Fondo Verde para el Clima suspende financiamiento a Nicaragua

Debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre salvaguardas ambientales y sociales, la Secretaría del Fondo Verde para el Clima (FVC), rescindió el financiamiento de US$64.1 millones para el proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas Bosawás y Río San Juan”, en Nicaragua (FP146).

El 13 de noviembre de 2020, el FVC aprobó la propuesta de financiamiento presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del Proyecto Bio-CLIMA: acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y la biosfera de Río San Juan en Nicaragua.

El 12 de agosto 2021, el BCIE) y el Fondo Verde para el Clima suscribieron el acuerdo de financiamiento para el Proyecto Bio-CLIMA. El costo total del proyecto era por US$116.6 millones. El FVC aportaría US$64.1 millones, de los cuales US$38.0 millones eran en calidad de préstamo al Gobierno de Nicaragua y US$26.1 millones como donación. Por su parte, el BCIE financiaría US$44.2 millones a través de su Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (PRPEES). Además, se contaría con una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) por US$8.3 millones. 

Sin embargo, la vocación autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en riego el financiamiento del Proyecto Bio-CLIMA. Pero, finalmente, el régimen no se salió con las suyas.  

El FVC confirmó en este comunicado que la decisión se tomó “tras un exhaustivo proceso de investigación y evaluación, así como por las medidas adoptadas por la Secretaría para abordar los casos de incumplimiento, que constituían infracciones legales de los acuerdos jurídicos pertinentes entre el FVC y la entidad acreditada”. Agrega que, el FVC no desembolsó fondos para el proyecto y éste no había comenzado a ejecutarse.

Añade que, en junio de 2021, el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) del FVC recibió una queja relacionada con el FP146 alegando “la falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas y afrodescendientes y el incumplimiento de las políticas y procedimientos del FVC por parte de la Entidad Acreditada, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”.

Precedente histórico para el Fondo Verde para el Clima

Amaru Ruiz, de la Fundación del Río (FDR) aseguró que, la decisión de la Secretaría del FVC, se basó en la información recopilada por el IRM, la proporcionada tanto por la entidad acreditada -BCIE-, las organizaciones civiles y las propias comunidades indígenas que enviaron comunicaciones alrededor del incumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales.

Para el ambientalista, la decisión es un precedente histórico para el Fondo Verde del Clima como mecanismo de financiamiento climático y para sus mecanismos de revisión independiente. “Eso marca una pauta de que cualquier proyecto climático no debe violar salvaguardias ambientales y sociales donde llegue a instalarse”.

Ruiz reconoció como “un esfuerzo colectivo y de resistencia de las comunidades indígenas” ya que, a pesar de la persecución, de la invasión a sus territorios y de los asesinatos, se mantuvieron firmes a la hora de cuestionar este proyecto y confiaron en las organizaciones para llevar al más alto nivel su decisión de no querer este proyecto”.

Según Ruiz, quedó demostrado que la simulación de consultas que hizo el la entidad acreditada -BCIE- y la entidad ejecutora -el régimen Ortega-Murillo- no fue suficiente, ni contó con los estándares internacionales de las consultas, previas, libres e informadas.   

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), en su informe presentado el pasado 29 de febrero de 2024, señala que, desde 2018 los asaltos violentos de colonos habían causado la muerte de 46 personas –33 por arma de fuego–, principalmente en el territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. “En algunos casos, los cadáveres recuperados presentaban signos de tortura y mutilación. Mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual; se quemaron las casas de miembros de las comunidades; y muchas familias fueron víctimas de desplazamiento forzado”.

Una investigación de Connectas, La Prensa y Onda Local amplía cómo la falta de respuesta del Estado ha perpetuado la violencia en el Caribe nicaragüense.  

El GHREN determinó que las autoridades del Estado no aplicaron medidas de prevención eficaces para proteger la vida e integridad de los miembros de las comunidades y tampoco llevaron a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas. En lugar de ello, afirma: “las autoridades han negado públicamente la responsabilidad de los colonos en los delitos identificados, e incluso han procesado a miembros de las comunidades afectadas por algunos de los delitos, imponiéndoles duras condenas”.

La Secretaría del FVC, dice en su comunicado que “mantiene su compromiso de defender el principio de no hacer daño y evitar, minimizar y mitigar el posible impacto medioambiental y social adverso de las actividades de financiación climática”.