Autoritarismo y represión: Los métodos de la dictadura para aferrarse al poder

Las protestas ciudadanas de abril de 2018, marcaron un antes y un después, en el ya maltrecho devenir sociopolítico de Nicaragua. La población salió a las calles cívicamente para exigir un cambio de rumbo en el país. La ciudadanía nicaragüense demandaba el respeto a los derechos humanos, el retorno de la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho. Sin embargo, la dictadura Ortega Murillo respondió con una violencia extrema e inusitada que hoy, después de más de 6 años continúa ejerciendo sobre la población.

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Las primeras expresiones de protesta surgidas espontáneamente en abril de 2018, pusieron en jaque a Ortega y Murillo. La pareja dictadora se vio acorralada, la presión ciudadana les hizo estar a punto de abandonar el poder, pero de manera habilidosa, ganaron tiempo para reorganizarse en medio del caos en que ellos mismos habían sumido al país.

Ante la ola de protestas, la pareja dictadora reaccionó con temeridad, como fieras heridas, dispuestas a todo, y con la fidelidad incondicional de las fuerzas represivas de la Policía, la intervención indirecta del Ejército y el apertrechamiento de grupos paramilitares, decidieron quedarse en el poder a toda costa, con el uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo armas letales. Impusieron un estado policial sustentado en el terror y la represión. La violencia estatal extrema fue la única forma que encontraron para neutralizar las protestas ciudadanas.

La primera oleada represiva y la visita de la CIDH

Las protestas antigubernamentales que iniciaron con manifestaciones multitudinarias en Managua, muy pronto se extendieron a diferentes ciudades del resto del país. Pero la masividad de las mismas, atemorizó al régimen, que no tardó en mandar a reprimirlas.

Tras un mes de feroz represión desatada por la dictadura en contra de la población que salió a protestar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó Nicaragua con la finalidad de observar en el terreno, de manera preliminar, la situación de los derechos humanos en el país.

La visita de la CIDH se realizó del 17 a 21 de mayo. Para documentar la violencia estatal la Comisión conformó tres equipos de trabajo que se desplazaron por León, Managua, Masaya y Matagalpa. Luego de un intenso trabajo de cuatro días la CIDH publicó sus observaciones preliminares.

Casi de manera simultánea, la Conferencia Episcopal organizaba junto a funcionarios del régimen, y diversos sectores, académicos, estudiantiles, políticos y sociales, un diálogo nacional que muy pronto fracasó por la falta de voluntad de la dictadura a ceder a las demandas. El diálogo se inauguró el 16 de mayo, pero las negociaciones llegaron hasta el 23 del mismo mes sin acuerdos contundentes. 

En el comunicado en el que la CIDH hizo sus observaciones preliminares sobre la situación en Nicaragua, dado a conocer el 21 de mayo de 2018, esta destaca que reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que dejaron en evidencia las graves violaciones de derechos humanos a lo largo del primer mes de protestas.  En el documento la CIDH determinó que la violencia estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza “lo que dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”.

En esta primera visita la CIDH logró documentar que, en el contexto de las protestas, entre el 18 de abril y el 17 de mayo de 2018, en Nicaragua hubo al menos 76 personas asesinadas y 868 heridas. También determinó que 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. La CIDH también constató que en el sistema público de salud se les negó atención médica de urgencia a personas heridas en las manifestaciones.

Lo que la CIDH documentó tras un mes de protestas ciudadanas, solo era el comienzo de una ola represiva que actualmente lleva más de 6 años y que se ha extendido a todos los sectores de la sociedad nicaragüense. 

Junto a las observaciones preliminares la CIDH hizo al Estado de Nicaragua 15 recomendaciones, cuya mayoría hasta la fecha no ha respetado.

Junio de 2018: Un informe contundente

La CIDH continuó investigando y documentando la violencia estatal desatada por Ortega y Murillo. El 22 de junio, la comisión publicó el informe titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, el que contenía un listado preliminar de las personas asesinadas en el marco de las protestas entre el 19 de abril y el 19 de junio.

Hasta el 19 de junio logró documentar 212 personas muertas, 1337 heridas, 507 privadas de libertad, y cientos de personas en situación de riesgo por estar bajo ataques, hostigamiento, amenazas y otras formas de intimidación.

Tras la presentación del informe, el 24 de junio, la CIDH instaló en Managua el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) con la finalidad de dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de su visita al país y las hechas en el Informe final.

No obstante, el 19 de diciembre de 2018, luego de seis meses de funcionamiento, el Estado de Nicaragua decidió suspender la presencia de la CIDH en el país.

