La dictadura ha recibido más de 300 millones de dólares con el objetivo de preservar lo poco que queda de los bosques, pero no se ven los resultados.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permite que colonos, madereros y mineros, exploten los recursos de las reservas de biosferas Bosawás y Río San Juan, pero al mismo tiempo piden dinero para evitar la deforestación.

La zona núcleo de Bosawás mide 750 mil hectáreas y la zona núcleo de Río San Juan, Indio Maíz, 260 mil hectáreas. Las zonas núcleos de estas dos importantes reservas representan más de 900 mil hectáreas, equivalente a la mitad del territorio de El Salvador.

Con la excusa de preservar los bosques que quedan en Nicaragua, el régimen orteguista aplica a millonarios proyectos financiados por organismos financieros internacionales, tal como fue el caso del Proyecto BioClima, con el cual pretendía acceder a 116 millones de dólares.

Muy contrario a eso, la dictadura permite que se realicen actividades que deterioran la vitalidad de los bosques, como la minería y la agricultura.

El régimen de Ortega y Murillo ha percibido 384 millones de dólares en la ejecución de 27 proyectos de conservación o financiamiento verde, de 2018 al 2024, de acuerdo al Análisis del Financiamiento Verde y Presupuesto Ambiental de Nicaragua, publicado por Fundación del Río en agosto de 2024.

El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), son las principales instituciones financieras que han apoyado dichos proyectos.

Pero esos recursos no se ven reflejados en la conservación de los bosques más importantes de Nicaragua como son las reservas de Biosferas Bosawás y Río San Juan en especial su zona núcleo, la reserva Biológica Indio Maíz, afirmó Amaru Ruíz, presidente de Fundación del Río.

Ruíz señala que la comunidad internacional pone a disposición recursos para abordar los principales problemas ambientales del país, pero, por otro lado, “la política nacional es contrario a ese interés de la comunidad internacional”. El ambientalista acusa al régimen de que su política ambigua sobre los bosques y el medioambiente, se evidencia en el fomento de la minería ilegal. Por todo el país han surgido minas artesanales, incluso dentro de áreas protegidas como Indio Maíz y Bosawás.

Ruíz destacó que dicha contradicción se refleja en el aumento de las concesiones mineras a empresas internacionales, y en especial énfasis, a las empresas de China durante el 2024.

De 2022 al 2024, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha otorgado 234,496.31 hectáreas, en 23 concesiones, a las empresas mineras chinas Zhong Fu Development, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group y Thomas Metal S.A., por un período de 25 años.

La permisividad y complicidad de los procesos de invasión en áreas protegidas, es otra evidencia del doble discurso del régimen en relación a la conservación, criticó el ambientalista.

Indicadores de vitalidad del bosque disminuye

Ruiz explicó que los indicadores de la vitalidad del bosque disminuyen en Nicaragua, contrario a lo que se espera con el financiamiento que el régimen ha recibido.

El ambientalista afirma que la deforestación es un indicador negativo de la vitalidad del bosque. “La deforestación ha aumentado en más de 100 mil hectáreas al año en todo el país”, aseguró.

En 2024, el World Resources Institute publicó el informe “Forest Pulse” donde menciona a los países con las tasas de deforestación más altas. El informe menciona que “Bolivia, Laos y Nicaragua experimentaron rápidos aumentos de pérdida de bosques en 2023, por la expansión de tierras agrícolas”.

En el caso de Nicaragua, hubo “un aumento de pérdida de bosques primarios en 2023 y en los últimos años, con 60, 000 hectáreas perdidas”, asegura el informe. “La expansión de la agricultura y la ganadería es la causa principal de la pérdida de bosques en Nicaragua. La minería de oro también es un impulsor: el área de concesiones mineras casi se ha duplicado desde 2021 y cubre alrededor de un 15 % del país”, afirma el World Resources Institute en su informe.

En 2010, ya con Daniel Ortega en la presidencia, la cobertura forestal de Nicaragua era del 31%. Pero al 2020, la tasa de cobertura forestal se redujó al 25%, según datos de la FAO.

Ruiz asegura que otro indicador es la incidencia de incendios forestales en áreas protegidas. En la temporada de incendios forestales de 2024, entre febrero y abril, en Nicaragua se destruyeron 287,792 hectáreas de vegetación, un área superior al departamento de Rivas, de las que al menos, 14,289 fueron en áreas protegidas.

Bosawás fue el área protegida con mayor número de incendios detectados que afectaron 9, 039 hectáreas, según un informe de la Fundación del Río.

