Reformas aprobadas en Asamblea Nacional, el último zarpazo contra las oenegés

Las reformas a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (ley 1115) y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040) junto a la Ley de Concertación Tributaria o Ley 882, realizadas este martes 20 de agosto, en la Asamblea Nacional controlada por el Orteguismo, constituyen el último zarpazo de la dictadura contra las pocas oenegés que quedan en el país.

Dichas reformas fueron hechas tras el anuncio que hiciera en días pasado el régimen Ortega-Murillo sobre el establecimiento de un nuevo modelo operativo para las organizaciones sin fines de lucro, mismo que obliga a todas las organizaciones no gubernamentales a ejecutar sus programas y proyectos a la par de instituciones del Estado.

La iniciativa para hacer las reformas, aprobadas con trámite de urgencia este martes, fue enviada al Legislativo por el dictador Daniel Ortega el lunes 19 de agosto, el mismo día que el Ministerio del Interior publicó en La Gaceta un acuerdo ministerial que despoja de su personería jurídica a 1500 organizaciones civiles, casi la mitad de estas vinculadas a las iglesias católicas y evangélicas. 

De acuerdo a analistas, con este nuevo modelo lo que el régimen pretende es ejercer total control sobre los fondos que reciben las pocas organizaciones civiles que sobreviven en el país.

Reforma a ley 882 pretende asfixiar a las iglesias

La reforma a Ley de Concertación Tributaria o Ley 882, ha sido calificada como leonina y como una estrategia para asfixiar económicamente a las instituciones religiosas.

Como parte de la reforma a dicha normativa, está la derogación del numeral 3 del artículo 32, mismo que exoneraba del pago de Impuesto sobre la Renta (IR) a las fundaciones, asociaciones y organizaciones de carácter religioso.

El numeral derogado del artículo 32, establecía que se encontraban exentos del pago del IR de actividades económicas, sin perjuicio de las condiciones, “las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, en cuanto a sus rentas provenientes de actividades y bienes destinadas exclusivamente a fines religiosos”.

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, reaccionó a la reforma ejecutada en el Legislativo diciendo que la dictadura Ortega-Murillo lo que hizo fue “legalizar” lo que ya estaba realizado de facto. “Ahora toda iglesia independientemente de su denominación deberá pagar impuesto” advirtió.

Asimismo añadió que “con ese zarpazo fiscal (la dictadura) terminará de ahogar financieramente a la iglesia para que caiga por su propio peso”.

La jurista también reveló que durante las semanas anteriores autoridades del régimen habían visitado diferentes parroquias “para solicitar información de como llevan sus cuentas, pidieron ver los libros mayores y menores, ingresos y egresos que obviamente la administración parroquial no se lleva así”.

Desde 2018, el régimen Ortega Murillo ha venido realizando una serie de acciones dirigida a coartar la libertad de asociación, la libertad de expresión, así como la libertad religiosa, estas medidas incluyen la creación de normativas legales con las que se ha criminalizado varias de estas libertades fundamentales violentando así los derechos humanos de la población nicaragüense.