Dictadura Ortega Murillo niega represión ante la ONU y dice que respeta DD.HH.

La dictadura Ortega Murillo presentó este miércoles 13 de noviembre, en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que niega enfáticamente que violenta los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía nicaragüense y afirma que por el contrario “Nicaragua continúa trabajando por la paz, la estabilidad, el bien común, la justicia, el orden constitucional y social, y los derechos humanos”.

El informe presentado por Nicaragua también aduce que las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le permitieron al gobierno “seguir avanzando en el respeto y restitución a los derechos humanos y garantías constitucionales”.

Cabe señalar sin embargo que los 77 países que previamente intervinieron en el proceso de evaluación de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, emitieron 209 recomendaciones de las cuales el régimen solo aceptó 154.

Las emisarias del gobierno que defendieron el informe de manera virtual fueron, Wendy Morales Urbina, fiscal general de la República; María Elsa Frixione, procuradora de lo Contencioso Constitucional y Administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), además de Jeanette García y Carmen Rodríguez, procuradora de patrimonio nacional y procuradora de la familia, respectivamente, ambas instancias también adscritas a la PGR.

De manera presencial participaron la representante permanente de Nicaragua ante la ONU, Rosalía Bohórquez, la ministra consejera de la misión permanente, Claudia López, además de Geraldine Bautista, consejera de la misión permanente de Nicaragua ante la UBU, Freddy Ruiz Matus agregado comercial ante la ONU y la OMC.

Informe atiborrado de falacias

El resumen del informe cuya lectura estuvo a cargo de Morales Urbina, destaca los avances de Nicaragua, desde la realidad paralela que construye el régimen, en materia de derechos económicos, laborales, de la familia, derechos a la educación y la salud, los derechos de las mujeres. También se refiere al derecho a la propiedad y restablecimiento de la propiedad de los pueblos indígenas y al derecho a la justicia.

El cuarteto de súbditas de la dictadura que defendió el informe, ante la interpelación de las delegaciones de diversos países, insistió en que Nicaragua ha avanzado sustantivamente en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, pese al clima de represión, persecución, censura y desmantelamiento de los espacios de participación ciudadana, el que ha incrementado exponencialmente a partir de 2018 y cuya evidencia está debidamente documentada en los diferentes informes de, principalmente de la CIDH y del GHREN.

“El Estado continúa trabajando por la paz, la estabilidad y los derechos humanos, con base en la Ley Nº 985, que promueve una cultura de paz y reconciliación como política de Estado, con la finalidad de fortalecer el estado democrático y social de derecho, para salvaguardar la paz, la estabilidad, el bien común y la convivencia pacífica” insiste el informe.

Las mentiras más grandes: “Plena libertad de expresión y organización”

Durante la exposición la fiscal nacional, haciendo eco del discurso negacionista del régimen, aseguró que en Nicaragua “la sociedad civil puede ejercer su labor” y afirmó además que en el país “se respeta la independencia y pluralismo de los medios de comunicación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política”.

Pese al cierre y confiscación de medios independientes, y a la persecución de periodistas, la funcionaria aseguró que hay diversidad de medios de comunicación privados y que solo dos son propiedad del Estado.

En efecto y en contradicción con la realidad que vive el país en materia de libertad de expresión, el informe del régimen asegura que “Nicaragua mantiene una diversidad con 294 estaciones de radiodifusión y 26 estaciones de televisión abierta, administradas principalmente por entidades privadas, a excepción de los únicos dos medios propiedad del Estado”.

Sin embargo, de acuerdo al monitoreo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y expresión cerca de 300 periodistas han abandonado el país debido al cierre de sus espacios informativos y a la persecución que sufrían por parte del régimen.

El más reciente informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), dado a conocer el pasado 7 de octubre, indica que al menos 278 periodistas se vieron forzados a abandonar el país en los últimos seis años para escapar de la persecución de la dictadura Ortega Murillo.

