Unas 77 organizaciones denuncian vulnerabilidad de presos políticos ante el COVID-19

Unas 77 organizaciones nacionales e internacionales firmaron una carta en la que denuncian la vulnerabilidad de los presos políticos ante el COVID-19 y demandan su liberación inmediata.

Ante la pandemia de coronavirus anunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las organizaciones exigieron al Estado de Nicaragua, asuma con responsabilidad Ia realidad de emergencia internacional y reconozca la vulnerabilidad extrema y riesgo de muerte en el que están los presos políticos, dentro de los sistemas penitenciarios a nivel nacional.

“Denunciamos que por las torturas recibidas y problemas de salud crónicos los prisioneros políticos tienen un grado de vulnerabilidad mayor ante el COVID-19, señala la carta.

Añade que los establecimientos penitenciarios no cumplen con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus y las muertes a causa de este; asimismo, el estado de hacinamiento, violatorio de derechos humanos, encontrándose recluidas hasta 20 personas en celdas con capacidad para seis, aumentando la insalubridad.

Para las organizaciones firmantes, la poca capacidad del personal de salud, las casi nulas medidas de higiene en los lugares de visita familiar y la falta de insumos médicos representan una situación alarmante que debería hacer al gobierno tomar acciones preventivas urgentes, antes que sea irreversible.

Las organizaciones respaldan el llamado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre evitar torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, escrito en las recomendaciones del Sub Comité de Prevención de la Tortura a los Estados Parte y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus.

El llamamiento apunta a que, en esta crisis sanitaria, toda respuesta debe basarse íntegramente en los derechos humanos. “El Estado debe brindar información sobre protocolos a implementar en los sistemas penitenciarios, brindar informaci6n personal de las y los prisioneros a sus familiares, con trato digno y humano, además de garantizar el acceso a la salud e insumos médicos necesarios para evitar el contagio.

Con relación a las presas y presos políticos, exigieron la liberación inmediata de más de 6o presas y presos políticos, privados de sus derechos desde abril.

En la carta detallan que los presos políticos que han denunciado complicaciones de salud: “María Esperanza Sánchez, padece de hipertensión arterial, asma e insuficiencia cardiaca; se ha denunciado que le están negando la entrada de medicamentos; a Marvin Vargas, preso político con nueve años de confinamiento arbitrario y con aparente cáncer de próstata, de quien se han denunciado graves torturas; Jaime Navarrete sometido a torturas y ambiente insalubre, dos veces detenido por razones políticas y enfermo gravemente y Carlos Bonilla a quien han torturado y mantenido en condiciones insalubre”.

Reglas mínimas de atención a personas privadas de libertad ante el COVID-19

Con relación a las personas presas por causas sociales exigieron que se asegure el cumplimiento de la resolución de las Naciones Unidas: "Reglas Mínimas las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, por parte del Estado de Nicaragua para resolver esta crisis global sin detrimento de los derechos humanos.

También demandan que las y los médicos del sistema penitenciario cumplan con la resolución 13/194 de OACNUDH: “Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Las organizaciones llaman a acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de que se tome como medida paliativa, para los efectos del coronavirus, dar prioridad a las medidas no privativas de libertad para presuntos responsables y reclusas y reclusos con perfiles de bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia a las embarazadas y a las mujeres con hijos e hijas.

Asimismo, solicitaron otorgar régimen de convivencia familiar para toda persona privada de libertad con riesgos por edad o enfermedades crónicas e informar y aplicar un protocolo de actuación en los sistemas penitenciarios de cara a la atención de personas con COVID-19. También llamaron a los Sistemas Penitenciarios a garantizar condiciones seguras para la población carcelaria, dotándoles con productos de limpieza e higiene personal.