El ambientalista refiere que el deterioro del hábitat para la biodiversidad de fauna y flora, ha aumentado. “El propio régimen ha reconocido en la Cuarta Comunicación para el Cambio Climático que la principal causa de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es la deforestación”, afirmó Ruiz.

Entonces, ¿En qué están utilizando los recursos del financiamiento verde? cuestiona Ruíz.

“No hay manera de fiscalizar y auditar esos recursos financieros. ¿Quiénes están haciendo las auditorías? ¿Las están haciendo gente externa que no tenga ningún nivel de cooptación? Esas son las preguntas que nos hacemos”.

Onda Local solicitó por correo electrónico al Banco Mundial, al BCIE y al BID, una entrevista para conversar sobre el estado de ejecución de los proyectos que aprobaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en materia ambiental y de adaptación al cambio climático, sin embargo, hasta la publicación de este trabajo no hubo respuestas.

Menos recursos para instituciones ambientales

A pesar de los más de 300 millones de dólares que ha recibido el régimen en los últimos seis años, la asignación de presupuesto para el Marena ha disminuido.

Ruiz señaló que incluso el aumento del Presupuesto General de la República (PGR) en los últimos años, no aumentó los recursos del Marena.

“La asignación presupuestaria para las instituciones rectoras del medioambiente y los recursos naturales es cada año menor. Las instituciones no tienen la capacidad para atender todos los problemas ambientales y eso demuestra que no hay voluntad política para atender esta situación”, afirma Ruiz.

La asignación presupuestaria del régimen Ortega-Murillo al Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales (Marena) ha disminuido 55% entre el 2018 y 2024, indica el informe de Fundación del Río.

En 2024, la asignación presupuestaria al Marena fue de 220 millones de córdobas, lo que representa el 0.17% del total del Presupuesto General de la República.

El informe señala que los pocos recursos que tiene el Marena se utilizan para el pago de planilla. En 2024, el 60% del presupuesto de esta institución se usa para el pago del personal. 

Saqueo en las comunidades de la Costa Caribe

El informe de Fundación del Río expone que los proyectos del financiamiento verde han priorizado la Costa Caribe Norte y Sur.

Ruiz asegura que la política nacional actual conlleva un proceso de saqueo en las comunidades indígenas del Caribe donde se concentran la mayor parte de los proyectos.

Aprueban cinco concesiones mineras en la Costa Caribe Sur

El Caribe de Nicaragua es la zona de mayor deforestación en Nicaragua. Según Global Forest Watch, de 2001 a 2023, el Caribe Sur perdió 578 mil hectáreas de cobertura arbórea, dos veces el tamaño de Indio Maíz, lo que equivale a una disminución del 31%.

En cambio, el Caribe Norte, de 2001 a 2023, perdió 740 mil hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 35% de su tamaño.

Josefa, seudónimo de una bióloga que trabajó por 15 años en proyectos de conservación en la Costa Caribe Norte y Sur, afirma que la ganadería está dejando pelada esa zona. 

Recuerda que en el territorio Tasba Pri, entre Rosita y Puerto Cabeza, para el 2010, cuando hacía un muestreo de áreas boscosas del norte y sur del Caribe para un instituto de investigación regional, había extensos bosques donde se podían encontrar jaguares en el camino. Sin embargo, en 2023, cuando volvió a la zona, había una carretera y al lado muchas casas de piedra.

“Ahora todo está super pelado y poblado”, afirma. El objetivo de las carreteras en esa zona de bosque es sacar la madera como el cedro macho y granadillo.

Después que sacan la madera, los caminos se hacen más grandes, y empiezan a llegar los finqueros. Empresarios asiáticos estaban detrás de los recursos forestales en esa zona, principalmente de la madera de granadillo, señala la investigadora.

Según Josefa las organizaciones que apoyaban sus investigaciones veían los bosques del Caribe de Nicaragua como una zona de conservación que fuera un corredor para la fauna y flora. No obstante, para algunas personas del Caribe y del Pacífico, los bosques son un botín. Josefa relata que en una de las comunidades indígenas del Caribe Sur, conoció a un hombre del Pacífico que tenía una finca de 1,500 manzanas.

“El era de Alamikamba, pero compraba tierras indígenas a algún líder de la zona. Todo esto con la aprobación de secretarios políticos”, aseguró.

Josefa expresa que como investigadora que ha estado en varias zonas boscosas del Caribe, “no ha visto ningún área de regeneración”.  

