La Procuraduría General de la República de Nicaragua ha declarado 35 propiedades en Managua de "utilidad pública" supuestamente para "fortalecer la seguridad ciudadana y nacional".
Con las últimas reformas al Código Penal y a la Ley de Ciberdelitos, el régimen podrá aumentar el control y restringir aun más las libertades fundamentales.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), reiteró que en Nicaragua el régimen Ortega Murillo continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad.