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Continúa aversión del régimen contra sacerdotes

Ulises

Foto: Redes Sociales

Las manifestaciones de odio de la dictadura Ortega-Murillo contra la iglesia católica y sus líderes continúa sin tregua.  En los últimos meses al menos 11 religiosos han sido encarcelados. Se estima que más de 50 han tenido que exiliarse y al menos a otros cuatro se les ha impedido ingresar al país obligándolos así al destierro.

Los más recientes sucesos como parte de la persecución religiosa impuesta en Nicaragua por la dictadura, fueron el secuestro violento del padre Enrique Martínez Gamboa, párroco de la Iglesia San Martha de Managua, ocurrido la tarde del jueves 13 de agosto en su residencia ubicada en Carretera Sur en Managua. Al día siguiente el Ministerio Público acusó a Martínez Gamboa por el supuesto delito de conspiración en concurso con el de propagación de noticias falsas.

En el marco de las protestas desencadenadas a partir de abril del 2028, el padre Martínez emitió fuertes críticas al régimen, la más conocida fue la que con micrófono en mano hizo en mayo de ese año, en las afueras de la Universidad Centroamericana llamó “pareja asesina” Ortega y Murillo.

Condenados al destierro

El destierro es otra arma de represión que utiliza la dictadura Ortega Murillo contra quienes les adversan, y esta le ha sido aplicada tanto a religioso como a otras personalidades.

La semana pasada la dictadura le impidió el retorno a Nicaragua al sacerdote Deyvis López Jarquín, párroco de la iglesia San Gregorio Magno, de Diriamba, Carazo.

En julio del 2018, en el contexto de las protestas cívicas que estallaron en abril de ese año, López Jarquín fue detenido por la policía en el sector conocido como Las Esquinas, en Carazo, mientras llevaba víveres para el comedor infantil de su parroquia, en esa ocasión el sacerdote fue fotografiado y las imágenes fueron utilizadas por periodistas oficialistas para difamarlo en redes sociales acusándolo de llevar armas. 

En ese momento la Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado aclarando que “es absolutamente falsa la noticia que presenta al P. Deyvis Onel López Jarquín, párroco de la parroquia San Gregorio Magno en Diriamba, como portador de material explosivo y armas de fuego”, el comunicado también aclaraba que la detención del cura fue momentánea y que la policía al no encontrarle nada, lo dejó continuar su camino.

Lo mismo ocurrió con el sacerdote Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua.  García tenía previsto el retorno al país, el pasado 13 de septiembre, luego de estar fuera por varios meses, sin embargo, fuentes eclesiásticas revelaron a varios medios independientes que Migración y Extranjería le notificó al cura, vía correo electrónico, que tiene prohibido el ingreso a Nicaragua.

Otro sacerdote víctima del destierro impuesto por la dictadura es el padre Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía, en Boaco; quien regresaba al país luego de un viaje por Israel. La noticia del destierro fue dada a conocer en la página de Facebook de la misma parroquia El 27 de septiembre pasado, “La Parroquia Santa Lucía-Boaco comunica a su feligresía que el Gobierno de Nicaragua le negó el reingreso a su país a nuestro párroco, el padre Guillermo Blandón. Pedimos sus oraciones para que Dios proteja a nuestros obispos, sacerdotes y a su Iglesia”, decía el texto publicado.

Así mismo ocurrió con el exrector y el exvicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), el sacerdote jesuita José Idiáquez y el científico Jorge Huete respectivamente. A Idiáquez se le impidió el retorno a Nicaragua en julio pasado, y a Huete a finales de septiembre, a este último se le negó el ingreso al país, luego de haber viajado a Argentina para participar en un evento académico en ese país. Al llegar a Panamá mientras retornaba a Nicaragua, a Huete le notifican la prohibición del régimen.

También otras personalidades vinculadas directa e indirectamente a la lucha cívica que libran los nicaragüenses desde abril del 2018 han sufrido el destierro, entre estas la activista feminista María Teresa Blandón, la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, Anexa Alfred Cunnigham, el abogado Francisco Omar Gutiérrez y la periodista Tiffany Roberts. También han sido desterrados varios artistas.

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El destierro es violatorio de la Constitución y tratados internacionales

El destierro impuesto por la dictadura va contra lo establecido en la Constitución de la República y los convenios internacionales suscritos por Nicaragua.  El artículo 20 de la Máxima Ley de la República estatuye que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”, de igual forma el artículo 20 establece que: “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.

Por otro lado, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el inciso 2, indica que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio y regresar a su país”. En tanto, el articulo 12, inciso 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, refiere que “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. Ambos tratados internacionales han sido firmados y ratificados por el Estado de Nicaragua y por tanto son de obligatorio cumplimiento.

Prohíben ingreso de jefe de los jesuitas

Otro desmán de la dictadura en contra de líderes religiosos, fue la prohibición del ingreso al país del sacerdote panameño José Domingo Cuesta, el padre Cuesta, ostenta el cargo de General Provincial de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, un cargo superior de los Jesuitas para Centroamérica.  Cuesta venía de visita a Nicaragua, pero le fue impedida su entrada.  Cabe resaltar que el religioso estuvo radicado en Nicaragua años atrás, durante cuya estadía fue director del Colegio Centro América en Managua.

Número de sacerdotes encarcelados sigue ascendiendo

Durante los últimos cinco meses 11 religiosos han sido encarcelados por la dictadura orteguista como parte de la escalada represiva contra la iglesia católica y sus líderes.

El primer sacerdote encarcelado fue el padre Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, quien el 1 de junio fue llevado preso con lujo de violencia por efectivos policiales, luego de una agresiva campaña mediática de difamación en su contra, orquestada por medios oficialistas. El sacerdote fue enjuiciado y condenado a dos años de cárcel y 200 días de multa por supuestas amenazas que hizo con un machete en contra de 5 personas, la acusación surgió luego que una mujer que lo había acusado de haberla agredido físicamente, se retractara de la acusación. 

Lea más en este enlace: Tras secuestro de Monseñor Álvarez, policía dice que está en “resguardo domiciliar”

Posteriormente Monseñor Leonardo Urbina de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Boaco, fue capturado por la policía orteguista el 13 de julio y acusado por el supuesto delito de violación. Urbina fue procesado y sentenciado a 30 años de cárcel.

El padre Óscar Benavides de la iglesia Espíritu Santo del Municipio de Mulukukú, fue el tercer sacerdote hecho prisionero por la dictadura el 14 de agosto y trasladado a las celdas de El Chipote. Luego, el 8 de septiembre fue acusado de los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

La madrugada del 19 de agosto, y luego de 14 días de asedio policial, fue hecho prisionero, junto a otros 7 religiosos, monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Dieseis de Matagalpa. Hasta la fecha Álvarez es mantenido bajo el régimen de arresto domiciliar. Los otros capturados permanecen en las celdas de El Chipote.

El pasado jueves 13 de octubre, fue sacado con violencia de su residencia el padre Enrique Martínez Gamboa, quien estaba asignado a la Iglesia Santa Martha, bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis de Managua.

Desde ataques verbales, hasta encarcelamiento y exilio

La tónica del ensañamiento de la dictadura contra la iglesia católica incluye una serie de acciones represivas, que inicia con constantes ataques verbales tanto del dictador Daniel Ortega como de la vice dictadora Rosario Murillo; asedio policial a templos y lideres religiosos, prohibición de procesiones y otras actividades religiosas, cierre de medios de comunicación propiedad de la iglesia, así como el encarcelamiento y destierro de sacerdotes.

 

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