Funcionarios judiciales purgados en un “callejón sin salida”

La situación en la que se encuentran las caras más visibles del Poder Judicial en Nicaragua, que han sido separadas de sus cargos en las últimas semanas, se torna compleja e incierta.

El régimen Ortega Murillo, con la barrida que ejecuta en este poder del Estado, ha puesto contra la pared a los funcionarios judiciales que, en los últimos cinco años fueron partícipes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, a través de la instrumentalización de la justicia para perseguir, encarcelar y condenar a personas opositoras.

El jurista Uriel Pineda, experto en derechos humanos, advirtió que la suerte que están corriendo los funcionarios que se prestaron a la implementación de la política de Estado, y que ahora cayeron en desgracia con el régimen, es incierta porque no tienen muchas opciones, ni dentro ni fuera de Nicaragua.

“Estas personas fueron partícipes de la comisión de crímenes de lesa humanidad contra opositores, y hoy por hoy quedan a merced de la voluntad del régimen” afirmó el jurista.

En ese sentido advirtió que “si los rostros más visibles de la represión por parte del Poder Judicial salieran de Nicaragua y quisieran pedir refugio en otro país, no tendrían esa opción, porque el mismo estatuto de refugiado contenido en la Convención de Refugiados de 1951, dice que las personas que han sido partícipes en la comisión de delitos contra la humanidad, no pueden gozar de la protección de refugiados”.

Pineda reiteró que estas personas al haberse prestado a la represión, luego perder su empleo y ya no estar en gracia con el régimen, “ven limitadas sus opciones tanto a lo interno como a lo externo del país”.

El artículo 1, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se establece en uno de sus incisos que las disposiciones de la Convención no serán aplicables a persona alguna respecto a las cual existan motivos fundados para considerar, “que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad”.

Trasfondo de la “limpieza”: refrendar lealtades y centralizar más el poder

El jurista opinó que el descalabro que está ocurriendo en el Poder Judicial tiene dos dimensiones, una de naturaleza política y otra relacionado al tema jurídico.

En lo que respecta a lo político, el experto refirió que coindice con diversos análisis que han surgido a la luz de los acontecimientos, en ese sentido arguyó que “lo que se busca es refrendar lealtades a lo interno del Poder Judicial, para contener un riesgo de implosión”, añadió que lo anterior tiene también como propósito controlar lo relacionado a la filtración de información”. 

Efectivamente, en los últimos años ha sido frecuente el filtro de información de lo que ocurre internamente en la Corte Superna de Justicia, hacia medios de comunicación Independientes y en redes sociales.

El especialista también advirtió que todo el movimiento que se está generando, podría estar relacionado con el propósito de compactar este poder del Estado, “si consideramos que el régimen tiene una crisis de dinero, pues estaría pensando en reducir el tamaño del Poder Judicial” aseveró.

La hipótesis anterior podría sustentarse en la cantidad de personas destituidas o despedidas en las últimas semanas. Extraoficialmente ha trascendido que hasta la fecha habrían sido cesadas de sus cargos unas mil personas en diferentes dependencias del Poder Judicial. 

Pineda agregó que en lo que concierne a la dimensión jurídica, el derecho internacional relacionado a los derechos humanos, reconoce la inamovilidad de los funcionarios de la administración de justicia como una garantía de independencia, es decir, “que tengan la libertad de decidir y de integrar los diferentes expedientes judiciales, al margen de cualquier amenaza que pueda hacer, en este caso, el Poder Ejecutivo.”

En el mismo sentido señaló que al refrendar esas lealtades y ese control, se atenta con la independencia judicial, la que de alguna manera solo es nominal, porque “ya ha quedado más que demostrado que el Poder Judicial en Nicaragua ha sido una extensión del brazo represivo del régimen, lo han instrumentalizado y han sido quienes han culminado procesos de graves violaciones a derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad, como desplazamiento forzado, encarcelamiento, persecución, política, entre otros”.

¿Intenta el régimen frenar la corrupción y el nepotismo?

Ante la pregunta, el jurista opinó que puede ser que haya algo en ese sentido, pero tampoco obedece a una lucha anticorrupción, sino más bien a evitar que haya focos o cuotas de poder más allá del que el ejecutivo se empeña en centralizar, como ocurrió en la dictadura de Somoza, donde “la corrupción no era generalizada, sino centralizada”.

En ese sentido explicó que Alba Luz Ramos, como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, llegó a concentrar una importante cuota de poder dentro de la institución judicial, “cerca de un centenar de familiares directo o indirectos de ella trabajando allí, además tenía más de cien vehículos, entonces era como un pequeño feudo” refirió.

En la misma línea dijo que en la lógica de contener una implosión o de evitar terciar en algún momento con estos pequeños caudillismos locales o institucionales, la lucha anticorrupción y contra el nepotismo tiene sentido, porque la dictadura no quiere compartir con nadie, ni el control del poder, ni los actos de corrupción.

Pasar registros públicos a la PGR es para tener más control

El 31 de octubre pasado la Asamblea Nacional, también controlada por el régimen de Ortega y Murillo, aprobó una reforma constitucional y una normativa jurídica que establece que todos los registros públicos pasen a la administración de la Procuraduría General de la República (PGR).

Respecto a dicha aprobación, Pineda opinó, contrario a las opiniones de otros analistas, que en términos de diseño jurídico no le ve mucha trascendencia, “me atrevería a decir incluso, que la norma es que este tipo de registros pertenezcan al Poder Ejecutivo como diseño normativo” aseveró.

No obstante, advirtió que, dada la realidad de Nicaragua, el tema debe ser analizado desde la perspectiva que esta reforma puede tener la intencionalidad de ser una herramienta política de la dictadura, primero para reforzar el control respecto de todas las transacciones inmobiliarias en el país, en segundo lugar, tener más a lo inmediato la decisión de tomar represalias contra opositores respecto de los bienes que puedan tener.

Por otro lado, agregó que podría haber detrás de esta decisión, un afán recaudatorio. “Posiblemente con esto de la inseguridad jurídica, había fugas, muchas mordidas y demás; entonces lo que buscan es tratar de centralizar este aspecto como todo lo demás”, en ese sentido recordó que el régimen busca el control de todos los espacios o todas las expresiones de organización en el país y esto solo es un reflejo de eso