La funcionaria orteguista también expelió otra falacia al asegurar que “seguimos siendo reconocidos como el país más seguro de Centroamericana y como un referente en Latinoamérica siendo el tercer país menos violento de América Latina”.

Sobre los últimos procesos electorales afirmó que: “En todos los procesos, participaron el 100% de los partidos políticos con personalidad jurídica sin ninguna exclusión dentro del marco jurídico de la nación” a la vez que aseguró que, en cada proceso electoral, “los ciudadanos asistieron de forma masiva y libre a ejercer su derecho al voto”.

En materia de derecho internacional, Morales dijo que “Nicaragua promueve y defiende el respeto de los principios que rigen el derecho internacional, el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, sus principios y propósitos.”

Los documentos en los que se basa el Examen Periódico Universal del país en materia de derechos humanos son: 1.- El informe nacional presentado por el Estado de Nicaragua. 2.- La información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos y 3.- La información proporcionada por otras instancias u organizaciones interesadas, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil.

Lluvia de críticas y condenas: más de 50 países objetaron informe

Posterior a la presentación del informe, 56 de los 88 países que solicitaron la palabra, externaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua e hicieron recomendaciones al régimen.

Los países que interpelaron el informe de Nicaragua, basándose en los informes del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, hicieron un llamado al régimen a cesar la persecución política y religiosa, las detenciones arbitrarias, la represión y criminalización contra la disidencia, la persecución contra periodista y mujeres opositoras, el cierre del espacio cívicos, la apatridia, entre otros métodos represivos adoptados por la dictadura Ortega Murillo. Asimismo, hicieron llamados respeto a la independencia entre los poderes del Estado y a realizar verdaderas elecciones libres.

Entre las delegaciones del continente americano que exhortaron al régimen a respetar los derechos humanos e hicieron recomendaciones puntuales respecto a la garantía de los mismos, están Panamá, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y Chile.

Funcionarias refutan intervenciones y justifican represión

Las funcionarias orteguistas delegadas ante la ONU para defender el informe del régimen, arengaron contra los países que criticaron más fuertemente el accionar represivo de la dictadura, a la vez que justificaron y defendieron los diferentes métodos que el régimen aplica como castigo a la disidencia en Nicaragua y fuera de sus fronteras. 

Sobre el tema de la pérdida de nacionalidad y la apatridia, la procuradora de la familia, de la PGR, Carmen Rodríguez, afirmó que el castigo de la perdida de nacionalidad aplicada a quienes cometen delito de traición a la patria, está fundamentado en la Constitución y otras leyes que defienden la soberanía nacional.

En relación al tema de la represión transnacional que han documentado tanto organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la procuradora de lo Contencioso Constitucional y Administrativo, María Elsa Frixione, negó las acusaciones y adujo que “Nicaragua respeta la soberanía de otros países y no participa en hostigamiento fuera de sus fronteras”.

Respecto a la aprehensión de líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, la procuradora de patrimonio nacional, Jeanette García afirmó que estos fueron detenidos por los delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas.

Regimen reitera el “no” al Estatuto de Roma

García también hizo referencia a la decisión del régimen Ortega Murillo de no ratificar el Estatuto de Roma, que pondría a Nicaragua bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con los crímenes de lesa humanidad.

“Mantenemos nuestra posición de no ser parte de esa instancia jurídica internacional porque consideramos que dicha Corte no ha dado muestras de imparcialidad y justo equilibrio en su desempeño”, afirmó la funcionaria.

Asimismo refirió que “los delitos considerados competencia de la CPI están tipificados en nuestra jurisdicción interna a través del Código Penal vigente desde el año 2008”.

Pese a la obstinación de la dictadura Ortega Murillo por negar o justificar la represión, rechazar las acusaciones y venderse como defensor de los derechos humanos, a través del sequito de delegadas ante la ONU, la comunidad internacional una vez más no dio crédito a la retórica Ortega-Murillo, y condenó mayoritariamente las acciones represivas de la dictadura nicaragüense.