Autonomía de la Costa Caribe en agonía 38 años después de su promulgación

A 38 años de la aprobación de Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (Ley No.28), promulgada en octubre de 1987, los pueblos indígenas y afrodescendientes están siendo testigos de su sistemática demolición y ante sus ojos solo quedan los vestigios de lo que se soñó como un proceso que por fin restituiría los derechos ancestrales de estas poblaciones caribeñas.

El Estado de Nicaragua está obligado a proteger a las poblaciones indígenas, así como a garantizar y respetar sus derechos sobre sus tierras y territorios, pero, por el contrario, la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante los últimos años, han puesto en marcha la ejecución de un sistemático etnocidio que está obligando a estos pueblos al desplazamiento forzado.

Así lo han denunciado líderes indígenas, activistas y defensores ambientales y de derechos humanos durante los últimos años.

En un reciente reportaje publicado por Onda Local, la activista indígena de ascendencia misquita, Anexa Alfred, advirtió que en las actuales circunstancias no se puede hablar de la existencia de un régimen autonómico en la Costa Caribe, porque “lo que vemos es una pantomima”. En esa ocasión Alfred hizo alusión al último proceso electoral en las regiones (2023), en las que el régimen no permitió la participación de ninguna organización o partido político indígena.

Sin embargo, lo planteado por Alfred, solo es una pequeña parte de la punta del iceberg.

Otra activista indígena que solicitó anonimato, refirió que otra de las acciones abusivas de la dictadura Ortega Murillo que más ha golpeado la autonomía, es la cooptación de las autoridades de los Gobiernos y Consejos Regionales de la Costa Caribe.

También lideresas indígenas se remiten a las acciones violentas de colonos armados que toman las tierras indígenas impunemente ante la vista y paciencia del Ejército y la Policía. Acciones que a lo largo de la última década han dejado decenas de personas indígenas asesinadas.

El reglamento de la Ley 28, en su artículo tres, define el Régimen de Autonomía como “el sistema o forma de gobierno, jurídico, político, administrativo, económico y financieramente descentralizado dentro de la unidad del Estado nicaragüense”. Entre los derechos autonómicos de las poblaciones que habitan en las comunidades de la Costa Caribe, reconocidos por la Ley 28, destacan la preservación y desarrollo de sus lenguas, religiones y culturas; desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores; el uso, goce y disfrute de las aguas, bosques y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional. De igual forma la ley reconoce las formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la trasmisión de la misma.

En el contexto del 38 aniversario del reconocimiento del estatus de Autonomía de la Costa Caribe, el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA), mediante un comunicado, ha puesto el dedo sobre la llaga enfatizando, entre otras cosas, la persistente violación de los derechos humanos de estas poblaciones, el saqueo de sus recursos naturales y el control político que se ejerce en las regiones desde el gobierno central. Condiciones que han venido asfixiando el régimen autonómico que a duras penas estaba en proceso de consolidación.

La organización indígena recuerda que la Ley 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe, reconoce los derechos colectivos sobre la tierra, los bienes naturales, la identidad cultural y las formas propias de organización y administración. No obstante advierte que “la autonomía sigue siendo limitada y condicionada por un Estado centralista que obstaculiza el autogobierno real de nuestras comunidades”.

El OPIA resalta en su comunicado que desde tiempos históricos, el Estado de Nicaragua ha impuesto en las regiones del Caribe nicaragüense, “un modelo de desarrollo extractivista, racista y colonizador, que ha servido para justificar la sobreexplotación de los bienes naturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Asimismo refiere que también ha sido una constante histórica que la polarización política ha penetrado las estructuras de gobiernos tradicionales, debilitando el liderazgo nativo e imponiendo candidaturas subordinadas al Gobierno Central y a los partidos de turno.

Cooptación, confiscación y asesinatos

El Observatorio alerta que el régimen autonómico ha sido cooptado por el partido de gobierno, restringiendo la capacidad de las autoridades tradicionales y reduciendo la consulta previa a una formalidad vacía.

Señala además que normas jurídicas como la recién aprobada Ley de Territorios Fronterizos, “facilitan la confiscación de tierras ancestrales, atentando contra la subsistencia de nuestros pueblos”.

Por otro lado señala que desde el 2012 hasta la fecha, más de 105 líderes, guardabosques e indígenas han sido asesinados por defender sus bosques y territorios ante colonos y actores extractivos.

De igual forma enfatiza que persiste prácticas que coadyuban al detrimento la vida de los pueblos indígenas y caribeños, entre las que enumera la entrega de concesiones mineras en áreas protegidas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y asesinatos impunes principalmente contra los pueblos Miskitu y Mayangna.

Enérgica condena a etnocidio

El Observatorio refiere que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos 18 años, junto a acciones como la destrucción de las estructuras legítimas de gobierno comunal y la ausencia de medidas efectivas para frenar la invasión de colonos, provocan la persecución, el desplazamiento, las amenazas y los asesinatos, que constituyen un etnocidio contra estos pueblos. Por tanto condena de manera enérgica tales acciones.

Frente a ello, reafirmamos nuestra determinación de defender, desde nuestros territorios y desde el exilio cuando sea necesario, el derecho a la autodeterminación, la autonomía y la vida digna.

“Los pueblos Rama, Miskitu, Mayangna, Ulwa, Creole y Garífuna seguiremos preservando nuestra identidad, nuestras formas de organización y la administración justa y sostenible de nuestros bienes naturales, porque somos los legítimos habitantes de estas tierras desde antes de la creación del Estado de Nicaragua” finaliza advirtiendo el comunicado del OPIA.

Régimen conmemora falsa autonomía

Por su parte la Asamblea Legislativa de la dictadura Ortega Murillo, realizó una “mención especial” para conmemorar los 38 años de la promulgación del estatuto de autonomía regional.

En la sesión parlamentaria la diputada de origen caribeño, Shaira Natasha Downs Morgan, cooptada y plegada al discurso dictatorial, aduló en primer lugar a la pareja dictadora, dejando en segundo plano los derechos de los pueblos indígenas: “Esta conmemoración reafirma el espíritu de justicia, inclusión y unidad nacional que guía el modelo cristiano, socialista y solidario de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional bajo el liderazgo del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, nuestros Copresidentes”.

De igual forma hizo eco de la falacia de que “los pueblos de la Costa Caribe viven plenamente sus derechos ancestrales, viven su propio desarrollo de la mano con las autoridades nacionales”.

Mientras Downs Morgan hecha flores a la pareja dictadora, en las regiones caribeñas los verdaderos líderes comunitarios son perseguidos y apresados, los colonos invasores los asesinan, queman sus parcelas y comunidades y se apropian de sus tierras. Paralelamente el régimen mueve sus fichas para el control total, a la vez que cava la sepultura de la agónica autonomía, como lo han denunciado el OPIA y activistas y lideres indígenas.