¿A favor de derechos indígenas?

“Promover el fortalecimiento y desarrollo político, económico, cultural y social de los pueblos, comunidades y  organizaciones indígenas de América Latina y El Caribe, mediante la gestión y canalización de recursos, la concertación y el diálogo político, la asistencia técnica y financiera a programas y proyectos de desarrollo, la generación y transferencia de información especializada, la asesoría, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la materia y la participación activa en ámbitos regionales y mundiales de interés para los destinatarios principales de su quehacer institucional”. Página de Facebook Fondo Indígena de América Latina (FILAC). 

El FILAC informó hoy, 28 de enero de 2019, del lanzamiento oficial del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en la sede de la UNESCO, en París, Francia; y lo transmitió en directo. A propósito, la presidenta del FILAC, Mirna Cunningham, dijo que era una oportunidad para que en todos los países donde viven pueblos indígenas se tomaran medidas “que permitan la revitalización de las lenguas indígenas”; añadió, que pareciera que están en proceso de extinción las lenguas de los pueblos indígenas.

Antes, el FILAC había anunciado que su presidenta, el Subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes Zúñiga y el Director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, clausuraron la 65º Reunión de su Consejo Directivo, en Ciudad de México. Notificaron además que el 17 de enero iniciaría la Reunión Regional de Coordinación de Mujeres Indígenas: “Articuladas para el empoderamiento integral”, organizada por el mismo Foro, y luego en un video poco audible, anunciaron haber recibido recomendaciones de las redes de mujeres indígenas. 

En 2015, en Waspam, Río Coco, autoridades y líderes de pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe Norte y Caribe Sur, Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, chorotegas-nahua-mange, cacaopera o matagalpa, ocanxiu-xiu-sutiaba, miskitu, sumu-mayagna, nahoa o náhuatl, rama y pueblos afrodescendientes, garífuna y creole/kriol, se convocaron para conformar la Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), y propiciar un espacio de reflexión y acción sobre la situación de sus territorios tradicionales y ancestrales; y luchar por la autodeterminación de pueblos originarios y comunidades étnicas, incluyendo lo ambiental, entre otros objetivos.

La APIAN presentó en diciembre de 2017 el “Informe sobre la situación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua”, elaborado por abogadas y abogados indígenas, con experiencia de trabajo con estos pueblos. El Informe reconoce que el 8.2 por ciento de la población nicaragüense es indígena y afrodescendiente, aglutinada mayoritariamente en el Caribe, aunque el último Censo Nacional de Población (2005) señala que el 13 por ciento de la población se auto identifica como perteneciente a una comunidad o pueblo indígena. Dichas regiones tienen el más alto crecimiento demográfico del país.

La APIAN considera como los aspectos primordiales y urgentes a tratar “la situación de sus pueblos en cuanto a defensa del territorio, titulación, acceso a recursos naturales y medio ambiente”. No obstante, poco se conoce que FILCAN haya al menos comentado el Informe referido ni las acciones que hayan promovido o emprendido al respecto. 

Tampoco el Fondo Indígena dijo nada cuando la abogada indígena Lottie Cunningham Wren denunció amenazas e intimidaciones contra el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica (CEJUDHCAN) del cual es directora, quien también enfrentó amenazas junto a otras defensoras, en 2017. La intimidación exigía cesara su trabajo “contra el gobierno y el pueblo de Nicaragua” -CEJUDHCAN trabaja en más de cien comunidades para ayudar a pueblos indígenas a ejercer su derecho a proteger los recursos naturales- y contenía imágenes de ella, de Vilma Núñez y de Francisca Ramírez, reconocidas defensoras de DDHH.

Front Line Defenders, fundada en Dublín en 2001, para proteger a defensores/as de DDHH en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y da respuesta a necesidades de protección identificadas por los/as defensores/as, calificó el último hecho como amenazas e intimidación.  Ya Lottie había recibido amenazas. El 28 de febrero de 2017, fue intimidada por una persona desconocida en el Facebook de CEDHJUCAN. Se exigía que la organización cesara actividades, de lo contrario "habría guerra y la guerra significa sangre". En mayo de 2015, resistió un intento de secuestro en una comunidad y sus colegas recibieron llamadas advirtiéndoles no alzar la voz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016 dictó medidas cautelares en favor del  equipo de CEDHJUCAN, por la violencia en su contra. El gobierno nicaragüense ha evadido su responsabilidad. El Foro Indígena dijo poco.

Front Line Defenders se ha mostrado preocupado por las amenazas y la intimidación a CEDHJUCAN y otras defensoras, lo cual parece estar vinculado al deseo de silenciar a sus voces. La organización de DDHH instó a las autoridades de Nicaragua a: Iniciar una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra las y los integrantes de CEDHJUCAN y otras defensoras, a fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles sanciones previstas por la ley. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con las defensoras, para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica. Implementar como mínimo, la medida cautelar en favor de los miembros de CEDHJUCAN emitida por la CIDH. Garantizar que todos los defensores y defensoras de DDHH en Nicaragua puedan llevar a cabo sus actividades sin temor a represalias y libres de todas las restricciones, incluyendo el acoso judicial.

En octubre pasado, 2018, Lottie iba a Washington, Estados Unidos, a una capacitación regional de la CIDH. Mientras esperaba abordar, en una silla de ruedas, en el aeropuerto A. C. Sandino, de Managua, fue increpada por oficiales de Migración, quienes con violencia le quitaron su celular, computadora y documentos personales, y sin explicaciones la retuvieron por media hora en un cuarto aislado. Pasado ese tiempo le permitieron abordar y le devolvieron el celular con la pantalla quebrada. Su único pecado, como ha dicho, es ser defensora de los derechos humanos.

Tampoco el Fondo Indígena acerca de situaciones denunciadas por el APIAN en su Informe como el avance de la frontera agrícola para la ganadería extensiva, la expansión de monocultivos como la palma africana (oro verde del caribe nicaragüense), la extracción forestal representada por ALBANISA, el megaproyecto Canal Interoceánico por Nicaragua, entre otros. Todos estos “emprendimientos” necesitan tierras para “desarrollarse”, que encuentran en territorios indígenas, en muchos casos, valiéndose de colonos armados, que las invaden para desplazar a las comunidades indígenas.

Nos preguntamos ¿cuánto ha hecho el FILAN para que hombres y mujeres miskitas habiten sus tierras sin presencia de terceros enviados a propósito?

La APIAN concluye en su Informe que es evidente la falta de protección del Estado a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente en lo referido a la integridad personal de sus integrantes y defensores de sus territorios, a su autodeterminación, y al goce y uso de tierras colectivas.

“La omisión estatal de realizar la Etapa de Saneamiento y la ilegal imposición de gobiernos paralelos para desarticular las instituciones tradicionales y así debilitar la organización y resistencia de estos pueblos, tiene una relación directa con las invasiones violentas que sistemática y reiteradamente ejercen colonos armados en territorios indígenas  y afrodescendientes […] todo con el fin de apoderarse de sus tierras y los recursos naturales…”

¿Seguirá el FILAN identificándose con gobiernos cuestionados por mestizos, indígenas, creoles y que poco hacen por poblaciones indígenas por sus derechos humanos?