Los enormes desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en Nicaragua

No son pocos, ni fáciles de resolver. Los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, principalmente asentados en la región norte, enfrentan grandes retos, los que vienen arrastrando desde hace varias décadas. Con la dictadura Ortega Murillo varios de estos desafíos parecieran convertirse en utopías.

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No obstante, el liderazgo indígena no cesa en la lucha por la reivindicación de los derechos de sus pueblos y comunidades, sobre todo los derechos a la tierra y el territorio heredados de sus ancestros y mancillados por factores como la violencia política del régimen dictatorial de Daniel Ortega, la voraz avaricia de terceros invasores conocidos como colonos, así como la codicia de transnacionales extractivistas que son beneficiadas con grandes concesiones para explotar los recursos minerales y forestales de la región.

Los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua, incluyen entro otros, la conservación de sus formas ancestrales de vida, la expulsión de terceros asentados en sus tierras y la recuperación de la autonomía. Sin embargo, todo pasa por el respeto y garantía por parte del Estado nicaragüense, al reconocimiento de su legítimo derecho sobre sus tierras y territorios.

La tan ansiada etapa de saneamiento

La lucha indígena por la conservación y protección de sus territorios, sus formas y medios de vida, es de vieja data. Durante las últimas décadas esta ha sido una batalla permanente, que, si bien ha tenido algunos avances, estos no han tenido un impacto contundente.

Las fuerzas exógenas que invaden sus espacios comunitarios, atentan contra sus costumbres y tradiciones, arrasan con sus bosques y contaminan sus ríos, y lo están haciendo con impunidad, cada vez con mayor frenesí y mayor agresividad, bajo la mirada complaciente de la dictadura.

Muchos de los problemas estructurales que enfrentan actualmente las comunidades indígenas, se desprenden de la falta de ejecución de la etapa de saneamiento, la última de un proceso de demarcación y titulación que actualmente duerme el sueño de los justos.

El saneamiento inició, pero se detuvo

En 2003, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Régimen de Propiedad Comunal o Ley 445, misma que establece las etapas del proceso de demarcación y titulación de las tierras comunales, el cual comprende cinco fases: la primera relacionada a la presentación de solicitud, la segunda referida a la solución del conflicto; la tercera etapa corresponde a la medición y amojonamiento, la cuarta es la etapa de titulación y la última es la de saneamiento.

El proceso avanzó hasta la cuarta etapa, pero no en la totalidad del territorio. Entre 2003 y 2016, fueron titulados 23 territorios los que representan cerca del 55 % de la Costa Caribe y el 32% del territorio nacional.

Un activista indígena consultado por Onda Local advierte que la etapa de saneamiento no se ha hecho efectiva en la mayoría de los casos, pese a los esfuerzos encaminados en ese sentido. A criterio del activista, tal estancamiento ha causado un impacto negativo en los medios de vida, la cultura y la cotidianeidad en los territorios indígenas y afrodescendientes.

La violencia de los colonos y la mirada cómplice del Estado

La falta de implementación de la etapa de saneamiento, ha dado la pauta para que terceros invasores, en su afán por apropiarse impunemente de las tierras comunales, cometan una serie de tropelías que incluyen asesinatos, violencia sexual, quema de viviendas, y matanza de animales, lo que ha llevado incluso al desplazamiento forzado a algunas comunidades.

Ejemplo de lo anterior es lo que ha ocurrido en el Territorio Mayagna Sauni As (TMSA), uno de los que más ha sufrido la invasión de colonos, así lo refleja un artículo sobre la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua, incluido en la 38ª edición del informe anual “El Mundo Indígena”, publicado en abril de este año por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

El artículo destaca que “las invasiones de colonos no indígenas han ido reduciendo las áreas de uso y de dominio de las comunidades indígenas del TMSA. Los colonos armados rodean el territorio despojando a los comunitarios de sus tierras tradicionales, por medio de una violencia sistemática ante la aquiescencia estatal”.

Violencia sexual como forma de intimidación

El documento de IWGIA advierte que en este territorio “los ataques que han dejado víctimas mortales, heridos, víctimas de secuestro, así como víctimas de violencia sexual”.

Lo anterior coindice con lo que dice el segundo informe emitido a finales de febrero de 2024, por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés), el que señala que desde 2018, las agresiones violentas por parte de colonos se han incrementado causando la muerte de al menos 46 personas y la quema de viviendas, pero además estos grupos violentos han incurrido en violaciones sexuales a niñas y mujeres.

“En algunos casos, los cadáveres recuperados presentaban signos de tortura y mutilación. Las mujeres y niñas fueron víctima de violencia sexual; se quemaron las casas de miembros de las comunidades y se desplazó por la fuerza a familias” se lee en el informe del grupo de experto.

