EPU: Régimen de Daniel Ortega niega violación al derecho de asociación

El régimen de Daniel Ortega descaradamente negó que, en Nicaragua, se violen los derechos a la libertad de expresión, de asociación y movilización. 

Durante la presentación del informe del Estado de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), la dictadura de Daniel Ortega, mintió sin el más mínimo reparo y negó todo tipo de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la libertad de asociación y expresión. 

Wendy Morales, procuradora de Derechos Humanos de Nicaragua, representó a Nicaragua, junto a Janet García, Carmen Soledad Rodríguez y María Elza Frixione. 

El EPU es un mecanismo para evaluar la situación de los derechos humanos y bienestar social de los países que se realiza cada cuatro años y medio. En el anterior EPU, Nicaragua recibió muchos comentarios sobre la situación de derechos humanos. 

Morales afirmó que las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer su labor apegados a sus estatutos internos sin quebrantar el ordenamiento jurídico nacional. En Nicaragua, más de 5 mil organizaciones civiles han sido canceladas desde 2018, sin seguir ningún tipo de procedimientos, más que la decisión de las autoridades de arrebatarles la personería jurídica. 

“Se respeta el pluralismo e independencia de los medios de comunicación nacional de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política”, aseveró Morales, a pesar del cierre y confiscación de varios medios de comunicación y el exilio forzado de casi 300 periodistas.

Morales expresó que, en Nicaragua, se “garantiza” el derecho a elegir y ser elegido.  

“En los últimos cuatro procesos electorales transcurrieron en paz”, mencionó la funcionaria obviando que todas las personas aspirantes a la presidencia fueron arrestadas en el contexto del “proceso electoral” de 2021. 

No al Estatuto de Roma

Janet García, delegada de la Procuraduria de Derechos Humanos, respondió a las delegaciones de Bélgica y Lichtenstein que Nicaragua  valorará el momento oportuno para adherirse o ratificar varios convenios internacionales. 

En el caso sobre el Estatuto de Roma, García manifestó que Nicaragua mantiene su posición de “no ser parte de esa instancia jurídica internacional” porque considera que “dicha corte no ha dado muestra suficiente de imparcialidad”.  

García afirmó que en Nicaragua no hay violación a la libertad de organización en relaciones a las observaciones de Canadá respecto a la cancelación de personería jurídica y de Alemania respecto al cierre de algunas universidades. 

“Expresamos que las referidas cancelaciones de personería jurídica, no han constituido violaciones del derecho a la libertad de organización, ni responden a ninguna política de persecución de organizaciones, sino que han sido el resultado de la aplicación de la ley en la materia”, aseguró la funcionaria. 

García expresó que se ha cumplido el debido proceso, ya que “en algunos casos se comprobó que habían recibido fondos para desestabilizar el país”. En el caso del cierre de universidades, sostuvo que “comprobaron que había universidades que impartían carreras no autorizadas y no tenían la calidad que se exige”. 

La funcionaria dijo que en Nicaragua “se reconoce el derecho a concentración y manifestación pacífica y movilización pública, pero como en todo país, dicho derecho debe ser ejercido en apego a las normas. No se ha reprimido ninguna protesta pacífica”.

Justifican desaparición de líderes indígenas y uso de parapolicías 

García argumentó que la detención y posterior desaparición de los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henriquez, se debe a un proceso judicial en su contra. 

“(Rivera) abandono de labores parlamentarias por más de 60 días continuos sin causa justificada. Tanto a Rivera como a la señora Nancy Elizabet Henriquez James, les fue suspendida su inmunidad de diputado para ser sometidos a investigación por comisión de delitos graves, específicamente por traición, menoscabo a la integridad nacional y conspiración”, explicó García ante el plenario. 

Carmen Rodríguez añadió que “hay un proceso de restitución de los derechos de los pueblos indígenas y es parte integral de las políticas nacionales”.  