44 personas detenidas por invadir zona sur de la reserva Indio Maíz

El Ejército de Nicaragua y el Gobierno Municipal de El Castillo, conocen sobre la dinámica de la minería ilegal en la reserva Indio Maíz.

Onda Local viajó a la zona y pudo comprobar que los soldados del Ejército no detienen a las personas mineras que van y vienen dentro de la reserva Indio Maíz. Desde los muelles de El Castillo salen lanchas repletas de personas que se dirigen a las minas instaladas en la reserva Indio Maíz y a Crucitas.

El Ejército de Nicaragua tiene una base conocida como Las Cruces, a unos 10 kilómetros de El Castillo, río abajo. La entrada a las minas ubicadas dentro de Indio Maíz están a unos tres kilómetros de dicho puesto militar.

El mismo Ejército ha confirmado que dentro de esta zona de la reserva hay minería y proceso de invasión, pues ha publicado notas informando de las capturas de personas que intentaban ingresar a Indios Maíz para vivir ahí o hacer minería.

En el periodo de 2023 y hasta junio de 2024, el Destacamento Militar Sur (DMS) del Ejército, ha capturado a 44 personas por realizar minería, intentar introducir productos o herramientas para esta actividad o por talar árboles dentro de la reserva Indio Maíz.

En junio de 2024, el Ejército realizó la última captura de una persona que intentaba ingresar a la reserva Indio Maíz con cianuro en el sector de Las Cruces. En agosto y septiembre esta institución no reportó más capturas.

De acuerdo con datos oficiales del Ejército, en 2023 capturaron a 31 personas por realizar actividades de minería ilegal, tala del bosque o intentando ingresar a Indio Maíz con herramientas para hacer dichas actividades. A estas personas se les decomisó tombolas, motores, plantas eléctricas, motosierras, motores estacionarios, rotomartillos y productos químicos como cianuro. 

Gran parte de las capturas fueron en el sector de Las Cruces lo que confirma la alta actividad de personas mineras e invasoras en Indio Maíz. En julio de 2023, el Ejército detuvo a 14 personas, siendo el mes que más capturas realizó esta institución.

Según el Ejército, durante operativos realizados en noviembre y diciembre de 2023, se decomisaron 15 tombolas, ocho motores estacionarios, cinco motores, 75 balines de trituradoras, cuatro generadores eléctricos y 14 tubos con materiales explosivos. Durante estos operativos no se capturó a nadie pues las personas huyeron. 

En una nota publicada el 13 de agosto de 2023, confirma que desde Costa Rica, se trafica con materiales y herramientas para la minería en Indio Maíz.

En los sectores de la Ñoca, municipio de San Carlos y Boca de Sábalos, municipio de El Castillo, los soldados detuvieron a tres personas que portaban 78 balines trituradores que se emplean en las tómbolas de minería ilegal, en la reserva Indio Maíz. Estas herramientas eran transportadas desde Costa Rica por puntos ciegos.

En 2024, a pesar de que la actividad de minería ilegal e invasión a la reserva Indio Maíz continúa en apogeo, el Ejército reporta menos detenciones. De enero a junio de 2024, los militares han capturado a 13 personas por realizar minería ilegal, tala del bosque o por intentar ingresar a la selva con herramientas y productos para la minería.

En ese mismo periodo, pero de 2023, 26 personas ya habían sido capturadas por el Ejército. De enero a septiembre de 2024, se han decomisado tombolas, generadores eléctricos, rotomartillos, motores estacionarios, sacos con brosas para procesamientos y cianuro.

El último decomiso de herramientas y productos para la minería ilegal en la zona sur de Indio Maíz, sin ser detenidos, ocurrió en la semana del 10 al 24 de septiembre. De acuerdo con el Ejército, el DMS encontró en la zona de Las Cruces, dos tómbolas,

En mayo de 2024, el Ejército realizó el decomisó más grande, hasta ahora, de productos y materiales para la minería ilegal: siete tómbolas metálicas, siete motores estacionarios, cuatro generadores eléctricos, cinco bombas de agua, tres motosierras, tres rotomartillos, 130 balines trituradores, 50 libras de cianuro y 300 sacos de material para procesamiento.

Estos decomisos ocurrieron en los sectores de Boca de Bartola, Caño La Venada, Las Cruces y El Gavilán. La institución asegura que no hubo capturados. Los militares realizaron otros decomisos de productos y herramientas para la minería, sin detenidos, en los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Ruíz señala que a pesar de estos datos, es evidente que el Ejército permite la minería ilegal y la invasión de colonos, aunque no entiende, “cuál es el criterio para detener a algunos y a otros no”.

