Incomunicados y en la indefensión

Desde que fueron secuestrados ni familiares ni abogados han podido verlos, pese a que el derecho les asiste. Esta es la dramática denuncia de familiares de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Pallais, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes fueron detenidos arbitrariamente por la Policía de Daniel Ortega, en las últimas semanas.  

“A nuestros familiares no se les ha concedido audiencia con sus abogados y abogadas defensoras. Tampoco han aceptado los recursos de exhibición personal, situación gravísima, ya que nadie ha podido comprobar si efectivamente se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote), ni su integridad física”,

En la denuncia destacan que, mientras una persona detenida no sea exhibida ante un familiar o abogado, esta se encuentra en carácter de desaparecida. Por eso, exigen al Estado de Nicaragua cumpla con su deber de dar cuenta del paradero de nuestros familiares como lo establece la Constitución Política de Nicaragua.  

A las personas opositoras detenidas, no les han permitido el derecho a escoger sus abogados, sino que les han designado de oficio a abogados públicos. Asimismo, los familiares denuncian que se han hecho audiencias privadas y secretas sin notificar a familiares y abogados. “Hay un desconocimiento absoluto de la situación jurídica y del estado procesal de las acusaciones. Además, estamos profundamente preocupados por el tema humanitario, ya que, entre nuestros familiares, hay personas con serios problemas de salud”, manifestaron.

“Necesitamos que se nos garantice nuestro derecho a saber sobre sus situaciones. Tampoco sabemos si se están alimentando de forma adecuada y sana, ya que hemos intentado en diversas ocasiones introducir comida en la Dirección de Auxilio Judicial, donde se llevan a los detenidos en estos casos, pero no han permitido el ingreso de alimentos”, agregaron.

Los familiares manifestaron también que tienen conocimiento que algunos “detenidos” han sufrido golpes fuertes al momento de sus capturas.  

El embajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (CP / OEA) dejó entrever durante una sesión extraordinaria de este órgano que, el régimen de Daniel Ortega, está en “guerra”. "La soberanía nacional de Nicaragua no se discute, la defendemos con las armas de la justicia y la aplicación de las leyes nacionales ante los actos que violentan el ordenamiento jurídico interno y nuestras disposiciones constitucionales", aseguró Alvarado.  

Luis Alvarado agregó: “Se escandalizan porque investigamos y combatimos de manera eficiente la corrupción, el lavado de dinero, de bienes y activos, la criminalidad, el terrorismo en sus diversas manifestaciones y porque combatimos los delitos de traición a la patria y su alianza con potencias extranjeras para promover el terrorismo, la muerte, las torturas, las asonadas, para intentar derrocar con el financiamiento de potencias extranjeras al gobierno “legítimamente electo” por el pueblo nicaragüense (…) todos estos son delitos de gravedad y de alta traición a la patria que se encuentran tipificadas en muchas legislaciones del mundo”.

Siguiendo la línea de lo expresado por Alvarado, la Fiscalía informó que, en cumplimiento con la Constitución y las Leyes de la República, presentó escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco, quienes fueron detenidos ilegalmente y están siendo investigados por “tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055. Además, presuntamente han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente en foros nacionales e internacionales a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y de sus instituciones y han demandado, exaltado y celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”. Con la celeridad que acompaña estos casos de criminalización, las audiencias especiales se llevaron a cabo hoy mismo y las solicitudes fueron admitidas y se dictó detención judicial por 90 días para los investigados.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, exigió la liberación de la totalidad de las personas precandidatas a la presidencia de Nicaragua, personalidades políticas, líderes empresariales y sociales encarcelados arbitrariamente en las últimas semanas, así también pidió respeto integral a sus derechos humanos, el cumplimiento de las libertades civiles y políticas en Nicaragua y la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas.