Nicaragua: Un país sin datos oficiales fiables

En Nicaragua las estadísticas oficiales no son de fiar. Los principales indicadores están atravesados por la manipulación a conveniencia por parte de la dictadura Ortega Murillo para ganar réditos ante sus seguidores y organismos internacionales. En este trabajo, presentamos en dos partes, las repercusiones que tiene para el país la alteración de los datos públicos, así como otros aspectos del contexto que minan la credibilidad de las estadísticas nacionales y evidencian una falsa realidad, alejada de la situación real que se vive.

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Subregistros o datos inflados, alterados, maquillados, ocultos o desactualizados, son parte del esquema imperante producto de la manipulación amañada de las estadísticas, lo que unido a una política de secretismo y desinformación, han minado la credibilidad de los indicadores que presenta el régimen como datos oficiales a través de los principales entes de Estado encargados de generar información estadística.

El objetivo del régimen es ocultar lo más crudo de la realidad que vive el segundo país más pobre de Latinoamérica, y construir una realidad paralela aparente, vendiendo así una ilusión en la que resalta una gestión que refleja que el país va por buen rumbo en términos socioeconómicos, con avances importantes de cara al desarrollo, con restitución de derechos en materia de salud, educación, seguridad, entre otros ámbitos.

Pero todo es una farsa, también maquillada por la propaganda oficialista, diseñada bajo la premisa de Jossep Goebbels, de que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad.” Sin embargo, la filosofía de Goebbels no ha resultado muy efectiva para la dictadura Ortega Murillo.

Instituciones sin confianza ni credibilidad

Una investigación de Connectas, que analiza la situación de los datos oficiales en Nicaragua advierte que “el ocultamiento de cifras, la manipulación o la presentación de información falsa por parte del Estado nicaragüense durante la gestión de Daniel Ortega han minado la confianza en las instituciones y la credibilidad de sus voceros.”

El artículo de Connectas, publicado en septiembre de 2019, señala que en la última década “los datos proporcionados por el Gobierno siempre han sido menores a los reportados por organizaciones privadas” en referencia a organizaciones de sociedad civil y otras expresiones no gubernamentales como los centros de pensamiento, cámaras de industria y comercio, pequeños y microempresarios, entre otros.

La investigación ejemplifica la manipulación de datos, contrastando datos oficiales sobre los índices de pobreza con datos no oficiales generados a partir de estudios de entidades no gubernamentales. 

En 2016, por ejemplo, la encuesta del Inide que mide el nivel de vida reflejaba que la pobreza en Nicaragua afectaba solo al 24.9 % de la población.

Sin embargo, un estudio de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), indicaba que la pobreza general ese mismo año, afectaba al 42 % de la población. Una diferencia de 17 puntos porcentuales con respecto el dato del régimen.

Ortega pretendía hacer creer que desde que retornó al poder, en 2007, su gobierno redujo los índices de pobreza a la mitad. En 2007 los datos oficiales mostraban que el 48% de la población vivía en situación de pobreza. Los datos de la FIDEG indicaban que la reducción en 2016 era de solo seis puntos porcentuales.

De acuerdo a Connectas, el economista Néstor Avendaño afirmó que, en esa ocasión, el Banco Mundial (BM), no aceptó los resultados estatales sobre la encuesta de medición de la pobreza de INIDE porque dicha medición se realizó sin el aval técnico de la institución financiera. Recordó además que el BM, llevaba varios años de respaldando los resultados de esa misma encuesta.

Falta de credibilidad de datos oficiales se agudizó a partir de 2018

Personas expertas han señalado que, a partir de las protestas de abril de 2018, la falta de confianza y credibilidad sobre las estadísticas oficiales nacionales se ha agudizado, pues ya no se cuenta con la información de la mayoría de los sectores no gubernamentales que aportaban estadísticas.

Al respecto, la investigación de Connectas, citando nuevamente a Avendaño refiere que, en las reuniones periódicas, que previo a 2018, sostenían diversos sectores con el gabinete de producción del gobierno, entre cámaras de comercio, empresarios, cooperativistas, micro y pequeños productores, estos proporcionaban la información necesaria para alimentar las estadísticas nacionales. Pero desde 2018 y con el cierre de la mayoría de organizaciones de sociedad civil y el agravamiento de la crisis sociopolítica, estos espacios también se cerraron, lo que se traduce a la vez en el aumento de las dudas sobre fiabilidad de los datos oficiales.

La investigación concluye que “Las dudas sobre las cifras, ni siquiera dejan pie a que resulten creíbles los logros del gobierno”.

