Mujeres nicaragüenses resisten al “régimen misógino” de Daniel Ortega

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Mujeres nicaragüenses marchan este 08 de marzo en Costa Rica • Foto: Onda Local

Martha Candelaria Rivas Hernández es originaria de Diriá, Granada, tiene 44 años y es la única mujer presa política de 37 personas que mantiene Daniel Ortega en las cárceles de Nicaragua, después del destierro de 222 personas presas políticas. 

El 2 de junio de 2022 Martha acusó de agresión al sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez de Nandaime. Sin embargo, el 21 de junio el Ministerio Púbico acusó a Martha de falso testimonio en contra del Estado de Nicaragua, después que ella se retractó de acusar al sacerdote.

Martha fue condenada por la justicia orteguista a cinco años de prisión. Actualmente lleva 259 días sin libertad. 

Este 8 de marzo colectivos feministas y organizaciones demandaron la libertad de Martha y denunciaron las constantes violaciones a los derechos humanos que viven las mujeres en Nicaragua: cierre de organizaciones feministas, despojo de nacionalidades, destierro, confiscación de bienes de 60 mujeres nicaragüenses, impunidad a favor de los agresores y encarcelamiento, señala en un comunicado la Articulación Feminista de Nicaragua.  

Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más el encarcelamiento arbitrario de Martha Rivas y el despojo de la nacionalidad a 60 mujeres, es un claro ejemplo de los abusos que sufren las nicaragüenses bajo dictadura, ya que el Sistema de Justicia es ineficiente debido a que no vela por la protección de las mujeres. 

“La situación jurídica se agrava al constatar la inefectividad de las Comisarías de la Mujer y de la Policía en general que no investiga ni brinda protección a las víctimas de abusos y violaciones, dedicándose a perseguir, acosar y reprimir a la ciudadanía” afirmó el Colectivo. 

Feministas costarricenses se unieron a la demanda de Justicia para Beatriz. A quien el Estado de El Salvador le negó el derecho a un aborto.
Foto: Onda Local

A Sofía Montenegro, periodista y feminista nicaragüense la dictadura de Daniel Ortega la desterró y confiscó sus bienes. Se exilió en Costa Rica. Durante la marcha en conmemoración del 8 de marzo expresó que la dictadura Ortega-Murillo se ha ensañado con las mujeres, porque es un régimen misógino. “Tiene especial encono con el Movimiento Feminista, porque apoyamos la denuncia de Zoilamérica Narváez en contra de Daniel Ortega, entonces lo primero que hicieron fue vengarse del Movimiento de Mujeres en Nicaragua” puntualizó. 

Organizaciones que trabajaban en defensa de las mujeres cerradas por el régimen  

Según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos el régimen de Daniel Ortega ha cancelado a más de tres mil organizaciones de las cuales al menos 180 trabajaban por los derechos humanos.

Entre las oenegés  despojadas de su personería jurídica están: 

  1. Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega (MMCH)

  2. Asociación Programa Feminista Centroamericano La Corriente

  3. Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas

  4. Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC)

  5. Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses

  6. Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)

  7. Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala (APROMUWA)

  8. Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa

  9. Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka

  10. Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC)

  11. Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)

  12. Colectivo de Mujeres 8 de Marzo

  13. Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba

  14. Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI)

  15. Fundación Xochiquetzal

  16. Instituto de Liderazgo de las Segovias, ILLS

  17. Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz

  18. Grupo Venancia

Para la Iniciativa Mesoamericana el cierre de estos organismos representa un grave impacto sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, ya que las deja en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia.

Otra feminista desterrada y despojada de su nacionalidad es María Teresa Blandón, quien  considera que el cierre de estas organizaciones  tiene un impacto negativo principalmente para las mujeres que tienen menos recursos, menos redes de apoyo y políticas que atiendan sus demandas. Así se expresó  este 8 de marzo durante la marcha en conmemoración del Día de las Mujeres. 

“Las organizaciones de mujeres en Nicaragua en realidad cubrían un déficit histórico que el Estado tiene con las mujeres tanto en el tema de reducción de la pobreza como en servicios de salud sexual y reproductiva, como atención a las víctimas de violencia machista, formación en derechos humanos y ciudadanos. Con el cierre de las organizaciones ese tejido feminista solidario, que habíamos venido construyendo por años se ha debilitado” detalló Blandón. 

María Teresa Blandón es una de las 60 nicaragüenses a quien la dictadura despojó de su nacionalidad. Este ocho de marzo participó en la marcha que realizaron  feministas en Costa Rica. Foto: Onda Local

El 8 de marzo de 2018 fue la última vez que las mujeres nicaragüenses lograron salir a las calles a demandar el cumplimiento de sus derechos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene prohibido cualquier manifestación pública.

Impunidad persiste 

El Observatorio Voces, de Católicas por el Derecho a Decidir, registra que en lo que va del 2023, 16 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas. De estos femicidios ocho ocurrieron en el extranjero, cuatro en Costa Rica, tres en Estados Unidos y uno en Guatemala. 

La organización feminista detalló que dos de los ocho casos de femicidio continúan en la impunidad, tres se encuentran en proceso judicial y uno sigue en investigación. Dos de los femicidas se quitaron la vida. En el caso de los femicidios ocurridos en el extranjero, cuatro continúan en proceso judicial y cuatro quedaron en la impunidad. 

Para Marta Flores, Coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, la impunidad ante los femicidios continúa debido a que no hay voluntad política de parte del Estado de Nicaragua. “Estamos ante un país que no castiga a los agresores, sabemos que ellos tienen un único interés y es proteger su poder a toda costa, por eso pretende callarnos y censurarnos, por eso cierra organizaciones feministas”, reiteró Flores. 

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