Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), dado a conocer este 22 de julio, revela las atrocidades cometidas contra sacerdotes católicos y líderes religiosos de otras denominaciones, por parte de la dictadura Ortega Murillo.

El GHREN documentó en el informe una serie de violaciones a los derechos humanos cometidos contra religiosos mientras estuvieron en prisión, algunas de las cuales constituyen delitos de lesa humanidad.

Entre los actos violatorios cometidos por la dictadura en contra de los derechos humanos de las personas detenidas, el informe enumera “largos interrogatorios; amenazas; desnudez forzada; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; luz artificial continua; y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes."

El documento señala que estos actos crueles y denigrantes “fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de imponer a las personas integrantes de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositoras o percibidas como tales, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales".

Asimismo, advierte que la práctica de este tipo de métodos de tortura tiene como finalidad obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas.

Otras prácticas que recoge el informe, las cuales son también catalogadas como graves son, el despojo de la nacionalidad, las deportaciones, la persecución, los encarcelamientos arbitrarios y las confiscaciones.

El GHREN concluye en el documento tener motivos razonables para creer, que, en algunos casos, los tratos sufridos en la prisión "alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades y los graves daños psicológicos y físicos que provocaron sobre las víctimas".

Temor al poder de convocatoria

El informe del GHREN indica que “con la deportación y privación arbitraria de la nacionalidad de líderes de la Iglesia católica, el Gobierno buscó silenciar a aquellos que públicamente habían manifestado su desacuerdo con las acciones del Gobierno”, indicaron.

De igual forma afirma que con el cierre de las iglesias de otras denominaciones cristianas, la dictadura Ortega Murillo “buscó anular la capacidad de convocatoria y movilización social que pudiera amenazar su poder”; lo que a criterio de diversos analistas políticos solo demuestra el temor del régimen a que estos espacios que congregan a la población cristiana también puedan ser usados para expresar mensajes que adversen las políticas gubernamentales.

El informe también hace mención al cierre de diversas organizaciones sin fines de lucro que apoyaban a personas en condiciones de vulnerabilidad, así como al cierre y confiscación de universidades donde se ejercía el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia.

Persecución contra la iglesia vulnera la libertad de culto en Nicaragua

Zancadilla a la libertad religiosa, de conciencia y de expresión

Los expertos advierten que “La persecución de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas también violó el derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos como la libertad de conciencia, expresión y opinión”.

El informe también concluye que las violaciones y abusos sistemáticos cometidos por el régimen atentan contra “los derechos a la libertad y la seguridad de la persona, las garantías procesales y un juicio justo, no ser sometido a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la reunión pacífica y una nacionalidad, así como de los derechos a las libertades de opinión, expresión, conciencia, pensamiento y religión y circulación”.

El documento asevera que producto de la persecución de la dictadura contra la iglesia, “muchos sacerdotes y religiosos han huido de Nicaragua y miles de feligreses han dejado de asistir a misas y cultos por miedo a ser hostigados por la Policía y luego criminalizados”.