Sociedad Civil de Nicaragua, la voz en coro que exige justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concluyó la semana pasada el 189 Período de Sesiones, celebrada desde el 26 de febrero, con la realización de 29 audiencias públicas y sesiones internas sobre los derechos humanos en la región. Como es costumbre, organizaciones de Sociedad Civil y víctimas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, no se cruzaron de brazos y estuvieron presentes para exponer, entre otros temas, las particularidades de la situación de los derechos de las personas privadas de libertad por razones políticas en el país centroamericano.

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Un completo grupo de defensoras y defensores de derechos humanos, de al menos siete organizaciones (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), Instituto Raza e Igualdad, Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)), recurrieron a la CIDH para abordar la deteriorada situación de derechos en Nicaragua

Mientras tanto, una silla vacía simbolizaba una nueva ausencia de la representación del Estado de Nicaragua, el que continúa escapando a los cuestionamientos y faltando a la transparencia. Tras este nuevo desplante, representantes de las organizaciones denunciaron, como si fueran una solo voz, la sostenida falta de voluntad del Estado nicaragüense para encontrar salidas a una crisis que se agudizó en 2018 ,con la represión y asesinatos perpetrados por la dictadura en contra de manifestantes.

“Nicaragua ha hecho caso omiso de las órdenes y recomendaciones emitidas por órganos internacionales, incluyendo medidas provisionales emitidas por la CIDH, que ya declaró al Estado en desacato”, coincidieron en una sola voz las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y organizaciones aliadas, quienes demostraron su respaldo al Segundo Informe del Grupo de Expertos para Nicaragua, presentado al Consejo de Derechos Humanos el pasado 29 de febrero, en el que se relata “La Sombría realidad que vive Nicaragua”, un documento que expone el agravamiento de la represión y a sus responsables directos.

La abogada Alexandra Salazar de la UDJ, denunció que, en Nicaragua el régimen persiste en ejecutar detenciones arbitrarias, aunque por temor a la represión, existe un subregistro de detenciones no denunciadas, que no permiten determinar el número exacto de los encarcelamientos. La defensora informó sobre un agravamiento de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas policiales, las que han extendido de 90 a 150 días sin informar a dónde llevaron a las personas detenidas, como ocurrió en el caso de los presos políticos Fredy Quezada, Carlos Bojorges y Brooklin Rivera.

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Salazar también se refirió al incremento de obstáculos para ejercer la defensa adecuada e integral, como la ineficacia de los recursos legales existentes, la realización de juicios a través de video llamadas que obstruyen la comunicación entre las personas presas políticas con sus defensores. Además, se han retomado acusaciones del tipo de delincuencia común y delitos sexuales para criminalizar a quienes el régimen considera oposición. La otra observación de Salazar es que pese a algunas personas que ya cumplieron con sus condenas, estas continúan en la cárcel. Este es el caso de Jaime Navarrete, quien hace más de un año debió ser liberado.

Braulio Abarca del Colectivo Nicaragua Nunca Más, explicó que las condiciones de las personas encarceladas en Nicaragua han empeorado en las más de 40 sistemas penitenciarios y cárceles clandestinas identificadas. “El Régimen busca infligir tortura física, psicológica y emocional con el fin de destruir la personalidad y humanidad...” Además, se identificaron más de 40 métodos de tortura y malos tratos por parte de las autoridades; como la violencia sexual, intensificación de la violencia física extrema y falta de atención médica, agregó Abarca.

Claudia Paz y Paz, abogada que integró el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), hoy directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, fue la encargada de presentar las demandas de las personas y organizaciones comparecientes ante la CIDH, quienes de forma particular solicitaron se preste especial atención a la situación de las personas presas políticas, excarceladas, exiliadas y desnacionalizadas.

Entre otras solicitudes Paz y paz numeró, que se inste a Nicaragua, a cesar la criminalización y persecución política, así como a liberar inmediatamente a todas las personas privadas de libertad encarceladas por motivos políticos. Entre otras disposiciones, la defensora solicitó valorar una visita a Costa Rica, del Relator para Nicaragua, con el fin de mantener actualizada la información relacionada a las personas defensoras, periodistas, personas desnacionalizadas y exiliadas. También llamó a los miembros de la OEA para que, continúen ejerciendo acciones para la rendición de cuentas y fiscalización al Estado de Nicaragua; y alentó la cooperación internacional, al condicionamiento de créditos y financiamiento del Estado de Nicaragua, apegado al cumplimiento de los derechos humanos.

El Comisionado Christopher Alif Bulkan, se mostró empático hacia las víctimas e hizo notar la completa separación del Estado de Nicaragua de la CIDH, lo que limita en cierta medida la capacidad de respuesta de la Comisión, aclarando que tienen otras posibles herramientas para incidir. “El llamado es a los países miembros (OEA), para que hagan eco de la solicitud realizada por parte de la Sociedad Civil, pidiendo a Nicaragua para que cese la persecución política”.

Durante la audiencia especial para Nicaragua, salieron a relucir diversos aspectos como el uso de la violencia económica contra la disidencia política y la alta preocupación porque e países de la región se están replicando los métodos de represión. Pero además se abordó sobre la concentración absoluta del poder, la alarmante situación de los pueblos indígenas, la solidaridad de los países de la región hacia quienes buscan refugio y la importancia de la continuidad de la tramitación de medidas cautelares y su relación vinculante.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión Pedro Vaca, reconoció la labor de las personas periodistas en el marco de la conmemoración de su día nacional y aprovechó para demandar la liberación del periodista Víctor Ticay.

La comisionada, originaria de Barbados, Roberta Clarke, llamó a los Estados miembros de la ONU a responder con solidaridad ante los esfuerzos que hacen las organizaciones y víctimas de la represión que vive el pueblo nicaragüense. “Aunque el Estado de Nicaragua se ha separado del sistema, el pueblo no lo ha hecho... Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que otros Estados estén cumpliendo con sus deberes", dijo Clarke, quien además llamó a las empresas y organismos multinacionales, "que prioricen la situación y cambien su actuar". Les agradezco la vigilancia y haber sacado estas historias de Nicaragua para compartirlas aquí”, agregó.

El abogado y defensor nicaragüense y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca Más, Juan Carlos Arce, agradeció de especial manera la oportunidad para que la sociedad civil continúe demandando justicia para Nicaragua. “Cuando se han cerrado todos los espacios, cuando pareciera que no hay salida para el ejercicio de derechos fundamentales, crean que este espacio es de vital importancia para nosotros”, concluyó.