Sobre la incidencia de ataques sexuales contra niñas y mujeres indígenas, el líder mayangna consultado por Onda Local refiere que, si bien no hay registros estadísticos, sí se han documentado casos de violencia sexual contra mujeres indígenas por personas no indígenas o colonos, “es un hecho que no se puede obviar, pues es algo que se está dando en muchas comunidades misquitas y mayangnas” advirtió.

El activista indígena destacó que la violencia sexual es utilizada por los colonos como un método de intimidación y de agresión contra la lucha y la resistencia indígena, lo que ha propiciado que muchas de las mujeres que antes iban al campo a trabajar libremente en sus cultivos, ahora no lo hagan.

IWGIA, en consonancia con el GHREN destaca que: “En la mayoría de los casos los cuerpos de los indígenas asesinados presentan señales de tortura y mutilaciones, realizadas con el fin de infundir terror para desalentar el acceso a los lugares donde se encuentran los bienes naturales y medios tradicionales de vida de los indígenas”.

Explotación sexual, un nuevo patrón presente en las comunidades

El líder mayangna que habló con Onda Local, advirtió que además de la violencia sexual perpetrada durante los ataques a las comunidades o al interceptar a mujeres que se trasladan a sus parcelas o de una comunidad a otra, hay otro patrón que se está repitiendo: “Los colonos llegan a estos territorios con algún tipo de poder económico y ofrecen dinero o dadivas a niñas indígenas tanto mayangnas como misquitas; estas niñas son propensas a caer en este tipo de tratos comerciales que no son más que una forma de explotación sexual.”

El líder indígena señaló que ha tenido conocimiento que en algunos casos los propios padres entregan a sus hijas por dinero. “Esta gente (los colonos) normalmente circula con fuertes cantidades de dinero y ha habido casos en donde algunas familias indígenas han "entregado" a sus hijas a los colonos, porque los colonos tienen esa facilidad económica” lamentó.

El acceso a la justicia: otro gran desafío

Las diferentes denuncias hechas por las comunidades indígenas violentadas, se han traducido en persecución y cárcel contra los propios lidererazgos de estas comunidades, tal como ocurrió con un grupo de ocho guardabosques detenidos arbitrariamente en agosto de 2023, quienes posteriormente fueron acusados y condenados por el régimen.

Los guardabosques, fueron acusados de varios delitos y culpados de participar en la masacre perpetrada el 11 de marzo de 2023 por un grupo de colonos armados, en el cerro Kiwakumbaih ubicado en el TMSA.

Varias comunidades indígenas, tras ser atacadas por colonos, han recurrido a las autoridades policiales o han pedido protección al Ejército y otras instituciones estatales. La policía promete investigar los casos, pero al final no ocurre y los crímenes además de quedar en la impunidad, se continúan cometiendo bajo la complicidad tácita del Estado.

Al respecto, el GHREN determinó que ante las denuncias, las autoridades del Estado de Nicaragua, además de no aplicar medidas de prevención eficaces para proteger la vida y la integridad de las personas, “tampoco llevaron a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas”.    

De igual forma añade que “en lugar de ello, las autoridades han negado públicamente la responsabilidad de los colonos por los delitos señalados, e incluso procesaron a personas de las comunidades afectadas por algunos de los delitos y les impusieron duras sanciones”.

Otra de las denuncias que destaca el informe es que “el Gobierno se está sirviendo de los colonos para reconfigurar las tierras comunales, hacerse con el control y explotarlas”.

Recuperar la autonomía

Para los pueblos indígenas, comunidades étnicas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense, lograr el estatus de autonomía fue uno de los más grandes triunfos después una lucha de años. El proceso de alcanzar la autonomía se enmarcó en el reconocimiento de sus derechos históricos el que fue patentizado junto a otra serie de derechos, en la Ley de Autonomía aprobada en 1987.

Esta historia normativa daba por fin a estos pueblos y comunidades, legitimidad respecto a sus formas de vida y gobernanza, así como el respeto a sus diferencias como poblaciones indígenas con respecto al resto del país. Además la visibilización y el reconocimiento de la riqueza identitaria y la diversidad, así como promoverla y conservarla desde su propia cosmovisión.

Cabe resaltar que esta ley se desprende de un primer logro: el reconocimiento de la naturaleza multiétnica del país en la Constitución Política de la Republica promulgada en 1986, pues en esta se reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes como parte integral del país, pero a la vez, sus diferencias y su derecho a mantener, desarrollar su identidad, cultura y organización propia. En dicha Constitución, se reconoce a la vez jurídicamente, el derecho a la propiedad comunal de la tierra.

Margarita Pou González, en un artículo sobre El Estatus de Autonomía Regional en la Costa Caribe, reconoce que la autonomía, como pueblos con entidades propias, “fue la forma en que estos pueblos hicieran respetar sus diferencias como poblaciones indígenas”. La autora destaca que hasta los años ochenta, ninguna de las Constituciones Políticas del Estado hacía referencia a las poblaciones indígenas del país, “esta población quedaba totalmente excluida” enfatiza.