Sin embargo, a su criterio “el saneamiento no puede verse ni entenderse como la actuación de oficio del Estado para la expulsión de grupos poblacionales de terceros. El saneamiento representa la última etapa del proceso de titulación”. 

En ese escenario propuso que los pueblos indígenas deben convivir con las personas invasoras o bien el Estado debe indemnizar a “los terceros” para que abandonen las tierras indígenas. 

“La situación actual de las comunidades en general es de armonía, tranquilidad y seguridad”, aseguró Rodríguez sin mencionar los asesinatos de personas indígenas debido a las invasiones de tierras. 

Por su parte, Carmen Soledad Rodríguez, otra delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos, afirmó que el Estado de Nicaragua no acepta la existencia de grupos parapoliciales, en relación a las observaciones en este tema. 

“En todas las ocasiones en las que se ha tenido que intervenir para restituir el orden y la armonía social participan las fuerza policías como en cualquier país y cuando ha sido necesario también pueden participar algunos policías voluntarios, quienes actúan como un cuerpo auxiliar de la policía”, expresó Rodríguez.

Esta funcionaria, además reconoció que en Nicaragua, se reformó la Constitución Política para incluir la figura del destierro y la desnacionalización. “Los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, aseguró Rodríguez, quien omitió mencionar que más de 300 personas han sido desnacionalizadas y confiscadas desde el año 2023. 

Para concluir, Rodriguez expresó que en Nicaragua “el derecho a la información ha sido respetado por el Gobierno de Nicaragua y ha garantizado el pleno ejercicio a la libertad de expresión. No existe censura previa ni restricción a ese derecho”. 

Informe cínico del régimen 

Un total de 88 países intervinieron con observaciones, 37 de estos no se pronunciaron por la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Entre estos se encuentran, países aliados de la dictadura de Daniel Ortega como Cuba, Venezuela, Irán y China. 

El viernes 15 de noviembre la ONU presentó su informe final sobre si Nicaragua, en el que retoma las recomendaciones que se le hicieron en el EPU anterior. 

Efrain Ordoñez, de la Red Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia (Red Local), califica como de cínico, el informe presentado por el régimen de Daniel Ortega.  

“Los que hemos dado seguimiento consideramos que es un informe que se centra en indicadores de políticas públicas que no son auditables. La narrativa del régimen al presentar los datos sociales quería dejar la impresión de que el país anda bien, quieren lavarse la cara y quieren maquillar la realidad pero hay mecanismos internacionales que fiscalizan el actuar del régimen en derechos humanos”, argumentó Ordoñez. 

El defensor de derechos humanos afirma que el régimen omite todas las violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018, “son expertos en no mencionar las cosas que le hacen daño”, mencionó. 

Destacó que el régimen quiere aparentar que en Nicaragua “hay una aplicación de la ley” y que  no hay violaciones de derechos humanos y represión, al justificar la desnacionalización, la encarcelación, la confiscación y el destierro de personas opositoras y periodistas. 

Ordoñez califica que el hecho de que 56 países de 88, que dieron opiniones sobre Nicaragua, hayan recomendado mejorar la situación de derechos humanos, es una presión contra el régimen. 

“Solamente seis países felicitaron al régimen por su informe y generalmente son sus aliados”, detalló. 

Ordoñez asegura que las recomendaciones que ha recibido el régimen para mejorar la situación de los derechos humanos, se debe al trabajo coordinado de 19 organizaciones de la sociedad civil. 

“A través de Red Local, trabajamos informes alternativos sobre los derechos humanos, es un esfuerzo coordinado de 19 organizaciones para desmentir la realidad del régimen sobre la situación de los derechos humanos”, expresó. 

Considera que el principal logro de esta coordinación fueron los informes por temáticas que se presentaron, el uso de los espacios internacionales para seguir denunciando las violaciones de derechos humanos. “Países como España, Alemania y Lituania retomaron información de este trabajo coordinado para brindar recomendaciones al régimen”, asegura.