Costa Rica: Legislativo no consigue quitar inmunidad a Rodrigo Chaves

En una maratónica e inédita sesión que duró más de cuatro horas, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, no logró los 38 votos necesarios para retirar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que este enfrentara la justicia ante una acusación de presunta corrupción vinculada al manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En 200 años de historia democrática es la primera vez que se somete a discusión el fuero presidencial en Costa Rica.

El proceso que llevó la discusión al Poder Legislativo

La propuesta de quitar la inmunidad al jefe de Estado de Costa Rica, surgió luego de una acusación de la Fiscalía General, la que lo señala de actos de corrupción con los que supuestamente buscaba favorecer económicamente a un asesor presidencial.

Según la acusación, Chaves habría ejercido presión sobre el productor audiovisual Christian Bulgarelli, quien prestaría servicios de comunicación mediante un contrato cuyos fondos provenían del BCIE, para que el ahora exasesor presidencial y excolaborar de campaña, Federico Cruz, recibiera dinero proveniente de dicho financiamiento. 

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, Cruz habría recibido de manera indebida 32,000 dólares procedentes de fondos donados por el BCIE para servicios de comunicación en la Presidencia.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, fue acusado por la Fiscalía General del delito de concusión, que, de acuerdo a la literatura jurídica, este se comente cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer un beneficio patrimonial o un bien de forma contraria a la ley. Esta acción implica la coacción o persuasión ilícita del funcionario para obtener un provecho económico para sí mismo o para un tercero.

El caso salió a luz en abril de 2023 y la Fiscalía abrió una investigación formal en junio de 2024, luego, a inicios de 2025, el Ministerio Público remitió el expediente penal a la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, el 1 de julio, la Corte Plena votó a favor de admitir la acusación contra Chaves. Admitida la acusación, el caso fue trasladado a la Asamblea Legislativa para que decidiera sobre el levantamiento de la inmunidad, previo análisis de una comisión integrada por dos diputadas de oposición y uno oficialista.

El 12 de septiembre, la comisión legislativa dio a conocer su informe, en este las diputadas opositoras Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, se pronunciaron a favor de quitar la inmunidad, mientras que el diputado oficialista, Daniel Vargas, se pronunció en contra.

Una agenda maratónica con discusiones candentes

La inédita sesión en el Poder Legislativo costarricense, inició con la defensa de los informes por parte de los diputados que integraron la Comisión Especial que analizó el expediente del caso.

Seguidamente se procedió a realizar el debate en el que cada fracción parlamentaria expuso su posturas y argumentos alrededor del caso.

Cada diputado tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra, generándose en el plenario posturas encontradas que hicieron candente el debate, el que, a pesar del cansancio, transcurrió de manera ordenada. 

El debate finalizó cerca de las siete de la noche con la votación cuyos resultados no permitieron la mayoría calificada según la Constitución. Se requerían 38 de los 57 votos de los congresistas para hacer efectivo el desafuero. Solo 34 diputados votaron a favor de retirarle la inmunidad al mandatario.

Diputados denunciaron presión desde el Ejecutivo

Días previos a la votación, al menos cinco legisladores denunciaron haber recibido llamadas desde la Casa Presidencial a través de las que fueron presionados y hasta amenazados para cambiar su criterio sobre la votación para levantar la inmunidad del presidente.

No obstante, los congresistas que habrían recibido las llamadas no precisaron sobre quienes fueron las personas de la presidencia que les interpelaron.

Chaves: “Es un montaje político”

Por su parte, el mandatario quien optó por no presentarse a la sesión donde se discutiría su desaforación, ha rechazado en reiteradas ocasiones los señalamientos los que ha calificado como un “montaje político.” Paralelamente Chaves a acusado al fiscal general Carlo Díaz como principal instigador del mismo y al Poder Judicial de cómplice de una trama para debilitar su gobierno.

Durante la sesión que culminó con la votación que consiguió 34 de los 38 votos necesarios, los diputados oficialistas calificaron el proceso con expresiones como “show político”, “circo mediático” y cómo “un atentado contra la democracia”, a la vez que reiteraron que el proceso legal contra el mandatario ha estado lleno de vicios por parte del Poder Judicial.