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Nicaragua y su deuda histórica con las comunidades indígenas

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Comunidad miskita de Haulover
Comunidad miskita de Haulover

Foto: Cristopher Mendoza / Onda Local

Históricamente las poblaciones indígenas y afrodescendientes en Nicaragua han demandado el reconocimiento social y estatal de sus derechos al territorios y recursos naturales, los que conciben como parte fundamental de su identidad, autodeterminación y herencia ancestral. Pero los grupos étnicos continúan siendo de las poblaciones más vulnerables y olvidadas en Nicaragua.  

Para visibilizar la situación que viven las comunidades indígenas en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas, conmemoró el pasado nueve de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que tiene como objetivo mejorar la situación económica, social y cultural de las poblaciones indígenas y promover el respeto de sus características distintivas y sus propias iniciativas. Pero en Nicaragua hay mucha tela qué cortar en este tema, el país ti ene una deuda de carácter histórico con las comunidades indígenas.

En el caso nicaragüense, los distintos gobiernos con el paso de la historia, han obviado las problemáticas y principales necesidades de las comunidades indígenas hasta convertirse incluso en parte del problema. En la actualidad personas indígenas y afrodescendientes carecen en la práctica, de la protección del Estado, pese a la existencia de normativas de promoción y defensa de los derechos humanos, autonomía territorial y vínculos ancestrales. En la actualidad, el régimen Ortega-Murillo ha cerrado incluso, organizaciones como el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), entre otras organizaciones, cuyo trabajo ha sido atender situaciones de distinta índole por la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos mískitu, mayangna y ramas en la costa caribe nicaragüense.

En el mes de marzo, poco antes que la policía orteguista se tomara las instalaciones de CEJUDHCAN, la institución defensora de los derechos de los pueblos indígenas advirtió que desde el año 2015 se habían intensificado las graves violaciones a los derechos de las comunidades de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, por parte de terceros (colonos) que han ocupado o invadido los territorios ancestrales bajo total beneplácito del Estado de Nicaragua. Según la denuncia este contubernio entre Estado y grupos de colonos calza a la medida en la promoción gubernamental de explotación minera, ganadera y forestal, por lo que es de gran interés promover el desplazamiento de las poblaciones indígenas.

En 2017, en una visita de Onda Local a la comunidad de Francia Sirpi, en territorio Wangky Twi Tasba Raya, en el caribe norte, conocimos el caso de Ronald Maclovio Eliceo, un hombre miskito de tez morena y cabello negro, quien logró escapar de los colonos que llegaron a invadir sus tierras.

“Cuando pasé por el trillo, ahí por el silo, salieron tres uniformados como del ejército nicaragüense. Yo les hablé en miskito, pero uno de los uniformados me trató y me dijo que no era miskito. Ahí fue cuando me dio un culatazo y desde el suelo pude ver como a setenta elementos uniformados y otros de civil. Eran los colonos”.

Ronald sobrevivió a cinco charneles que se introdujeron cerca de su corazón. Otros dos hombres y una mujer de la comunidad también resultaron con heridas de bala esa ocasión.

Historias como esta, resumen lo que viven los pueblos indígenas del caribe de Nicaragua, donde el despojo violento de tierras y acciones comunitarias en defensa de la misma afecta cotidianamente a más de cincuenta comunidades, donde el alto riesgo de muerte y otras formas de violencia es una realidad.

Desde 2020 se han contabilizado más de 31 asesinatos a indígenas y  afrodescendientes, asociados a conflictos territoriales.

Este tipo de violencia, sumada a la crisis socio-política de país que desde 2018 afecta con mayor fuerza a Nicaragua, ha generado una vez más en la historia de Nicaragua, que sectores de la población nicaragüense, incluyendo población indígena, tengan que migrar hacia otros países como Estados Unidos, España o Costa Rica, siendo este último el principal destino para quienes huyen de la violencia y efectos económicos adversos por la inestabilidad del país.

Según el informe “Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde 2018 la migración forzada de nicaragüenses ha alcanzado más de 70 000 personas, de las cuales, 55 000 se encuentran en Costa Rica.

 “Discriminación”, un antiguo y vigente enemigo de las comunidades

Para La socióloga y coordinadora del Bloque Costa Caribe Nicaragüense en el Exilio (BCCE) Keyla Chow también coincide en que la invasión de los colonos en tierras indígenas ha acrecentado bastante en los últimos años, ocasionando que haya una mayor situación de vulnerabilidad dentro del sector de los pueblos indígenas. No obstante, considera que las poblaciones indígenas les toca lidiar con un antiguo y vigente enemigo, “la discriminación”.

“Por mucho que en Nicaragua se hable de igualdad de derechos humanos, de inclusividad y de temas políticos que tienen que ver de alguna manera con la participación o toma de decisiones de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, hay una marcada discriminación,” afirma Chow.

Menciona que la población nicaragüense indígenas afronta muchos obstáculos que limitan la participación ciudadana. Existen “lugares en los que los sectores indígenas han tenido que omitir su idioma, su lengua materna para ser de alguna manera aceptados dentro de determinados sectores”.

La socióloga miskita, asegura que la discriminación marcada se ve reflejada por la falta de inclusión, debido a que las representaciones político partidaria o que tienen algún interés político se mofan de la participación de comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que, según Chow, “son utilizadas únicamente por factor numérico y por representación de actividad, pero no porque tengan un tema de inclusividad de derechos de los pueblos indígenas dentro de su estructura”.

Con todo y las adversidades, las poblaciones indígenas nicaragüenses han logrado preservar muchas de sus tradiciones, cultura e idioma. Lo más difícil ha sido que el resto de la sociedad nicaragüense acepte que las poblaciones indígenas son una realidad a las que se les debe respeto, “porque hay personas que creen que nosotros somos un número más o que somos un dato estadístico y no sujetos de derecho”.

“La participación de los pueblos indígenas y afrodescendiente, no debe ser manoseada, debe ser una cuestión realmente amena, libre y no condicionada” concluyó Chow.

 

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