediata y la adopción de medidas para proteger sus derechos a la vida, integridad personal, salud y libertad.

Esta decisión se fundamenta en una solicitud de ampliación de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de mayo de 2025. La CIDH alertó que la situación de las personas beneficiarias se enmarca en un patrón de represión estatal contra personas opositoras, que la Corte ha señalado desde 2021 y que, lejos de mejorar, "ha empeorado con el paso del tiempo". Este contexto genera un riesgo particular a quienes la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo percibidos como críticas o que han participado en actos de oposición.

La Corte IDH determinó que concurren las condiciones de extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables para estas tres personas beneficiarias. Se constató que fueron detenidas "por autoridades estatales" y actualmente se desconoce su paradero, lo que agrava su vulnerabilidad. Además, padecen enfermedades crónicas que requieren atención y medicación diaria, sin que exista información sobre la continuidad de sus tratamientos o acceso a servicios de salud.

Angélica Patricia Chavarría Altamirano, expareja del General Humberto Ortega —hermano del dictador nicaragüense Daniel Ortega—, fue detenida en mayo de 2024 tras un allanamiento a su residencia y, desde entonces, su paradero es desconocido, lo que organizaciones de derechos humanos han calificado como "desaparición forzada". El General Humberto Ortega falleció el 30 de septiembre de 2024, tras ser encarcelado por el régimen de su propio hermano. Contra Chavarría Altamirano no existen registros de procesos penales y padece de hipertensión y endometriosis, condiciones que intensifican la preocupación por su bienestar.

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más respalda resolución de la Corte IDH

El Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua Nunca Más” respaldó la resolución de medidas urgentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de Angélica Patricia Chavarría y de otras dos personas. Angélica Patricia es, hoy en día, víctima del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada. Por ello, la Corte ha reconocido acertadamente su especial vulnerabilidad y el riesgo inminente para su vida, integridad y salud, señaló Salvador Marenco, integrante de esta organización.

Marenco añadió que el Colectivo exige la presentación con vida de Angélica Patricia Chavarría, el respeto a su integridad física y psicológica, y, fundamentalmente, su libertad inmediata, ya que su detención es arbitraria e ilegal.

“Continuamos demandando la liberación de todas las personas presas políticas y el cumplimiento irrestricto de las resoluciones de la Corte IDH por parte del Estado de Nicaragua. Frente al declarado y persistente desacato del Estado, instamos a los países de América a activar la garantía colectiva para asegurar la liberación de los presos políticos y la vigencia plena de los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Marenco.

El defensor de derechos humanos sostuvo que la desaparición forzada es un crimen atroz contra la humanidad que exige investigación y una respuesta contundente de la comunidad internacional. “Exigimos la libertad de todas las personas presas políticas y la aparición con vida de quienes han sido desaparecidas”, sostuvo Marenco.

La resolución de la Corte IDH se produce en un clima de "desacato permanente" por parte de Nicaragua a las decisiones de este tribunal regional, una situación que la Corte IDH ha documentado y denunciado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 2021. La presidenta de la Corte subrayó que personas beneficiarias de medidas provisionales previas han sido judicializadas y encarceladas "en procesos llevados a cabo, prima facie, sin las debidas garantías judiciales", utilizando tipos penales como represalia. Esto forma parte de un proceso de criminalización de "cualquier expresión que pueda ser considerada de oposición", incluyendo manifestaciones religiosas y comentarios privados.

La falta de respuesta del Estado a las medidas cautelares ya otorgadas por la CIDH y la entrada en vigor de una reforma constitucional el 18 de febrero de 2025 —que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) calificó como un intento de "cimentar una autoridad ejecutiva sin control"— podrían "incrementar los riesgos" para los beneficiarios de ser sometidos a juicios sin garantías o sufrir ataques a su integridad.

A pesar de que Nicaragua notificó su decisión de denunciar la Carta de la OEA en 2021 y se retiró de la organización en 2023, la Corte y la OEA han recordado que el Estado sigue obligado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales ratificados. Tanto la Asamblea General de la OEA como diversos organismos de Naciones Unidas, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el GHREN, han manifestado su preocupación y condenado la crítica situación de los derechos humanos y la detención de personas por motivos políticos en el país.