¿Cómo garantizar los derechos de los trabajadores en la era digital?

En los últimos años las Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC) han generado nuevas oportunidades y formas de trabajo, mismas que permiten a las personas empleadas desempeñarse en el campo laboral desde cualquier lugar y en el momento que deseen. Sin embargo, así como estas formas de trabajo evolucionan, la regulación y la política pública deben seguir el mismo camino.

La quinta entrega de la serie El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que, “los códigos laborales deben responder al surgimiento de estas distintas formas de contratar, y la consolidación de maneras alternativas de trabajar, como las fórmulas a distancia y en horarios flexibles”. Además, menciona que la cuarta revolución industrial está modificando la forma en que trabajadores y empleadores se relacionan en los mercados.

El BID analiza que esta cuarta revolución industrial se diferencia de las anteriores por la velocidad con la que suceden los cambios. “Vivimos en tiempos exponenciales en los que todo parece cambiar más rápido, y el mercado de trabajo no es la excepción. Sin embargo, nuestra capacidad de adaptación como personas, empresas y gobiernos es limitada”.

La investigación del BID presenta la propuesta de principios generales a considerar para orientar la legislación al momento de regular los derechos de las personas  trabajadoras en la era digital. Es importante mencionar que estos principios no responden a medidas específicas sino a criterios que evalúan la regulación:

• Universalidad: poner el foco en el ciudadano. Esto implicaría pasar de la seguridad social para unos pocos a una protección para todos. Es decir, que estar protegido no dependa de estar trabajando o en qué trabajas. La cobertura de la seguridad social al trabajo asalariado tradicional deja a un número cada vez más importante de trabajadores sin protección social. La región debe velar por regulaciones que amplíen la protección a todos los ciudadanos, independientemente de su condición laboral. 
   
• Neutralidad: evitar que las regulaciones produzcan efectos no deseados. Es decir, que las regulaciones no induzcan a distorsiones, como recurrir a trabajadores subcontratados o independientes con el único propósito de evadir el pago de la seguridad social. 
   
• Eficiencia: El nuevo contrato social que se alcance con una reforma debe permitir que la sociedad en su conjunto (individuos, empresas y gobierno) logre maximizar el bienestar social que produce con sus relaciones. La regulación debe promover la creación de bienestar sin convertirse en una estructura que impida el desarrollo tecnológico y social de nuestros países, pero, a la vez, debe proteger a los ciudadanos para que las ganancias de las empresas no se den a su costa. 

La regulación actual, data desde principios del siglo pasado, no cumple con los principios propuestos por el BID. “No es universal, sino que se enfoca únicamente en proteger al trabajador dependiente. No es neutral, ya que genera incentivos al “disfrazar” a trabajadores dependientes como autónomos para eludir obligaciones patronales. Y tampoco es eficiente, ya que deja sin protección ante riesgos de salud, desempleo o vejez a una buena parte de la población”, señala el documento El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.

Desarrollar la legislación de los derechos laborales cumpliendo estos principios, permitirá no solo la reversión de problemas del pasado sino también la prevención de estos, en entornos como el actual.