Mujeres y hombres demandan cumplimiento de Ley 779

La violencia de género sobresale en el departamento Matagalpa, al norte de Nicaragua, y funcionarios estatales no responden a las demandas de protección y justicia de las víctimas. El orden jurídico es infuncional con ese delito, según denuncias emitidas en diversos foros por cientos de mujeres que propusieron mejorías legales.

Alarma el nivel de indefensión y discriminación. Por tanto, el equipo multidisciplinario del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAMUJER), se programó identificar, analizar y validar, factores que facilitan u obstaculizan la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779).

El proyecto se ejecutó de abril 2018 a marzo 2020. Fueron realizados talleres con mujeres y hombres en ocho de los trece municipios del territorio campesino: Matagalpa, Sébaco, San Ramón, San Dionisio, Esquipulas, Matiguás, Río Blanco, y Tuma -La Dalia.

En cada una de las sesiones, la metodología pretende que la expresión sea libre, la cual permitió identificar situaciones que se repiten con más frecuencia en los municipios.  CEAMUJER procura no sugerir, no intervenir, no inducir.  

Con la participación del Grupo Departamental de Promotores y Promotoras para la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género, se obtuvieron propuestas de cambio para optimizar la utilidad de la ley y erradicar los ambientes de Violencia Basada en Género que sufren mujeres, niñas y niños.

Promotoras y promotores son fundamentales

CEAMUJER, desde el año 2016 organizó la Red de Promotores y Defensores de Derechos Humanos; 176 mujeres activistas, a las que se suman 76 varones, trabajan de forma voluntaria en sus comunidades y municipios, apoyando a gente afectada por violencia de género y todo tipo de dificultades en sus territorios.
En el trascurso de las consultas, la participación masculina fue estimulante con testimonios de hombres que se autodenominan “buenos y conscientes”, que “sufrimos violencia pero nos da pena contar y buscar ayuda”, y “han sido acusados injustamente”; están convencidos que “para formar bien a nuestros hijos debemos empezar por nosotros, por nuestra relación de pareja, en nuestros hogares” pues “el machismo invade la sociedad”.

El punto de partida para esta nueva campaña de superación, es la investigación denominada “Constatando la aplicación de derechos de niñas, niños y adolescentes en su entorno, hogar, escuela y comunidad”, realizada en el año 2015.

Con ese estudio comprobaron diferentes factores que “favorecen y dificultan la violencia, los lugares más frecuentes donde ocurre y la identificación de los entornos seguros o inseguros para las mujeres, niñas y niños, víctimas frecuentes de violencia de género”.        

En los últimos dos años CEAMUJER había venido analizando el fenómeno de disminución de la denuncia y el aumento de casos de saña y se propuso conocer de primera mano las causas de esa realidad aterradora, teniendo como base los resultados de la investigación mencionada.

Además, durante el 2017 se incrementan a 54 los femicidios a nivel nacional; el año 2016 fueron asesinadas 49 mujeres.

Más de 500 personas expresándose

El estudio de CEAMUJER para certificar la realidad implica dos talleres con 40 promotoras de Grupos de Auto Ayuda, y 21 encuentros con la asistencia de 362 mujeres y adolescentes perjudicadas; igualmente se auxilia con testimonios expuestos por 201 víctimas en las sesiones personalizada de asesoría jurídica y 74 en atención psicosocial.

Asimismo, organizaron dos asambleas para “Definición de Ruta de Protección y factores que facilitan u obstaculizan el acceso a la justicia en sus comunidades y municipios”, más cuatro reuniones con 35 líderes y lideresas de 7 municipios. Un diagnóstico irrefutable.

Los conversatorios enunciaron que tampoco todas las instituciones de la sociedad civil están dispuestas a contribuir con la erradicación de la violencia, según manifestaron integrantes de la Red de Promotoras y Promotores.

Esa red comunitaria identifica las instituciones o personas que les obstaculizan el trabajo: en ninguno de los municipios la Policía Nacional cumple su función; por filiación religiosa en cinco municipios los predicadores abominan a las organizaciones defensoras; sólo tres alcaldías y dos juzgados se involucran, y hasta una comunidad se ha negado a respaldar los derechos de sus conciudadanas.

Testimonios desgarradores

Los relatos en las reuniones son impactantes, ese hombre de quien ella se enamoró es el que le pega, la humilla, la viola, la cela; parecido le sucedió a otra: “Nos pasa a todas creer que tenemos un buen hombre al principio y a medida que va pasando el tiempo van cambiando en mal”.

Cualquier nombre podría mostrar una mujer, cada una de ellas conoce vivir sumisas, sufrir chantajes, “quienes no son estudiadas y por falta de apoyo y conocimiento aguantan al hombre que es sostén económico de la casa”. El hombre es el dueño de la propiedad, es el poseedor de todos los bienes materiales y amo y señor de “su mujer y sus hijas”.

Sin embargo, en esta lucha por los derechos humanos, las participantes en los foros manifestaron su empeño en no callar, conversar entre ellas, buscar ayuda, no dejar que impere la crueldad.

Una tras otra las mujeres comunican sus tristezas y firmes esperanzas, las voces quedan grabadas en la memoria: “Nosotras mismas juzgamos a las mujeres maltratadas, mas no sabemos por todo lo difícil que pasan y lo que cuesta salir de ese círculo de violencia; en la comunidad tenemos muchos casos de violencia; no queremos muerte de ningún lado, la violencia no debe seguir”.