Nicaragua y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Ante la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua, el 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió establecer, por un período de un año, al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el que asumió el mandato de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.

El GHREN presentó su primer informe en marzo de 2023, previa entrega de borrador del mismo al régimen Ortega Murillo.

Posteriormente, el 3 de abril de 2023, y ante los resultados de las investigaciones y el agravamiento de la crisis de derechos humanos, el Consejo decidió extender el trabajo del Grupo de Expertos por un periodo de dos años más.

El segundo informe fue presentado ante el Consejo de la ONU en abril de 2024 y posteriormente, en julio, el grupo presentó actualizaciones del mismo.

Los hallazgos del GHREN

Los informes del GHREN revelan que efectivamente la dictadura que oprime a Nicaragua, ha cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo, ejecuciones extrajudiciales cometidas durante las primeras semanas de las protestas de 2018.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, define las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, como “el acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico”. Asimismo, refiere que estas ejecuciones son crímenes contra el derecho a la vida y constituyen otras tantas violaciones de este derecho fundamental. “Si no se respeta el derecho a la vida, no es posible defender ningún otro derecho humano” refiere.

El primer informe del GHREN enumera una serie de abusos y resalta el uso desproporcionado de la fuerza coincidiendo con el informe de la CIDH.

Entre los patrones que identificó el Grupo están, el uso de armas letales, la coordinación entre la policía y grupos armados progobierno, la denegación de asistencia médica a personas opositoras heridas en las protestas, así como Impunidad y obstaculización del acceso a la justicia.

Otros patrones de violencia estatal identificados fueron: detenciones violentas ejecutadas sin orden de detención, la incomunicación sin garantías legales de las personas detenidas, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a personas opositoras o percibidas como tales y la supresión de toda crítica u oposición.

El GHREN logró documentar también con evidencias, tratos crueles, inhumanos y degradantes como las torturas físicas y sexuales hacia las personas que permanecían bajo custodia policial.

Posteriormente vinieron otra serie de abusos y violaciones a los derechos humanos, políticos y sociales de los nicaragüenses, entre estos, las cancelaciones de partidos políticos y organizaciones de sociedad civil, así como el cierres y confiscación de medios de comunicación.

Por otro lado, continuó la estigmatización, el acoso e intimidación de personas opositoras. El régimen fue escalando en los métodos represivos hasta llevar a castigar a quienes les adversaban con la privación arbitraria de la nacionalidad y la violación del derecho a permanecer en el propio país.

Persecución generalizada y sostenida

En sus últimas actualizaciones al seguimiento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, El Grupo de Expertos de la ONU, refiere que desde la presentación del primer informe “las autoridades han seguido cometiendo graves violaciones de los derechos humanos para asegurar el control total del gobierno sobre cualquier espacio cívico en Nicaragua”.

“El Gobierno ha adaptado y ampliado la persecución y las formas de represión, silenciando cualquier tipo –incluso remoto – de crítica, apuntando a un grupo cada vez mayor de individuos, y obligando a cada vez más nicaragüenses a abandonar su país, intimidando a los que se han ido y privándoles de sus derechos humanos fundamentales” sostiene el GHREN.

Exilio, destierro y apatridia

En el segundo informe el grupo identificó como patrones predominantes de violaciones y abusos, diversas acciones que estaban en el primero, pero que no se detuvieron, sino por el contrario fueron escalando.

El GHREN identificó nuevamente las detenciones arbitrarias y las violaciones del derecho al debido proceso, a lo que se suman además las violaciones de los derechos a la libertad de circulación y a una nacionalidad, fundamentadas en prácticas como la expulsión del país de personas nacionales y extranjeras, la privación de la nacionalidad y la prohibición explicita de entrar o salir del propio país.

El más reciente informe del GHREN también destaca en exilio masivo, en el mismo se menciona que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha identificado que, entre 2018 y junio de 2023, un total de 935.065 personas habían abandonado Nicaragua. De estas, 874.641 eran solicitantes de asilo y 60.424 habían obtenido el estatuto de refugiado. El número de  personas nicaragüenses que han huido del país desde 2018 corresponde aproximadamente a uno de cada ocho nicaragüenses, afirma el informe.

Dictadura continúa perpetrando crímenes de lesa humanidad

El grupo de Expertos de la ONU fue tajante al afirmar que: “El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas” y añade que la persecución de personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil.

“Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social” advierte.

Asimismo, refiere que la dictadura cada vez está “más cerca del objetivo de la destrucción total de las voces críticas en Nicaragua” y que durante 2023 hubo un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo.

