El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su informe publicado en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, “describe una realidad paralela, llena de información falsa e imprecisa sobre los derechos fundamentales”.

Esa es la conclusión a la que llega el observatorio Urnas Abiertas, tras analizar el informe publicado por la dictadura.

Olga Valle, directora de Urnas Abiertas refirió que “el Informe no refleja en absoluto la situación del país” y por el contrario “oculta las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido particularmente entre 2019 y 2024”.

Valle destacó que en 2019, en el marco del EPU, Nicaragua recibió una serie de recomendaciones con respecto a los derechos políticos y sociales e hizo particular énfasis en una recomendación, que la dictadura aceptó, referida a la adopción de medidas eficaces para que el próximo proceso electoral (2021), incluyera a todos los partidos y movimientos políticos y que además fuera un proceso totalmente transparente.

“El Estado de Nicaragua, en este informe publicado miente cuando dice que entre 2019 y 2024, se realizaron cuatro procesos electorales de conformidad a la ley, los que transcurrieron en orden y en paz” advirtió la directora de Urnas Abiertas.

Asimismo, refirió que “sabemos que lo que pasó en realidad fue la anulación de la competencia electoral obstaculizando por completo el derecho de las y los nicaragüenses a elegir y ser electos, estos procesos carecieron de legitimidad e integridad electoral, y se dieron además en un contexto no democrático".

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En la misma línea recordó la detención de siete personas que aspiraban a competir en las elecciones generales de 2021, las cuales posteriormente fueron desterradas y desnacionalizadas, junto a más de 200 otras personas que permanecían en las cárceles de la dictadura como presas políticas.

Más falacias

El informe del Estado de Nicaragua destaca además que en todos los procesos electorales participó el 100 por ciento de los partidos políticos con personalidad jurídica sin ninguna exclusión y que en cada proceso la ciudadanía asistió de forma masiva y libre a ejercer su derecho al voto.

En este sentido Urnas Abiertas recordó que la dictadura aprobó en diciembre de 2020, la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, (Ley 1055), la que utilizó como la principal herramienta para eliminar la competencia electoral a través de la persecución judicial.

Violencia política en todos los procesos

Valle resaltó también que durante las elecciones generales de 2021, las municipales de 2022 y las regionales de 2024, el observatorio registró "violencia política, estrategias de coacción al voto, uso ilegal de recursos públicos, cancelación de partidos políticos, manipulación excluyente del padrón electoral y falta de independencia de las autoridades electorales, y otra serie de eventos indicativos de fraude", hechos que también oculta el informe del régimen.

Por otro lado refirió que en las últimas elecciones regionales de la Costa Caribe, el Consejo Supremo Electoral, canceló la personería jurídica del partido indígena Yatama y encarceló a dirigentes de ese partido, Elizabeth Enríquez y Brooklyn Rivera, este último hasta la fecha bajo condición de desaparición forzada.

Finalmente, Urnas Abiertas hace un llamado a la comunidad internacional a emitir recomendaciones al Estado de Nicaragua para que las próximas elecciones de 2026, se den en condiciones democráticas y con la inclusión de observación ciudadana e internacional y que además se levante el estado policial de facto que mantiene la dictadura desde 2018.