“El sólo hecho de que se mencionen los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado y que existan leyes sobre la autonomía de los indígenas es un gran avance en vista de que en la historia no tan lejana de Nicaragua ni se mencionaba la palabra indígena en el marco jurídico del país” señala Pou González.

No obstante, a partir de 2007, cuando Ortega retoma el poder, los logros alcanzados tanto en materia jurídica como en el ejercicio mismo del régimen de autonomía, fueron en franco retroceso tras la imposición de un modelo autoritario, ejercido con férreo control y centralización del poder, un poder que además explota indiscriminadamente los recursos naturales y tolera, como una forma de proteger sus intereses, la comisión de crímenes de lesa humanidad, además persigue al liderazgo indígena e impone ilegítimos gobiernos territoriales y comunales desplazando a los legítimos.

La recuperación de la autonomía es por tanto uno de esos desafíos que por ahora parecen utópicos. Todos los avances alcanzados, han ido siendo anulados en detrimento de la calidad de vida de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

No obstante, es una lucha que se está librando en diferentes espacios, sobre todo a nivel internacional. Movimientos, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, no cesan en su lucha por la defensa de estos pueblos y exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones legalmente establecidos en la Constitución y demás leyes.

La falacia de la “convivencia pacífica”

Otro de los grandes desafíos que enfrentan los pueblos indígenas, principalmente miskitos y mayangna, es la pretensión del régimen dictatorial, que desde años atrás, haciendo uso de una retórica funesta disfrazada de reconciliatoria, promueve entre los pueblos originarios y los terceros invasores la idea de una “convivencia pacífica” bajo el supuesto de que a través de esta se resolverían los conflictos y muchos de los problemas que aquejan a estos pueblos a raíz de la llegada de terceros.

Sin embargo, a criterio de defensores de derechos humanos y del liderazgo indígena, esta supuesta “cohabitación” no es más que una forma de darle legitimidad el despojo y el desalojo del que han sido víctima comunidades enteras, también es una forma de garantizar la impunidad de los invasores, que, en su afán por expandir su colonización sobre estos territorios, cometen diversos crímenes, incluyendo asesinatos, torturas, violaciones y otros crímenes de lesa humanidad.

Una activista indígena en el exilio advierte que la propuesta gubernamental a la llamada “convivencia pacífica” no es más que una forma de emplazar a las comunidades indígenas “para que se dejen robar las tierras que terceros obtuvieron a través de la amedrentación, las violaciones y los asesinatos”.

“La expropiación de los territorios ancestrales en manos de colonos pone en riesgo la vida, el sustento y la cultura del pueblo Mayangna. Ya no viven tranquilos: los varones van en grupos a trabajar por miedo a ser emboscados y las mujeres dejan sus casas al atardecer para esconderse en la montaña por el temor a ser violadas. Aunque el Gobierno llama a una convivencia pacífica entre los indígenas y los colonos, sus formas de vida son incompatibles.” Organización indígena Mayangna Wahaini Ramhni Tani (MAWARAT).

Grandes avances en materia jurídica, pero pocos en la práctica

El marco jurídico nacional, así como los instrumentos y mecanismos de protección internacional a los derechos de los pueblos indígenas, están dotados de solidez, sin embargo, el respeto y la aplicación de los mismos, no están surtiendo el efecto deseado por la falta de voluntad política de régimen.

Partiendo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Constitución Política de la República y de otras leyes específicas relativas a los territorios y la autonomía, y tomando en cuenta que existe una serie de mecanismos jurídicos internacionales, especialistas en el tema llegan a la conclusión que las leyes nacionales son violentadas y los instrumentos internacionales no son observados por el Estado de Nicaragua, pese a que este a suscrito y ratificado la mayoría de estos.

Ejemplo de ello es que, en julio de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó al Estado de Nicaragua, bajo su jurisdicción legal, la liberación de cuatro líderes indígenas del TMSA detenidos de manera arbitraria. No obstante, el régimen de Ortega no acató la medida.

De igual forma ha hecho caso omiso a al menos 15 medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en favor de las comunidades indígenas atacadas sistemáticamente por colonos y sus bandas criminales desde 2015. Así lo refleja el informe de IWGIA, el que además advierte que el régimen “tampoco ha escuchado el clamor de autoridades y dirigentes indígenas”.

El informe destaca también que, con la llegada de empresas mineras a partir del 2020, la violencia se ha agudizado en el TMSA, en ese sentido recuerda las matanzas en Kiwuakumbaih y en Wilú, pese a que esta última comunidad contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se observa cada 9 de agosto, un líder indígena mayangna reconoció que globalmente hay importantes avances en relación al reconocimiento de los derechos indígenas, los que han quedado plasmado en la creación de instrumentos jurídicos como convenciones y tratados internacionales, además en la creación mecanismos para trabajar en pro de garantizar estos derechos.