El presidente del grupo de expertos, Jan Simon, advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos, que Ortega y Murillo, así como otros funcionarios de alto nivel identificados en las investigaciones, “deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”.

Persecución contra la iglesia también incluye tratos degradantes

En un nuevo informe de actualización, presentado el 22 julio de 2024, el GHREN hace énfasis en las atrocidades cometidas contra sacerdotes católicos y líderes religiosos de otras denominaciones. En esa ocasión el Grupo resaltó una serie de violaciones a los derechos humanos cometidos contra religiosos mientras estuvieron en prisión.

Entre los actos violatorios cometidos por la dictadura en contra de los derechos humanos de las personas detenidas, el informe enumera “largos interrogatorios; amenazas; desnudez forzada; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; luz artificial continua; y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes."

El informe señala que tales actos crueles y denigrantes “fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de imponer a las personas integrantes de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositoras o percibidas como tales, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales".

Asimismo, advierte que la práctica de este tipo de métodos de tortura tiene como finalidad obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas.

El GHREN concluye en el documento tener motivos razonables para creer, que, en algunos casos, los tratos sufridos en la prisión "alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades y los graves daños psicológicos y físicos que provocaron sobre las víctimas".

La creación de leyes para criminalizar los derechos fundamentales

El uso de leyes para judicializar a personas opositoras o percibidas como tales, esa otra de las estrategias vengativas de la dictadura. A partir de las protestas de 2018, la Asamblea Nacional ha sido la vía que Ortega y Murillo utilizan para imponer normativas legales que van contra las libertadas fundamentales.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) advierte en un estudio que la radicalización de la dictadura Ortega Murillo, “avanzó en la constitución de un Estado totalitario, desmantelando grupos organizados de la oposición, aplastando las voces proféticas de la iglesia católica, eliminando miles de organizaciones civiles y consolidando su control sobre las instituciones públicas”. 

El CETCAM añade que la radicalización se materializó por medio de la institucionalización del Estado policial, la que inició tras la aprobación de una serie de normativas jurídicas que intentaban darles justificación legal a los actos emanados arbitrariamente de los poderes públicos.

El centro regional, hace también un análisis de las principales leyes que restringen las libertadas y criminalizan a quienes las ejercen. 

En ese sentido refiere que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley N° 1040), tiene como finalidad declarar a toda organización de la sociedad civil y personas naturales como agentes al servicio de fuentes extranjeras que atentan contra la soberanía nacional al inmiscuirse en los asuntos internos y externos del Estado. “Esta ley que obliga a las organizaciones sociales a inscribirse a un registro que creó en el Ministerio de Gobernación, ha sido invocada para cancelar a miles de organizaciones, anulando el derecho de asociación” explica el CETCAM.

Asimismo hace referencia a la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley N° 1042), que impone la censura a medios de comunicación independientes y a usuarios de redes sociales al tipificar el delito de “Propagación de noticias falsas”, disposición que ha tenido un uso discrecional al acusar a periodistas y opositores por dicho delito.

Otra normativa legal creada con fines de persecución política, es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación (Ley N° 1055). El CETCAM advierte que esta ley contiene un solo artículo en el cual se califica a toda persona como traidora a la patria por incitar a la intervención extranjera, pedir y aplaudir sanciones u obtener financiamiento extranjero con el objetivo de atentar contra la integridad de la soberanía nacional.

Una sola disposición fue suficiente para que por medio de la misma la Policía Nacional y la Fiscalía investigaran, citaran, detuvieran y posteriormente procesaran a decenas de ciudadanos cuyas actividades, no necesariamente políticas en algunos casos, los agentes estatales han asumido que se subsumen en los supuestos de hechos vagos y discrecionales de la ley, ejerciendo una amplia e ilegítima persecución penal.

Adicionalmente el régimen ha hecho una serie de reformas al Código Procesal Penal, con la misma finalidad de ampliar su ámbito de acción contra las personas que osen poner en marcha cualquier acción que sea vista como un riesgo para el proyecto dictatorial de Ortega y Murillo.

El CETCAM concluye que la realidad nicaragüense es la más compleja en la región centroamericana, dado que el régimen Ortega Murillo ha consumado una dictadura totalitaria que ha pretendido, infructuosamente, eliminar cualquier tipo de disidencia interna formal y visible, luego de la insurrección cívica de 2018.

Pese a todo la población sigue resistiendo con la esperanza de que la pareja dictatorial, algún día salgan del poder y paguen por todos los crímenes cometidos y por el sufrimiento infringido a miles de familias nicaragüenses.