En un golpe directo a la estructura financiera y familiar de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este 16 de abril de 2026 a cinco personas y siete empresas vinculadas al sector minero nicaragüense. Entre los designados figuran dos hijos de la pareja dictatorial, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, acusados de ser piezas clave en el sostenimiento del aparato estatal y la represión política.

La medida busca asfixiar las fuentes de ingresos que, según el Tesoro, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza para "llenar sus propias arcas" y mantener el control tras ocho años de crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018.

El clan familiar: Hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo bajo la Lupa

La OFAC ha designado a dos hijos de la pareja  dictatorial Ortega y Murillo por sus roles como funcionarios del “gobierno nicaragüense”, sumándose a su hermano Laureano (sancionado en 2019) en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN):

• Maurice Facundo Ortega Murillo: Delegado Presidencial para el Deporte. Se le señala por supervisar el Instituto Nicaragüense del Deporte y utilizar su cargo para promover la imagen pública de sus padres.
• Daniel Edmundo Ortega Murillo: Titular del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua, pieza fundamental en el aparato de propaganda estatal.

Las empresas sancionadas

Según el Tesoro, el sector minero ha sido reestructurado desde 2020 como una compleja red para lavar activos y generar divisas. Las siete empresas sancionadas hoy son piezas clave en este engranaje:

1. Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA): Sede en Managua. Acusada de recolectar oro para financiar salarios y entrenamiento de grupos paramilitares subordinados al régimen Ortega Murillo.
2. Grupo Minero Xiloa SA (Minero): Emergió para reemplazar a entidades sancionadas previamente. “Varios exfuncionarios de entidades sancionadas por Estados Unidos, como ENIMINAS, Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna) y Alba de Nicaragua (Albanisa), participan ahora en Minero. La OFAC sancionó a Caruna el  9 de octubre de 2020 ; Albanisa está bloqueada por ley, ya que el 51% de su propiedad pertenece a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), designada el  28 de enero de 2019”, señala el Tesoro. Agrega que Minero utiliza el sistema financiero de EE. UU. para legitimar fondos ilícitos.
3. Thomas Metal SA: Beneficiada con decenas de miles de acres en concesiones mineras otorgadas por el régimen.
4. Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group SA: Identificada por enviar más de 25 millones de dólares en oro a EE. UU. en el primer semestre de 2025.
5. Brother Metal SA: Empresa con nula experiencia previa en minería que recibió vastas concesiones territoriales.
6. Zhong Fu Development SA: Involucrada en la toma forzosa de plantas procesadoras de propiedad extranjera.
7. Santa Rita Mining Company SA: Empresa vinculada a la ocupación arbitraria de activos estadounidenses y beneficiaria de miles de acres en concesiones.

Dictadura favorece a mineras chinas

Actores involucrados y cómplices

Además de los hijos de la familia presidencial, la OFAC sancionó a individuos que facilitan la operatividad de estos esquemas:

• Santiago Hernán Bermúdez Tapia: Viceministro de Energía y Minas.
• Nelson Francisco Sobalvarro: Representante legal de COMINTSA, acusado de transferir concesiones mineras a otras empresas para evadir sanciones previas.
• Lester Matus Tamariz: Abogado y notario que facilitó y agilizó las concesiones mineras a favor de Zhong Fu.
• Feiwu Bian: Presidente de Zhong Fu, identificado como líder en la toma física de la planta de BHMB Mining, de capital estadounidense.
• Aníbal Vladimir Matus Buitrago: Representante legal de Zhong Fu, también partícipe en la confiscación de activos extranjeros.

Las consecuencias de las sanciones

Como resultado de estas medidas, todos los bienes e intereses de estas personas y empresas en Estados Unidos quedan bloqueados. Asimismo, se prohíbe a cualquier persona o entidad estadounidense realizar transacciones con los sancionados.

Esta acción, realizada con el apoyo del FBI de Miami y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), refuerza la presión económica sobre una dictadura que, a casi ocho años del inicio de las protestas de 2018, mantiene una postura de "intransigencia persistente" ante las demandas de reforma y respeto a los derechos humanos.