CIDH y RELE: Nicaragua debe cesar represión a indígenas de la Costa Caribe

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que en Nicaragua se debe respetar el derecho de las personas de las comunidades indígenas y se deben liberar a quienes están arrestadas por asuntos políticos. • Foto: Archivo / Onda Local

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) afirmaron que Nicaragua debe cesar la represión contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe.

Además, expresaron su preocupación por los recientes hechos de represión y violencia contra integrantes del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), así como los continuos ataques, criminalización y hostigamiento contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, presidente y representante legal de YATAMA, respectivamente, permanecen bajo privación de libertad por razones políticas, sin que, hasta la fecha, sus familias hayan podido tener comunicación. Además, canceló la personería jurídica a YATAMA

A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH recibió información sobre la agudización de la represión contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, a partir de la detención de líderes y lideresas, la cancelación de la personería jurídica del partido YATAMA, el cierre de radios indígenas y permanentes ataques de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades del Estado para despojar a las comunidades de sus territorios, señala la comunicación de la CIDH.

Añade que estos hechos forman parte de una estrategia represiva desplegada por el Ejecutivo para afianzar un régimen de concentración del poder y quebrantamiento del sistema democrático, mediante el silenciamiento de las voces críticas al gobierno como las comunidades indígenas, en particular de cara a las elecciones regionales programadas para el 2024.

En su informe Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, la CIDH señala que la cancelación de la personería jurídica de los partidos de oposición mediante la aplicación de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, con el fin de restringir arbitrariamente la competencia electoral, resulta contraria al ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y asociación y otros derechos, especialmente en un contexto de falta de independencia del Consejo Supremo Electoral.

También, destaca que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenó el cierre y la confiscación de las sedes de las radios comunitarias indígenas Yapti Tasba Bila Baikra Bilwi y Waspam, administradas por YATAMA. Desde su fundación en 2001, estas emisoras son consideradas referentes para la reivindicación, promoción y difusión de la cultura de los pueblos indígenas.

“La CIDH y la RELE observan con preocupación el impacto que el cierre de las emisoras tiene en los pueblos indígenas como herramienta para la participación en el debate público, y para la difusión continua de las culturas, derechos y lenguas indígenas, en un contexto de histórica discriminación y exclusión. Además, advierten sobre el incremento de zonas de silencio en Nicaragua, donde existe una limitada o nula cobertura de medios independientes. La expansión de estas zonas impacta severamente el derecho de la sociedad a recibir información de interés público, y constituye un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno”.

La CIDH y la RELE instan al “Estado de Nicaragua” a cesar la represión contra las comunidades indígenas, contra las personas integrantes del partido indígena YATAMA y a respetar y garantizar las libertades fundamentales. Además, urgen a Nicaragua a informar de inmediato sobre el paradero de las personas detenidas y sobre el estado de salud; garantizar los derechos al debido proceso y a una defensa adecuada mediante el contacto regular e irrestricto con quienes se desempeñan como representante legal y con las familias. De igual manera, la CIDH urgió al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en Nicaragua.

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