Estado de Nicaragua no puede justificar ocupación de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche reveló un documento oficial de ocho páginas donde el Primer Comisionado y Jefe de la Policía, Francisco Díaz, emite sus alegatos contra el recurso de Amparo interpuesto por las Empresas Invermedia -productora de Confidencial-, Promedia -productora de Esta Semana- y Cabal, que demuestra que la ocupación de estos medios de comunicación, la noche del jueves 13 de diciembre de 2018, carece de toda legalidad.

Según Carlos Fernando, la declaración de Francisco Díaz es una prueba contundente, que la posterior ocupación por parte de la Policía, el viernes 14 de diciembre de 2018, de las empresas Invermedia, Promedia, Cabal y el inmueble de su propiedad representa una confiscación de facto, prohibida por la Constitución.

“He sostenido que esta acción del Estado, que no está amparada en ninguna orden judicial representa una triple violación: contra la libertad de prensa, contra la libertad de empresa y contra el derecho a la propiedad privada”, aseguró Chamorro.  

Carlos Fernando Chamorro compartió la parte medular del documento con la declaración de Francisco Díaz, en la cual señala que: “el 13 de diciembre de 2018 entró en vigencia el decreto 8513, emitido por la Asamblea Nacional, cancelando la personería jurídica de la entidad Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO). Ese mismo día, el Comisionado General Alberto Pérez Olivas, Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, recibió una solicitud para que gestione la clausura, registro, allanamiento de morada, secuestro y ocupación de bienes de las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO). (…) Tomando en cuenta la urgencia de la solicitud, la Policía procedió a allanar el local del Centro de Investigaciones de la Comunicación, ocupando bienes y clausurando el local”.

Según el documento leído por Chamorro, esta acción policial fue convalidada a posteriori por el Juez Séptimo de Distrito Penal de Audiencias Abelardo Alvir Ramos. Agrega que la Policía incluyó un inventario detallado de los bienes ocupados y secuestrados en el local del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO).

No obstante, lo que en realidad hizo la Policía, declaró Carlos Fernando, fue allanar con una orden administrativa de un Departamento del Ministerio de Gobernación las instalaciones de tres empresas: Promedia, Invermedia y Cabal, que no son propiedad ni están relacionadas con la ONG CINCO, sino que son empresas legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil. 

Carlos Fernando explicó que no existe ninguna relación legal, económica e institucional de CINCO con las empresas Promedia, Invermedia y Cabal y presentó como evidencia una declaración de la Presidenta y Directora Ejecutiva del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), Sofía Montenegro.   

Carlos Fernando Chamorro exige al Estado de Nicaragua que suspenda los actos confiscatorios en contra de Confidencial y 100% Noticias, que devuelva los bienes robados y ocupados conforme los inventarios presentados a la Fiscalía y  el elaborado por la Policía. También demandó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que falle el amparo presentado por las empresas Promedia, Invermedia y Cabal para suspender estos actos confiscatorios y restituir el Estado de Derecho que tutela la libertad de prensa.   

Al haberse vencido el Plazo para que la CSJ falle, el 30 de julio de 2019, Carlos Fernando Chamorro recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de los derechos a la libertad de prensa, libertad de empresa y propiedad privada.

Miguel Mora: “Estamos trabajando para volver a informar”

Por su parte, Miguel Mora, propietario de 100% Noticias y excarcelado político, denunció que el régimen Ortega-Murillo no ha cerrado la causa judicial en su contra, a casi 60 días de haber sido excarcelado. “Ni siquiera se ha dignado a cumplir su propio mamotreto de Ley, que denominaron de Amnistía. La causa contra Lucía Pineda Ubao, Jefa de Prensa y Periodista y de su servidor Miguel Mora está viva, no ha sido ni siquiera archivada”, dijo Miguel Mora.

El director de 100% Noticias recordó que dicho juicio fue promovido por militantes del Frente Sandinista y por una Fiscalía obediente al régimen Ortega-Murillo, ante un juez orteguista que ordenó la toma del Canal 100% Noticias, el 21 de diciembre de 2018. Han pasado casi ocho meses y el canal sigue confiscado.  

Mora alegó que, en un país normal, la causa en su contra ya debería de estar sobreseída definitivamente. El objetivo final, sostiene Mora, es censurar a los medios de comunicación por informar con la verdad.

Miguel Mora denunció también que el 26de julio de 2019, el régimen Ortega-Murillo solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cancelación de las medidas cautelares otorgadas a él, a Lucía Pineda Ubao y a otros 15 exprisioneros políticos. “El Gobierno dice a la Corte que todo está bien, que se garantizó el debido proceso, cuando no si quiera en medio año de prisión tuve la oportunidad de hablar con mi abogado”.

Mora informó que los recursos de amparo introducidos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron engavetados. “Aun así, el Gobierno está diciendo a la Corte que todo está bien, que el ciudadano Miguel Mora y Lucía Pineda gozan de todas sus libertades, cuando todavía estamos con un juicio, que debería por su propio mamotreto de Ley, estar cerrado o por lo menos archivado”.

El periodista Migue Mora dio a conocer que envió la contestación al documento que el Gobierno presentó a la Corte IDH, desmintiendo la versión del Gobierno e indicado que su situación y la de Lucía Pineda sigue de la misma manera y advirtió que se puede agravar en los próximos meses.

Igual que Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, Esta Semana y Esta noche, Miguel Mora exigió al Gobierno la devolución inmediata del Canal 100% Noticias. “Estamos ante un descaro total, esto es robo a mano armada delante de toda la ciudadanía”.

Miguel Mora no descartó una demanda contra el régimen de Ortega y Murillo. “Nos reservamos el derecho de demandar no sólo indemnización. Todos los funcionarios, desde el Presidente tendrán que pagar las consecuencias de esos actos ilegales, con sus propios bienes”.

Adelantó que están trabajando para volver a informar porque no se puede entregar a una dictadura la libertad de prensa.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), recordó que en el marco de los  acuerdos para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, suscritos en la mesa de negociación, la parte referida a la libertad de expresión e información veraz, exigía la revisión de todas las acciones del Estado en relación a los bienes pertenecientes a los medios de comunicación afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril, que permitiera la devolución de todos sus bienes por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, este punto tampoco ha sido honrado por el Gobierno.