Medidas antipopulares, ¿dónde lo cristiano y lo solidario?

Por Patricia Orozco

El director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, Roberto López, presentó ayer la forma en que recaudará 220  millones de dólares para sostener dicha entidad, sin pensar en las repercusiones que dichas medidas tendrán en las y los cotizantes y en la pequeña empresa.

González presentó las medidas luego de las negociaciones a puertas cerradas que mantuviera el gobierno con representantes de la gran empresa aglutinados en el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, y los sindicatos identificados con las posiciones gubernamentales.  

La pequeña y mediana empresa tendrá grandes dificultades, pese a que aporta casi el 40 por ciento de las exportaciones del país ha reconocido el presidente honorario del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conimipyme, Gilberto Alcócer.

Casi el 45% del PIB descansa sobre las mipymes declaró a El Nuevo Diario Leonardo Torrez, presidente del Conimipyme a mediados de 2017.

Las mipyme han alegado en reiteradas ocasiones que no tienen la capacidad económica para aumentar su aporte al INSS, pese a que significan el 87 por ciento del soporte empresarial del INSS. Han manifestado que cumplen con la seguridad social con dificultad y les será casi imposible lograrlo con el ajuste anunciado.

El economista Adolfo Acevedo Vogl ha señalado que las medidas anunciadas afectarán “a decenas o cientos de miles de pequeñas y medianas empresas”; y analiza que “la carga total del aporte patronal se eleva del 19% al 22.5% en el Régimen Obligatorio Integral y de 13% a 16.5% en el Régimen Obligatorio”. Para las empresas significaría, de acuerdo al economista,  un incremento considerable en los costos que se agregan al salario.

A criterio de Acevedo, “el incentivo para los empresas medio- grandes y/o medianas sería buscar mecanismos para reducir la afiliación (incrementar la tercerización seria uno de ellos). Para las pequeñas, les significaría problemas financieros y de liquidez muy serios para hacer frente a estos costos más altos, creando un formidable desincentivo para la formalización. Todas las empresas se verían compelidas a reducir personal y los incrementos salariales para compensar el aumento del aporte patronal”.

Recorte a pensiones de personas jubiladas

El anuncio del funcionario gubernamental López, incluye un recorte en un cinco por ciento de las cotizaciones de cientos de miles de personas jubiladas, lo cual significa afectar su poder adquisitivo, de por sí escuálido. De esta manera piensan extraer millones de córdobas anuales.

“Al mismo tiempo se estará reduciendo el porcentaje de subsidio que reciben por consumo de energía eléctrica. Las pensiones se ajustarán 5% anual, y si el costo de la vida aumenta más que ese porcentaje, verán reducir más su poder adquisitivo, agrega Adolfo Acevedo.

Acevedo reflexiona que también saldrán desfavorecidos quienes se pensionen de aquí en adelante. “Se ha modificado la fórmula de cálculo de las pensiones que recibirán a los 914,198 afiliados activos” y señala dos ejemplos que ayudan a comprender el cambio: Si se tenía un salario promedio de C$ 17,000 y se cotizó 750 semanas; la pensión se habrá reducido en 12.8%. Si el salario era de C$ 25,000 y cotizó mil semanas, con la nueva fórmula su pensión se habrá reducido en 11.8% en relación a lo que habría sido hasta hoy.

Agrega que “no importa cuántos años cotice después de la edad de jubilación, su pensión jamás podrá exceder el 70% del salario promedio que se definió como base de cálculo de la pensión (antes ese porcentaje era del 80%)”.

Nada dijo Roberto López de los gastos administrativos del INSS, altamente cuestionados por la ciudadanía, lo cual refleja la falta de transparencia y la carente regulación institucional… En las redes sociales se anuncian desde ya movilizaciones en repudio a dichas medidas y exigen al gobierno una rendición de cuentas claras de los recursos del INSS.