“Escudo” ruso-nica para evadir la justicia internacional
- 11 Jul 2025
- 7:47 p.m.
El acuerdo de protección reciproca fue suscrito por Laureano Ortega y el ministro Justicia de Rusia, Konstantin Chuychenko. • Foto: Medios oficialistas
El parlamento nicaragüense dominado por diputados leales a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este jueves 10 de julio, un acuerdo suscrito con Rusia para la protección recíproca “contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional”, con el que los gobernantes de ambos países buscan evadir la justicia internacional ante acusaciones como los crímenes de lesa humanidad de la que son señalados ambos gobiernos internacionalmente.
El acuerdo, denominado “Acuerdo sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional” fue suscrito entre Rusia y Nicaragua 20 de junio pasado en San Petersburgo y luego de ser aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, deberá ser ratificado por la Duma Estatal de la Federación de Rusia.
Dicho instrumento jurídico binacional, según el Legislativo nicaragüense, “protegerá a los ciudadanos nicaragüenses y rusos de la tergiversación que actualmente se hace de las cartas de organismo internacionales de donde emanan resoluciones ilegitimas”.
No obstantes analistas han advertido que la promulgación de dicho documento busca proteger a funcionarios de ambos países frente a acusaciones en tribunales como la Corte Penal Internacional, y revestirlos así de inmunidad e impunidad ante las constantes violaciones de derechos humanos, principalmente los crímenes de lesa humanidad.
Los dictadores nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo argumentaron en la exposición de motivos de la iniciativa que en la actualidad “el mundo es testigo del doble racero de la justicia internacional, la cual cada día es objeto de manipulación y utilización, convirtiéndose en un instrumento de injerencia e intervención política en contra de países que luchan por el respeto de su soberanía y autodeterminación”.
Asimismo, señalan que la justicia penal internacional tiene grandes vacíos y contradicciones y que la justicia internacional se ha dedicado a complacer a los países hegemónicos y ocultar sus crímenes.
El documento establece que: “Una persona protegida de una de las Partes no podrá ser entregada por la otra Parte a una tercera parte por medio de expulsión, deportación o extrañamiento, por motivos no relacionados con la extradición sin consentimiento previo expreso de la primera Parte”.
El acuerdo reviste de inmunidad absoluta a los dictadores nicaragüenses y a su ministro de relaciones exteriores, y de inmunidad funcional a personas funcionarias de la Policía y el Ejército; alcaldes y vicealcaldes, así como a cualquier otro funcionario que haya sido nombrado a través de la Asamblea Nacional o por los propios dictadores.
De acuerdo a analistas, con la suscripción y ratificación de este acuerdo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca garantizar su protección, la de su familia y allegados, ante una eventual caída de su régimen y evadir así la justicia por los crímenes cometidos contra la población nicaragüense.