Datos son claves para el desarrollo

En cualquier país del mundo las instituciones del Estado generan datos principalmente sociodemográficos y socioeconómicos, los que constantemente son actualizados, para, a partir de su análisis formular políticas públicas que busquen dar respuestas a las necesidades más urgentes de la población o de los sectores más vulnerables de la misma, principalmente en materia de salud, educación y empleabilidad.

De igual forma, los gobiernos se apoyan en información estadísticas que generan entidades no gubernamentales especializadas como academias y centros de pensamiento, para contrastar y complementar datos, de manera que puedan tener información con mayor rigurosidad y credibilidad, lo que les permite a la vez diseñar estrategias, políticas, programas, proyectos y planes de acción que beneficien a los sectores más vulnerables de la población.

En la actualidad resulta casi imposible contrastar datos oficiales con datos generados por organizaciones no gubernamentales, porque la mayoría de las oenegés y agencias de cooperación que generaban información estadística a partir de estudios, encuestas y otros métodos científicos, fueron clausuradas por el régimen.

Algunas de las organizaciones de sociedad civil que generaban conocimiento cuantitativo clave en Nicaragua, pero que fueron clausuradas por el régimen son:

La Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, (Fideg), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Estas entidades no gubernamentales aportaban al fortalecimiento de la institucionalidad, a través de estudios y análisis rigurosos en diferentes campos, contaban con profesionales de diferentes ramas de las ciencias sociales, entre demógrafos, economistas, politólogos, antropólogos y juristas.

Datos manipulados a conveniencia

En 2018, el BCN presentó datos que reflejaban una reducción del desempleo, ubicando la tasa en 3.7 % con respecto a la población económicamente activa que era de 3.1 millones de personas. Con este dato, el BCN ubicaba la tasa de desempleo en su nivel más bajo en los últimos nueve años.

Connectas refiere que este dato fue ampliamente criticado por economistas independientes, quienes lamentaron que el BCN, “sin justificación ni aviso previo, haya suspendido la publicación de la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares, ya que esa información habría permitido verificar la consistencia de lo expuesto por el Estado”.

Personas expertas han advertido que la práctica de falsear, maquillar o manipular datos, con subregistros u ocultamiento son también una estrategia recurrente a la hora de presentar informes a los organismos financieros internacionales, para que el país salga con buenas calificaciones y así pueda acceder a más financiamiento externo.

La farsa gubernamental sobre la equidad de género

Un ejemplo claro de lo expuesto anteriormente es la falacia de que Nicaragua ha alcanzado la equidad en torno a la participación política, a raíz del decreto de 50-50, el que establece la distribución equitativa de los cargos públicos entre hombres y mujeres.

Lideresas opositoras en el exilio que han analizado la participación de la mujer en los cargos públicos han insistido en que el discurso del régimen respecto a la equidad de género no tiene ninguna validez porque está sustentado en un modelo autoritario en el que se nombra de dedo a las personas que ocuparán los cargos, principalmente en base a lealtades y no al reconocimiento del derecho de las mujeres a la participación en igualdad de condiciones.

LLudely Aburto, de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, en una reciente entrevista a Onda Local sobre el poder de decisión de las alcaldesas sandinistas, aseguró que estas solo son figuras decorativas, sin ninguna trascendencia en la toma de decisiones. “Donde hay una mujer como alcaldesa, hay un secretario político que dice lo que se va a hacer y cómo se va a hacer”, afirmó Aburto.

Para la especialista en temas de gobernanza municipal, la dictadura maquilla las cifras para demostrar que el país anda bien en relación a los indicadores de género, pero no es más que una farsa. “Al régimen lo que le interesa es aparentar que cumple con indicadores de equidad de género en la región” señala.

En efecto, la dictadura con su falacia, ha logrado engañar a algunas instancias internacionales. En junio de 2023 el Foro Económico Mundial calificó a Nicaragua como el país de Latinoamérica con más igualdad de género.

La experta reitera que “no hay un ejercicio de decisión real en los municipios, y pasa lo mismo en otras instituciones del Estado. Las mujeres están de adorno”. Asimismo, agrega que la verdadera igualdad en derechos y oportunidades se crea en un país con democracia y estado de derecho, condiciones actualmente ausentes en Nicaragua.

Una estocada al derecho a la información

Otro factor importante a destacar es el incumplimiento por parte del Estado a lo que mandata la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley No. 621).

El artículo primero de dicha ley refiere que esta tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas.