Entre los mecanismo, el activista indígena menciona: la creación del Fondo de Contribuciones Voluntarias para Pueblos Indígenas en 1985, el Foro Permanente de las cuestiones Indígenas de la ONU (2000), la instauración del relator especial de Pueblos Indígenas (2001) y el mecanismo de expertos de los Pueblos Indígenas (2007), sin dejar por fuera la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, como el instrumentos de amplio abanico de la inclusión de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.

No obstante, pese a la existencia de estos, el activista indígena advirtió que “estos mecanismos e instrumentos no surten efecto sin la disposición o buena fe de los gobiernos que forman parte de la ONU, para con los derechos Humanos.”

Cohesión social y autodefensa: claves en la lucha por los derechos

El líder indígena también señaló que para que los pueblos indígenas logren el pleno respeto y garantía de sus derechos “es indispensable la cohesión social comunitaria indígena, la autodefensa, beligerancia y pragmatismo”.

De igual forma resaltó que “solamente con estructuras sólidas de gobernanza, autonomía y autogobierno legitimo con capacidad de diálogo con los Gobiernos de los Estados se puede avanzar reivindicando los derechos, sin ello las brechas de la materialización de estos derechos se irán ensanchando y retrayendo”.

Gobiernos paralelos, otra estrategia del régimen contra la autonomía

La imposición de estructuras paralelas a los gobiernos territoriales y comunales en los territorios indígenas, no es un asunto tan reciente. El líder mayangna consultado, asegura que esta práctica se da desde antes del año 2013 y ha abarcado territorios mayangnas y miskitos en el Caribe Norte, y comunidades creoles en el sur.

“La imposición de estas estructuras al margen de la voluntad de las comunidades se viene dando a raíz de los conflictos políticos suscitados en el Caribe Norte tras la ruptura de la alianza entre el partido indígena Yatama y el partido de gobierno” relata el activista, quien recuerda que antes de la ruptura, el Consejo Regional era controlado por ambos partidos.

La fuente recuerda que la primera secretaría del Consejo Regional estaba en manos de Yatama y la presidencia del mismo a cargo del Frente Sandinistas y ambas autoridades tenían competencias para certificar los nombramientos de autoridades comunales y territoriales, “ante esa situación había dos estructuras, una con certificación otorgada por el presidente del Consejo Regional de tendencia sandinista y otra otorgada por el primer secretario de Yatama” explica.

El activista indígena refiere que de esa manera surge la disputa por el poder y el control sobre los territorios, en un contexto en el que todavía había pluralidad de partidos políticos.

Tras las elecciones regionales de 2013, el FSLN toma el control total, quedando excluido Yatama, “en ese marco dentro de las comunidades continuaron ciertas resistencias comunitarias organizadas, pero estas se han ido debilitando” asegura la fuente.

Asimismo explica que en la actualidad la realidad es más incierta dado el férreo control que ejerce la dictadura en todos los espacios de poder.

“Las comunidades se organizaban y creaban sus estructuras naturales (…), pero con el tiempo eso se ha ido eliminando porque estos gobiernos territoriales impuestos son financiados, reciben una partida presupuestaria y con esos recursos económicos buscan poco apoco tener el control de las comunidades”, en la misma vía indicó que las autoridades legitimas, a pesar de que continúan resistiendo, “al no tener el financiamiento y  la logística necesaria para continuar funcionando, con el tiempo se van diluyendo y llegan a ser infuncionales.”

En ese sentido afirma que la imposición de estructuras paralelas, “es una situación bastante tensa, preocupante y de mucho pesar, porque al final esto genera que en las comunidades no haya armonía ni cohesión social comunitaria; unos apoyan a un grupo y otros respaldan al otro, entonces ves una comunidad dividida y separada de la agenda comunitaria. Cada grupo por su lado gestiona a favor de sus intereses, bajo el supuesto de que defienden los derechos de las comunidades”.

El líder indígena concluye que ante esa situación de fragmentación el impulso de la gestión de la agenda comunitaria se torna lento y no se avanza en el desarrollo comunitario.

Los desafíos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, parecen lejos de resolverse. Tradicionalmente esta región del país ha estado condenada al olvido por los diferentes gobiernos. Los espacios que se ganaron en la década de los años ochenta en materia de derechos de estos pueblos y comunidades, están siendo desplazados por el control de todos los espacios de poder por parte la dictadura Ortega Murillo. No obstante, el liderazgo indígena, en medio de las adversidades continúa resistiendo en la lucha por la reivindicación de sus derechos ancestrales.