Amnistía Internacional: En Nicaragua impera la impunidad

El despojo arbitrario de la nacionalidad, las detenciones y reclusión arbitrarias, los ataques contra la libertad de expresión, la persecución religiosa, el desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil y los abusos y violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, son parte de las acciones represivas que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue ejerciendo con total impunidad en Nicaragua, destaca el informe anual de Amnistía Internacional (AI), dado a conocer este lunes 28 de abril.

El informe de la organización defensora de derechos humanos, recoge las principales incidencias ocurridas en Nicaragua producto de la sistemática represión dictatorial contra la disidencia y otros sectores que no comulgan con la deriva autoritaria de Ortega y Murillo.

En su apartado sobre Nicaragua, el informe mundial de AI destaca que, en 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, publicó cuatro informes en los que se pone de relieve los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; miembros de la iglesia católica y otras confesiones cristianas.

Asimismo, refiere que también han sido víctimas constantes de la represión Estatal, comunidades rurales, estudiantes, docentes y personal de gestión, entre otros miembros del mundo universitario. “Pese a los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que el gobierno investigara los abusos contra los derechos humanos y rindiera cuentas, imperaba la impunidad”.

“Se seguía expulsando, privando de la nacionalidad y sometiendo a detención arbitraria a disidentes y otras personas, que quedaban expuestas a un alto grado de vulnerabilidad y a violaciones de sus derechos. Las autoridades impusieron restricciones estrictas a los medios de comunicación, amenazando con ello la libertad de expresión. Quienes ejercían el periodismo corrían peligro de muerte y de desaparición forzada. Los pueblos indígenas seguían en riesgo de sufrir desplazamiento, desaparición forzada y ataques por parte de grupos armados progubernamentales” sintetiza el informe de AI.

AI también hace referencia a que 16 representantes de la iglesia católica, incluido el obispo Rolando Álvarez, fueron expulsados y despojados de la nacionalidad. También destaca la expulsión a Guatemala de 135 personas que habían estado encarceladas por motivos políticos, algunas de ellas durante más de dos años.

“Desde el inicio de las expulsiones en 2023, más de 400 personas habían perdido el acceso a sus bienes, veían restringidos sus derechos y libertades y tenían muchas dificultades para integrarse en los países de acogida” refiere el informe.

Por otro lado, destaca que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua documentó al menos 151 casos de detención por motivos políticos en 2024. “Al concluir el año, 45 de esas personas continuaban privadas de libertad” advierte.

Además, resalta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en favor de muchas de las personas detenidas por motivos políticos y ordenó a Nicaragua que adoptara las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, su integridad, su salud, su alimentación adecuada, su acceso al agua potable y su libertad personal.

“Según la información recibida, la violencia y la tortura y otros malos tratos en las cárceles -incluidos los abusos físicos y psicológicos infligidos por las autoridades penitenciarias- eran habituales. La comunidad internacional, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó medidas cautelares para proteger a varias personas, pero las condiciones de los centros penitenciarios seguían siendo precarias” refiere el informe de AI.

En lo que respecta a la libertad de expresión, el informe advierte citando a la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua PCIN, que al menos 276 periodistas huyeron del país de forma forzosa entre 2018 y 2024. Luego de la feroz persecución desatada contra la prensa independiente, “entre 2018 y junio de 2024, más de 50 medios habían visto sus bienes decomisados” dice el informe, el que también destaca que las autoridades seguían aplicando medidas para silenciar a los medios de comunicación independientes, lo que creaba un vacío informativo y dificultaba a la población nicaragüense el acceso a noticias e información independientes”.

En la misma vía el reporte de AI menciona la ejecución extrajudicial del periodista Ángel Gahona y la desaparición forzada de la periodista Fabiola Tercero.

AI también hace referencia al desplazamiento forzado y los ataques a mando de grupos armados progubernamentales y colones que sufren los pueblos indígenas, principalmente de la Costa Caribe norte de Nicaragua. “Se registraron múltiples violaciones de derechos humanos contra personas indígenas defensoras, como detención arbitraria, desaparición forzada y desplazamiento de población en territorios tales como la Reserva de la Biosfera de Bosawás” alude AI en su informe.

La organización defensora a nivel global, cada año presenta un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.