Bosawás rodeadas de concesiones mineras

Al mismo tiempo que el régimen pide dinero para proteger los bosques de Nicaragua, este ha minado de concesiones mineras la reserva de Biosfera de Bosawás en el Caribe Norte.

De acuerdo con un informe publicado por la Asociación Centroamericana Centro Humboldt (ACCH) en 2023, 86 lotes mineros han sido concesionados en áreas protegidas de Nicaragua.

El informe señala que 13, de las 72 áreas protegidas del país, están afectadas con una concesión minera. Cabe destacar que las concesiones fueron aprobadas para la minería metálica.

De los 86 lotes, 70 están en la zona de amortiguamiento de la reserva de Biosfera de Bosawás, que equivalen a 725 mil hectáreas, es decir, casi a la totalidad de su zona núcleo.

“Esto genera una enorme presión dentro de la reserva, ya que además de enfrentarse a la actividad minera intensiva también la reserva tiene otros tipos de tensores ambientales como la deforestación y el cambio de uso de suelos, a eso se le suma las afectaciones por pequeña minería”, señala el informe.

Sin embargo, hasta ahora, ninguna empresa minera ha desarrollado trabajos de explotación en las áreas concesionadas en la zona de amortiguamiento de Bosawás.

No obstante, la minería artesanal si está activa. El 29 de junio de 2024, un minero artesanal murió cuando la mina en la que trabajaba colapsó. Esto ocurrió en la zona conocida como Españolina, en el territorio mayangna de Silam Asang, donde desde el 2022 se realiza minería artesanal.

Esta zona de explotación minera, queda a pocos kilómetros de la reserva natural Cerro Cola Blanca, conocida como “Wala Asang” en mayangna. Otras de las minas dentro de Bosawás son Morobila y Kiwakumbai, está última fue el escenario de una masacre en la fueron asesinadas doce personas en agosto de 2021, por personas invasoras que se apoderaron de la mina.

El ambientalista y documentalista Camilo de Castro Belli, obligado al exilio por el régimen y quien ha documentado la destrucción de las selvas de Indio Maíz y Bosawás, señala que no hay una estrategia para proteger los bosques primario en el país y es evidente que el régimen no le da prioridad a la conservación.

Considera que el régimen prioriza el crecimiento de la ganadería y la minería. “ Han hecho un esfuerzo por proyectar en los foros internacionales una imágen de gobierno que trabaja con los pueblos indígenas y afrodescendientes”. 

Cuando en 1997 la Unesco incluyó a Bosawás en su lista de Reservas de Biosferas, está tenía una extensión de 1 millón 900 mil hectáreas, equivalente a casi 20 mil kilómetros cuadrados, incluyendo su zona de amortiguamiento. Eso es dos veces el tamaño del lago de Nicaragua o Cocibolca.

De Castro Belli afirma lo que ha visto en Bosawás e Indio Maíz, muy pocas personas lo ven por lo difícil que es llegar a los bosques vírgenes de Nicaragua.

“Las invasiones son como un cáncer que está haciendo metástasis y que nadie puede detener”, aseguró.

La  zona núcleo de Bosawás, donde está el bosque mejor conservado, tenía una extensión de 7,500 kilómetros cuadrados, equivalente a 750 mil hectáreas, según la Ley 407, Ley que Declara y Define la Reserva de Biosfera de Bosawás. El tamaño original de la zona núcleo de Bosawás era dos veces el tamaño del departamento de Managua.

“Allá se ve una destrucción desoladora, el olor de los bosques arrasados es indescriptible”, expresa de Castro Belli.

El Marena registra que al 2019, Bosawás tenía una extensión de 1 millón 200 mil hectáreas, incluyendo su zona de amortiguamiento. De 2015 a 2019, 35 mil hectáreas de bosque se degradaron en Bosawás, según datos del Marena.

El ambientalista y documentalista considera que a este ritmo, los bosques van a desaparecer y no va a quedar nada para contemplar.

“Cuando se pierde un bosque primario jamás se va a recuperar. Es poco probable que las futuras generación disfruten de los beneficios que dan estos bosques. Estamos viviendo la peor crisis ambiental de la historia, condenamos a las próximas generación a vivir en un desierto”, enfatizó De Castro Belli.

La mayor parte de la deforestación se debe a la agricultura. Sin embargo, la minería ilegal o artesanal también se suman a la destrucción de Bosawás e Indio Maíz. La amenaza de la minería industrial a cielo abierto persiste a vista y paciencia de las autoridades.