Destierro de las personas presas políticas es inconstitucional

La dictadura Ortega-Murillo desterró de Nicaragua a 222 personas presas políticas este jueves nueve de febrero. Fueron enviadas a Washington, Estados Unidos. Según un comunicado del Congreso de Estados Unidos la decisión fue tomada por el régimen de manera unilateral, pero el gobierno estadounidense facilitó el traslado al Aeropuerto Internacional de Dulles.

El Poder Judicial confirmó el destierro a través de una “sentencia de deportación”. Medida que según Carlos Guadamuz, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, es inconstitucional, ya que la Constitución establece en el artículo 43, que las y los nicaragüenses no pueden ser objeto de extradición del territorio nacional.

“El destierro no es una medida aprobada por la Constitución, fue erradicada de la misma. Aquí se ve que el Poder Judicial está pintado, para las medidas arbitrarias del gobierno no representa ningún obstáculo, no hay ningún control de todas las acciones del Estado, aquí se observa la absoluta sumisión, la falta de independencia de este poder, lo que resulta lamentable” mencionó Guadamuz.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señaló que la deportación, es completamente inaplicable, porque es una medida jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en Nicaragua.

Destierro y suspensión de ciudadanía son acciones ilegales

La dictadura no solamente ha desterrado de Nicaragua a las personas presas políticas, sino que les ha suspendido su nacionalidad. La Asamblea orteguista esta mañana reformó el artículo 21 de la Constitución para “legalizar” el procedimiento y aprobó la Ley Especial que regule la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.

El artículo después de la reforma realizada específica que “la adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense".

Guadamuz indicó que esta reforma es un acto más de “aberración” de la dictadura en contra de las personas presas políticas. “Los nicaragüenses no podemos ser desterrados de nuestra patria, aunque reformen la Constitución Política. Porque en Nicaragua el artículo 46 establece que Nicaragua es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles, por lo tanto, es un crimen de lesa humanidad, porque cercenan los derechos de las personas presas políticas” indicó Guadamuz.

Urnas Abiertas a través de un comunicado manifestaron que los procedimientos usados cambiar las sentencias y reformar la Constitución son irregulares.  “Una vez más se usa la institucionalidad para intentar cubrir de legalidad un acto irregular, contrario a la ley, que atropella libertades individuales y políticas”.

El Mecanismos para la Liberación de Personas Presas Políticas, contabilizada 261 personas presas políticas. Es decir 39 personas permanecen en las cárceles de Nicaragua.