PGJ continúa acaparando poder: DGI y DGA bajo su control

La recaudación tributaria y los servicios aduaneros de Nicaragua ahora serán controlados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la entidad estatal que desde su creación en agosto de 2025, se ha sido convertido en la máxima expresión de concentración de poder, supeditada a la copresidencia, “para la protección y defensa de los intereses del Estado”.

Según trascendió en varios medios de comunicación que citan fuentes dentro de las instituciones afectadas, así como de sectores de la empresa privada, la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), están desde la semana pasada, bajo el control de la PGJ, cuya titular es Wendy Morales, a quien ya se le identifica coloquialmente como “la superprocuradora”.

Cabe recordar que con la creación de la PGJ, se eliminó la Procuraduría General de la República (PGR), y a la nueva entidad se le incorporó el Ministerio Público y los demás órganos que constituían la anterior PGR.

Con el traspaso de la DGI y la DGA a la PGJ, el control de la pareja dictadora a través de la super procuraduría se hace mayor, lo que refuerza la consolidación de un régimen totalitario que estrangula cualquier vestigio de independencia o autonomía en las demás instituciones del Estado.

La Ley 1259 o Ley orgánica de la Procuraduría General de justicia, establece entre su amplia lista de funciones, la de “ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, a nivel nacional e internacional, en defensa de los intereses supremos del Estado y del Pueblo Nicaragüense; para proteger todos los bienes del patrimonio de la Nación, en resguardo de la Independencia, Soberanía, Autodeterminación Nacional, Seguridad y Paz”.

La PGJ desde su creación ha sido la instancia encargada de las confiscaciones de propiedades y bienes a personas opositoras al régimen que se vieron forzadas al exilio o que fueron desterradas y desnacionalizadas tras ser acusadas de traición a la patria y otros delitos.

Morales fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 21 de marzo de 2024 por haber “ejercido de manera abusiva su función para facilitar una campaña coordinada que busca reprimir la disidencia incautando bienes de opositores políticos del gobierno sin una justificación legal.”