La Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitió el 23 de julio de 2025, una Opinión Consultiva donde establece que los Estados tienen la obligación de prevenir daños significativos al clima y proteger los derechos humanos, además redefine el marco legal global frente a la emergencia climática.

“La protección de las personas y del planeta es una obligación legal y moral ineludible y los Estados deben actuar conforme a la mejor ciencia disponible reflejada en los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), para prevenir daños irreversibles al sistema climático y garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras” dijo Iwasawa Yuji, presidente de la CIJ.

Las implicaciones para Centroamérica

En el contexto centroamericano, donde el cambio climático ya está deteriorando medios de vida, ecosistemas y afectando la soberanía alimentaria, está resolución de la Corte asienta “una base mínima, de lo que se le puede exigir a los países miembros de la OEA en general, no solo a los que han suscrito los tratados de derechos humanos”, destaca Adrián Martínez, especlialista en cambio climático y director de la organización costarricense La Ruta del Clima.

Martínez comenta que en las comunidades rememoran lo que sus antepasados tenían y que ahora ya no existe. “La relación entre la tierra, el mar y la gente ha cambiado, y eso es un perjuicio directo a la vida digna y a nuestra calidad de vida”, explicó el especialista.

Una Opinión Consultiva es una explicación legal que da la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre lo que deben hacer los Estados según el derecho internacional.

Aunque no es una orden, tiene mucho peso normativo, político y moral, y ayuda a que los países, tribunales y organismos internacionales entiendan mejor cómo aplicar esas reglas, en este caso específico a crisis climática y derechos humanos.

Para Centroamérica, la Opinión Consultiva representa una herramienta jurídica y política de alto valor, porque las comunidades que enfrentan sequías, huracanes, pérdida de cultivos, erosión costera y desplazamientos ahora cuentan con una base legal sólida para exigir respuestas.

Es importante destacar que la CIJ reconoce que el cambio climático vulnera derechos humanos fundamentales como la vida, la salud, el agua y la alimentación, lo que legitima mecanismos nacionales e internacionales de reparación.

“Necesitamos asegurar primero que haya seguridad hídrica, seguridad alimentaria y después hay muchísimos reclamos que son urgentes, hay comunidades costeras que ya se están viendo erosionadas, comunidades que están acá en Costa Rica, en el Golfo de Nicoya; en Honduras, en Cedeño y en Choluteca, hay comunidades que están sufriendo ya el desplazamiento, que no pueden sembrar y por eso dejan la siembra y buscan mejor suerte en el norte”, añadió Martínez.

Humedales amenazados por el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación

Para Laura Restrepo, oficial de incidencia de la Red de Acción Climática para América Latina, “está Opinión Consultiva marca un punto de no retorno en la historia del derecho internacional, porque la crisis climática no puede seguir tratándose como una cuestión aislada, sino como una violación sistémica de los derechos humanos más fundamentales”.

Además, la resolución de la Corte refuerza el principio de “quien contamina paga” y exige que los Estados cooperen activa y diligentemente en el cumplimiento de los objetivos climáticos globales. Esto implica que los países del norte deben asumir su deuda histórica y garantizar recursos financieros y tecnológicos para que las poblaciones más afectadas como las centroamericanas para que puedan acceder a una vida digna.

Por su parte, Gladys Martínez, directora de AIDA, puntualizó: “Esta decisión fortalece la base jurídica para que comunidades y sociedad civil sigamos defendiendo el ambiente sano como vía para lograr el disfrute pleno de todos los derechos humanos”.

Reconocer el daño y garantizar el derecho a la reparación

En la Opinión Consultiva la CIJ destaca que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), que son los compromisos asumidos por los países para enfrentar la crisis climática, son obligaciones de los Estados, quienes deben garantizar progresividad, máxima ambición y coherencia con la meta de 1.5 °C. De lo contrario, su conducta puede ser considerada una violación del derecho internacional.

La Corte dejó claro que los Estados no tienen discrecionalidad absoluta para definir la ambición de sus NDCs. Deben seguir los parámetros establecidos en el Acuerdo de París de hace 10 años, donde se estableció progresión, máxima ambición y equidad, así como rendición de cuentas; el que además, incorpora un marco jurídico amplio que incluye tratados de derechos humanos, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención del Derecho del Mar, entre otros.

En la Opinión Consultiva también se advierte que la concesión de subsidios a los combustibles fósiles y el otorgamiento de licencias de exploración puede constituir un “acto internacionalmente ilícito atribuible al Estado”, abriendo la puerta a procesos legales por responsabilidad internacional.

En una nota de prensa de la Red de Acción Climática para América Latina, se menciona que “los grandes emisores ya no tienen excusa para postergar la acción climática”.

Otro aspecto importante de la Opinión Consultiva es que los Estados tienen obligaciones no solo dentro de sus fronteras, sino también en relación con el daño transfronterizo que sus emisiones generan. Esto reviste particular importancia para países de bajo nivel de emisiones históricas como Costa Rica, Nicaragua, Honduras o El Salvador, quienes ya enfrentan los impactos más severos del cambio climático. “Las comunidades tienen derecho a reclamar reparación, restauración de sus ecosistemas y protección de sus medios de vida, incluso frente a empresas contaminantes”, agregó Martínez.

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La ruta hacia la COP30 y una nueva agenda climática

La Opinión Consultiva se da a menos de cuatro meses que se celebre la Conferencia de las Partes número 30 (COP30) en la Amazonía de Brasil, organizaciones como La Ruta del Clima han solicitado a la presidencia de esta COP que incorpore el enfoque de reparaciones climáticas como un pilar junto a mitigación y adaptación.

Al respecto, Adrián Martínez explica que se debe tener una solución multilateral, donde las delegaciones, países, observadores, organizaciones de la sociedad civil y universidades “que se personen a esta cumbre climática tienen que reclamar nuestro derecho y eso es lo que nos ha dicho la CIJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hay obligaciones estatales que podemos reclamar”, puntualizó.

Desde la juventud organizada, el pronunciamiento de la Haya se recibe como un hito. “Para las juventudes y comunidades vulnerables, la decisión de la CIJ nos da herramientas para exigir un futuro habitable”, refirió Mariana Campos Vega, coordinadora para América Latina de World’s Youth for Climate Justice.