UNAB denuncia aumento de represión en Nicaragua y exige renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una vez más, ha hecho uso de sus fuerzas represoras parapoliciales y paramilitares con armas de guerra, para asediar, allanar, detener ilegalmente, amenazar, citar a la policía, agredir y asesinar a la población nicaragüense, por motivos políticos.

De acuerdo con el Monitoreo Azul y Blanco, citado por la UNAB, del 15 al 20 de abril de 2020 el régimen Ortega-Murillo ha aumentado la violencia y la represión política, la cual ha sido denunciada nacional e internacionalmente.

El pronunciamiento leído por Guillermo Incer, del Consejo Político de la UNAB, señala que Isla de Ometepe está bajo ataque y militarización. “Ataque a pobladores de la Comunidad de Esquipulas, municipio de Moyogalpa. Los pobladores se congregaron la noche de ayer 19, exigiendo la liberación de 5 personas opositoras secuestradas por protestar cívicamente. El régimen desplazó la madruga de hoy 20 de abril a centenares de antimotines para impedir cualquier protesta o movilización, reprimiendo a la ciudadanía con armas de fuego, hiriendo al menos a 2 y secuestrando a otras 4 personas más, siendo un total de 9 las personas secuestradas en Ometepe”.

La Unidad Nacional Azul y Blanco informó que, la entrada y salida de personas a la isla está cerrada, por orden de la jefatura policial.

En la conferencia de prensa virtual, la UNAB mencionó el asesinato del opositor Félix Lacayo, ocurrido en el Palenque Los Chiles, San Carlos, Rio San Juan, el 18 de abril en horas de la tarde. El Movimiento campesino aseguró que el asesinato de Lacayo puede tener “posibles connotaciones políticas”.

La UNAB registra 39 detenciones ilegales de opositores por razones políticas, 132 reportes de asedios a viviendas o negocios de líderes opositores al régimen por parte de paramilitares, en muchos casos bajo la vista y presencia de la Policía Nacional y en distintas partes del país, aunque con mayor saña en: León, Masaya, Granada, Managua, Jinotega, San Rafel del Sur, Estelí, Matagalpa, Boaco, Juigalpa-Chontales, Río San Juan, Nueva Guinea y Rivas. También se reporta 16 casos de agresiones a ciudadanas y ciudadanos, viviendas e iglesias; 10 allanamientos extrajudiciales a viviendas de opositores al régimen y 10 amenazas directas, siete citaciones a la policía para la firma de “documentos” y amenazas, principalmente contra excarcelados y sus familias.

La UNAB añade que al menos tres familias de asesinados fueron asediados y hostigados, en actos privados de conmemoración. Asimismo, se reporta el asedio y hostigamiento a un medio de comunicación y el secuestro del periodista Denis Alanís de Pantasma, quien labora para Notimax en Matagalpa.

Pese a que el régimen de Daniel Ortega ha sostenido que mantiene sus fronteras abiertas ante el COVID-19, más de 80 nicaragüenses permanecen en la frontera del norte del país y más de 160 personas de la Costa Caribe de Nicaragua están varadas en Gran Cayman, sin poder ingresar. Para la UNAB, esto representa una violación a sus derechos y una medida arbitraria típica de una dictadura.

La Unidad Nacional Azul y Blanco continuó su exigencia de liberar a los más de 70 presos políticos, quienes están en condiciones de hacinamiento y bajo tortura constante. “La práctica del régimen sigue siendo el de la puerta giratoria: Excarcela a un pequeño grupo de reos políticos, pero encarcela a una mayor cantidad de personas. Muchos de ellos acusados por delitos comunes que no han cometido”.

La Unidad Nacional Azul y Blanco manifestó que el régimen Ortega – Murillo se mantiene en el poder únicamente por la fuerza de las armas y la violación sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo nicaragüense.

“Este régimen no tiene ninguna legitimidad popular y ha demostrado su incapacidad para gobernar en justicia, democracia y libertad, por tanto, demandamos la renuncia inmediata de los Ortega Murillo, tal como ha sido el sentir y la aspiración del pueblo nicaragüense, expresada en el grito popular ¡Que se vayan!

La Unidad Nacional reiteró su compromiso con la justicia y el respeto a los derechos humanos y la demanda de la salida del poder de los Ortega-Murillo lo más rápido posible, a través de todas las vías cívicas que la Constitución Política de Nicaragua y los Tratados Internacionales ponen al alcance de los pueblos que luchan por su libertad contra las tiranías.

CIDH urge al régimen de Daniel Ortega respetar derechos humanos

A dos años del inicio de las protestas en Nicaragua, la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a restablecer el Estado de Derecho y respetar los DDHH, al tiempo que denunció la “intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas opositoras”.

La CIDH advirtió sobre la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en Nicaragua, caracterizada por la "intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas".

"A la fecha, la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, ejecutada bajo diferentes modalidades o etapas de represión, ha resultado en la muerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad", señaló la CIDH en un comunicado.