Alarmas encendidas ante despojo arbitrario de nacionalidades en Nicaragua

Varias organizaciones internacionales encendieron las alarmas y se mostraron preocupadas luego que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojara de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas y le confiscara sus bienes, entre estas: el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado, la poeta Gioconda Belli, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez, la líder del Movimiento Campesino Anticanal Francisca Ramírez y la fundadora y exdirectora de Onda Local Patricia Orozco.

Estas 94 personas se suman a la lista de 222 que fueron excarceladas y desterradas hacia Estados Unidos y al Obispo Rolando Álvarez, quien luego de negarse al destierro, fue condenado a más de 26 años de prisión y despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas condenó esta nueva ola de violaciones de los derechos humanos que la dictadura de Daniel Ortega ha ejercido en contra de personas defensoras de derechos humanos y voces disidentes al régimen.

“Alarma la información que estamos recibiendo sobre la decisión arbitraria del Estado de Nicaragua de declarar traidoras a la patria a 94 personas sin siquiera un juicio, de despojarlas de su nacionalidad y patrimonio, y declararlas prófugas de la justicia. Llamamos al Estado a cesar de inmediato la persecución y represalia contra defensores de DDHH y voces disidentes, y restituirles todos sus derechos y libertades”, demandó la ONU.

Quitar la nacionalidad otra forma de tortura

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó que “quitar la nacionalidad a una persona por sus opiniones es contrario a todo derecho y es otra forma de tortura ejercida por la dictadura en Nicaragua”.

De igual manera, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) indicó que le preocupa la situación en la que quedan las personas que aún están en Nicaragua y que ahora son apátridas en su propia nación, como es el caso de las defensoras de derechos humanos Azahalea Solís y Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

“Nos sumamos a las voces que exigen al gobierno de Daniel Ortega la inmediata restitución de este derecho, así como las garantías de que serán protegidos sus Derechos Humanos”, señaló.

Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas ante estos nuevos abusos por parte de la dictadura en Nicaragua. “Instamos a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas y decisivas ante estos nuevos abusos por parte del gobierno nicaragüense, e intervenir para proveer protección a las personas defensoras en riesgo”, recalcó.

Más organizaciones repudian decisión del régimen de Daniel Ortega

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), repudió “profundamente” la privación arbitraria de la nacionalidad de la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia. Hizo un llamado a la comunidad internacional a reaccionar de manera “rápida y contundente” frente a esta nueva ola de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“La FIDH resalta que la nacionalidad constituye un derecho inderogable y su privación arbitraria en este caso es una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos. La actuación por el Tribunal de Apelaciones continúa un claro y grave camino de criminalización y hostigamiento de la sociedad civil en Nicaragua por parte del régimen Ortega-Murillo”, indicó en un comunicado.

Otro organismo que también se pronunció fue la Coalición Nicaragua Lucha, quien catalogó esta medida del régimen como practica de terrorismo de Estado. “Lejos de cumplir con sus deberes internacionales, el Gobierno nicaragüense sigue practicando un terrorismo de Estado, sofisticando sus métodos represivos, dejando en situación de apatridia a personas defensores de derechos humanos, muchos de ellos con medidas cautelares”, denunció en una declaración.

Esta medida represiva del régimen violenta el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual estipula que “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y no se privará a nadie arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. Sin embargo, la dictadura ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad a 317 nicaragüenses, violando incluso al artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual señala que, ninguna persona nicaragüense, puede ser privada de su nacionalidad.