Lamentable fue escuchar de riesgos que corren quienes reclaman sus derechos o protegen a personas indefensas: “Sabemos que estamos expuestos a muchas consecuencias si decidimos intervenir y ayudar a una víctima”; “tenemos problemas en las comunidades, no hay quien defienda a una víctima y puede ocurrir una desgracia, la misma sociedad de encarga de señalar pero no de ayudar”.

Las categorías económicas no garantizan que las mujeres sean respetadas, ellas compartieron sus experiencias: “Las mujeres bonitas y con dinero pensé que no sufrían violencia, pero ahora me doy cuenta que en estas situaciones todas somos iguales y podemos sufrirla”. “La violencia está a todo nivel social y educativo, desde el más culto hasta el menos letrado”.

A pesar de lágrimas y dolor revelados por años sufriendo vejámenes, en las asambleas surgieron abrazos con mucho coraje y firmeza: “Las mujeres si nos proponemos algo podemos hacerlo; por no tener respaldo propio aguantamos, pero debemos denunciar; un punto clave es la decisión para perseverar y salir adelante”.

Madres y abuelas que superaron la barbarie no desean a sus hijas y nietas sobrellevando ese martirio, “el peligro principal se encuentra en el hogar” advierten, y sugieren que “cuando no seamos felices es mejor separarse”, “debemos buscar siempre lo que nos haga feliz y nos de paz”; “debemos mentalizar que somos fuertes y capaces de salir adelante solas”.

En las jurisdicciones del estado no hay expectativas: “De nada sirve que denuncien si después no se hace nada, y a la mujer la vuelve a agredir el hombre. Tenemos ese gran problema que es la falta de apoyo de policías y judiciales, aunque presentemos un caso bien documentado y con pruebas suficientes”.

Sinfín de trámites no han sido atendidos por las instancias oficiales, en algunas ocasiones porque el agresor tiene influencia política con las autoridades o hay dinero de por medio o familiaridad.

La ley no se obedece - afirman las mujeres- aun cuando las autoridades están obligadas a escuchar a las personas que lleguen a solicitar respaldo sobre violencia, continúa la retardación de justicia con las lesionadas que tienen expediente de violaciones, abusos y maltratos, inclusive documentos legales han sido perdidos en oficinas públicas.

Tampoco permiten a las víctimas ser acompañadas por alguna promotora, facilitadora judicial o alguna organización. El desamparo es normal, con empleados gubernativos que incumplen con sus funciones y la ley.

Aun con ese panorama desfavorable, existen algunos organismos no gubernamentales locales e internacionales, territoriales, religiosos, humanitarios, y estatales que en ciertos municipios amparan a las violentadas o cumplen sus potestades.

Propuestas para mejorar

La mayor demanda es reabrir urgente las Comisarias de la Mujer, aun “cuando en muchos lugares la atención era pésima pero de una manera u otra medida se resolvía”, y “recibir atención especializada, actúen de forma transparente y cambiar a los funcionarios deficientes”.

El personal que recibe a las afectadas debe ser más sensible y capaz, “suficiente tienen las mujeres con aguantarle al hombre como para aguantar maltrato de un funcionario, éstos y éstas deben atender con respeto y tomen en cuenta las pruebas presentadas y lo establecido en la ley”.

Recomiendan que sea “la misma autoridad que recepcione la denuncia quien oriente a la víctima los pasos a seguir, porque a una la mandan de un lado a otro y no dan respuesta”, y “deben priorizar los casos” según la gravedad.

También quieren que facilitadores judiciales, promotores, y organismos especializados no sean impedidos de acompañar a las denunciantes en todo el sumario, y al mismo tiempo se modifique el reglamento de la Ley 779 para que se niegue la mediación en casos de delitos menores o menos graves, ni se retire la denuncia cuando hay pruebas delictivas.

Incluso a guías espirituales los mandan a reflexionar y evaluar sus apreciaciones, ya que algunos dicen a sus fieles que “cuando hay un conflicto de violencia en la familia no se debía de meter porque después la pareja queda bien y uno sale mal”.

Con mucha fortaleza, coincidiendo declararon que “si un oficial nos trata mal hay que irse a las instancias correspondientes a poner la queja, hay que ir incidiendo para hacer un cambio”; “para que las mujeres denuncien debemos apoyarlas en todos los aspectos buscar los medios”; “hay que darle lecciones a los hombres para que cambien de actitud, aunque sean nuestros familiares no debemos apañarlos”; “no debemos dejarnos intimidar por el agresor sea algún familiar o un conocido de la comunidad o familiar de una autoridad”.

A la par de la asesoría abogadil, la atención médica y sicológica es vital para las víctimas, y requieren albergues donde las resguarden, con financiamiento privado o público. 

Durante toda la jornada de evaluación, quienes están comprometidos con la defensa de los derechos humanos, no dejarán de recurrir a la Policía Nacional, Fiscalía, Juzgado, Defensoría Pública, Ministerio de Salud, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de la Familia.

Están dispuestas a que se les respeten aun recibiendo de las instituciones: Pésima calidad, retardada atención, falta de interés y de respeto, cuestionamiento y entorpecimiento de la denuncia, olvido del proceso de investigación.

Ya que el estado nacional no se propone que la sociedad conozca a profundidad la ley, solicitan a organizaciones civiles nacionales e internacionales que continúen brindando respaldo para superar la cultura misógina y colérica contra las mujeres, niñas, y adolescentes.

En síntesis, ante la vivencia desoladora, los une lo más importante: “El estar rodeada por personas que trabajan por la misma causa que yo, me hace sentir que no es en vano el trabajo que hacemos en las comunidades”.