En tanto, el artículo 6 establece que cada entidad deberá crear una Oficina de Acceso a la Información Pública para lo cual se reorganizarán y adecuarán los recursos existentes. “Esta oficina dependerá de forma directa de la máxima autoridad de cada entidad y tendrá como misión facilitar, a las personas que así lo demanden, el acceso a la información, creando un sistema de organización de la información y los archivos, con su respectivo índice de la información a su resguardo” se lee en el mismo artículo.

Durante el gobierno de Enrique Bolaños, (2002-2007), se estableció en la mayoría de entes estatales, una red de sitios en los que se podía acceder a información pública. Sin embargo, luego del retorno de Ortega al poder, a partir de 2007, toda la estructura informática desarrollada por Bolaños fue desmantelada paulatinamente, a la fecha son pocas instituciones públicas cuyos sitios web poseen información y datos de libre acceso a la ciudadanía.

A raíz del retorno del sandinismo al poder en 2007, el régimen retiró información estadística y presupuestaria que antes era accesible en los sitios oficiales de varios ministerios, entre otros, el Minsa, el Mined, el MHCP. El problema se profundizó a partir de 2018, porque la dictadura empezó descontinuar los informes estadísticos, a ocultar y maquillar información y usar con más frecuencia la estrategia de los subregistros.

La letal manipulación en medio de la pandemia

La práctica de los subregistros estadísticos y otras formas de manipulación de datos por parte del régimen Ortega Murillo, han sido advertidas por especialistas en diferentes momentos.

En el contexto de la pandemia de la Covid-19, la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, en un análisis publicado en la revista Pensamiento Propio de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), sobre los subregistros de casos de contagio divulgados por el Minsa, refería que “las estadísticas oficiales gozan de muy baja credibilidad y confianza debido a la política de control restrictivo sobre la información que prevalece en las instituciones públicas, especialmente, a la evolución de la pandemia”.

Por otra parte, en el mismo contexto, a finales de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó, a través de un comunicado de sus Relatorías Especiales, su grave preocupación por “la ausencia de información fidedigna y la persistencia de desinformación oficial sobre el alcance de la pandemia de la Covid-19 en Nicaragua”.

La CIDH manifestó tajantemente que en Nicaragua “se violenta el derecho a acceso a la información de la población en un momento crucial para la salud de la población e impide evaluar la responsabilidad de las autoridades frente a la emergencia sanitaria”.

En tanto una investigación dada a conocer en diciembre de 2021, realizada por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción, estimaba que, en el país, entre 6000 y 9000 personas murieron por la Covid-19, sin embargo, estas muertes no fueron reconocidas por las autoridades, porque fueron atribuidas a otras causas, para reducir a conveniencia las estadísticas de la pandemia.

La situación alcanzó altos niveles de gravedad, al extremo que, en mayo de 2020, cinco exministros de salud de Nicaragua, enviaron una misiva al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la directora de la Organización Panamericana de Salud (OPS), en la que denuncian, entre otras cosas, además del mal manejo de la pandemia por parte de la dictadura, la manipulación de las cifras de muertes por Covid-19 en Nicaragua

La misiva fue firmada por los exministros Lea Guido (1980-1985), Dora María Téllez (1985-1990), Lombardo Martínez (1997-1999), Martha McCoy (1999-2000) y Margarita Gurdián (2004-2007).

En el mismo contexto de la emergencia sanitaria global, el monitoreo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH denunció que la dictadura en Nicaragua proporcionaba información confusa, poco confiable e inespecífica.

“Esta información, que sólo puede la producir el Estado, es prioritaria y valiosa para garantizar la salud humana”, manifestó el Meseni en ese momento, a la vez que advirtió que la información oficial tampoco permitía conocer la situación del personal de salud y la capacidad hospitalaria para enfrentar la emergencia, entre otros indicadores.

Paralelamente los esfuerzos de médicos independientes organizados para monitorear la pandemia y hacer estimaciones, fueron sofocados por el régimen a través de la censura, asedio, persecución y amenazas de cárcel.

La manipulación de datos expresada en subregistros y maquillaje de los mismos, como ocurrió en el contexto de la pandemia, continúa siendo una política de Estado de la dictadura Ortega Murillo. 

En dependencia de los intereses del régimen, los datos se ocultan, son maquillados o son inflados. La información cuantitativa que fluye a través de los medios oficialista es mera propaganda. 

Como bien lo plantea la investigación de Connectas, citada en este trabajo, las dudas sobre las cifras oficiales que presenta el régimen, hacen que ni siquiera los logros del gobierno sean creíbles.