Nicaragua: La “isla” hostil e inhóspita de Ortega y Murillo
Basta una crítica o un desaire al régimen, para que horas después este, a través de la Cancillería, estalle en improperios contra sus críticos y anuncie la suspensión o ruptura de las relaciones diplomáticas. • Foto: Onda Local
El manejo visceral de las relaciones internacionales
A raíz de las protestas cívicas de abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo activó una estrategia de política exterior que ha sumido a Nicaragua en un aislamiento internacional que se ha ido profundizando en los últimos años. El objetivo principal, permanecer en el poder a toda costa. Con su estrategia el régimen ha pretendido, entre otras cosas, limitar el accionar de la oposición en el exilio, maquillar la realidad del país, eludir señalamientos de la comunidad internacional e invisibilizar la sistemática violación a los derechos humanos de la población nicaragüense.
Las relaciones de Nicaragua con organismos internacionales, agencias de cooperación y varias naciones del mundo, se tornaron ásperas después de las protestas antigubernamentales de 2018, las que el régimen Ortega Murillo neutralizó a través de una desmedida represión que dejó centenares de muertos, heridos, encarcelados y miles de exiliados. Los dictadores nicaragüenses no toleraron críticas a su desproporcionado uso de la fuerza contra la población indefensa y arremetieron contra todo Estado u organismo que condenó la represión.
Para el jurista Uriel Pineda, experto en derechos humanos, la retórica confrontativa e intolerante del régimen Ortega Murillo en materia de relaciones internacionales, más allá de ser una política exterior torpe o errática, es una estrategia muy clara de la dictadura, cuyo propósito es impactar en su sobrevivencia en el ejercicio del poder.
De acuerdo a Pineda, cada ruptura diplomática ha tenido un significado diferente dentro de esa estrategia de aislar a Nicaragua bajo el pretexto de no admitir injerencias en un país soberano.
Por su parte el economista, abogado y analista político, Enrique Sáenz considera que el régimen, antes de definir su política exterior, tiene su propia política, la que describe como “una vocación cuyas características son el embuste y el engaño como arma política”. Sáenz agrega que en segundo lugar está el afán de controlarlo todo, y en tercer lugar, “los arranques impulsivos, las rabietas, que también forman parte de la práctica política de la dictadura”.
El analista asegura que esas tres pautas de comportamiento se encuentran en la base de las decisiones que la dictadura ha tomado con los distintos organismos internacionales y con determinados países, aunque también reconoció que, si bien estas premisas son un factor común en todos los casos, también detrás de cada ruptura hay razones distintas.
El aislamiento en el contexto geopolítico y económico
A criterio de Pineda el aislamiento en el que la dictadura Ortega Murillo ha sumergido al país, se enmarca circunstancialmente en un contexto internacional de aislamiento definido por el cambiante contexto geopolítico y el desbalance comercial de la economía global. Sin embargo, hoy por hoy es solo una coincidencia que coyunturalmente puede beneficiar al régimen, pero no siempre será así.
El experto explica que el retorno de Donal Trump al gobierno de Estados Unidos, ha provocado una desaceleración y una desglobalización, lo que a la vez ha ido modificando la agenda interna de algunos países, sobre todo por el desbalance comercial que implica hoy la manufactura china.
“China tiene, queramos o no, invadidos los mercados europeos, mercados en América Latina, mercados en Estados Unidos, y de alguna manera es una balanza comercial injusta, porque si bien China coloca sus productos, básicamente nadie exporta nada a China” argumenta Pineda.
Según el experto ese fenómeno comercial implica, en términos prácticos, el planteamiento de un nuevo paradigma geopolítico, pero sobre todo un nuevo paradigma económico, lo que está obligando a que los países empiecen a replantear sus relaciones comerciales. “Estábamos encaminados hacia un proceso globalizante y hoy por hoy hay un viraje en la geopolítica” remarca.
Y es, coincidentemente, en este contexto que el régimen Ortega Murillo se aísla, es decir, en un momento en que los objetivos comunes que tenían los países en diversos foros políticos internacionales se han visto diezmado, lo que coincide justamente con la necesidad de sobrevivencia del régimen.
Al respecto Sáenz refuerza la tesis de Pineda al considerar que la pareja dictadora ha depositado en las alianzas con China y Rusia, una confianza tal que les hace creer a rajatabla que estas son una compensación frente al aislamiento mundial.
Pineda advierte que si bien, por ahora, el fenómeno comercial y geopolítico puede beneficiar al régimen en el contexto actual, "en algún momento se va ver obligado a tener un mayor nivel de interacción y ese mayor nivel de interacción va a causar inherentemente una exigencia de apertura del espacio democrático en Nicaragua”.
Aunque también señala que esa apertura no precisamente restablecería la democracia como tal, pero si podría darse algo muy similar a lo que vivió el gobierno de Barack Obama con el régimen castrista en Cuba, donde se le pidió ciertas aperturas que a EE. UU. le parecieron suficientes después de más de 50 años de bloqueo comercial.
“Creo que esa es la ruta a la que aspira el régimen, a convertirse de alguna manera en una nueva Cuba, en donde le autoricen o toleren su régimen dictatorial a cambio de pequeñas concesiones” asevera el experto, a la vez que refiere que en ese sentido el régimen apostará por retomar bilateralmente algunas relaciones que se han roto, pero “siempre y cuando sean bilaterales y no en el contexto de foros internacionales”.
Cronología de la “guerra fría” de Ortega y Murillo contra el mundo
Entre 2018 y 2024 se suscitaron la mayoría de eventos que profundizaron el aislamiento. La dictadura expulsó del país a las representaciones de los principales organismos internacionales de derechos humanos, retiró a Nicaragua de la OEA, el más importante foro político continental, expulsó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), rompió relaciones diplomáticas con cinco países (Taiwán, Holanda, Ecuador, Brasil e Israel), y suspendió de manera unilateral los lazos con el Vaticano. Adicionalmente, durante los primeros cinco meses de 2025, se retiró de cinco agencias y organizaciones de Naciones Unidas, de la Corte Centroamericana de Justicia y se ha mantenido en rebeldía con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), queriendo imponerle sus condiciones.
El proceso que culminó con la salida de Nicaragua de la OEA
La intolerancia del régimen Ortega Murillo a los cuestionamientos a su última farsa electoral consumada el 7 de noviembre de 2021, produjo que el 19 de noviembre este anunciara su salida definitiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), la decisión fue anunciada luego que la Asamblea General de Cancilleres de ese foro continental, emitiera una resolución que desconocía esas elecciones.
La OEA fue contundente al concluir que dichas elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.” El proceso electoral y sus resultados también fueron calificados como una farsa por la Unión Europea y Estados Unidos.
El jurista Uriel Pineda asegura que la ruptura de Nicaragua con la OEA, buscaba además limitar el accionar que desde la oposición se venía impulsando con fuerza desde este importante foro político regional, al denunciar ante instancias internacionales lo que ocurre en Nicaragua. “La existencia de ese foro político generaba la permanencia en la opinión pública internacional de la crisis sociopolítica de Nicaragua, al salirse Nicaragua de la OEA entre otras cosas lo que logra es contener esa permanente y constante denuncia de lo que ocurre en Nicaragua” asevera Pineda.
El detonante de la ruptura
En los meses previos a las votaciones de noviembre de 2021, el régimen encarceló uno a uno a los siete aspirantes a la presidencia que expresaron su deseo de competir en las urnas contra Ortega. A todos se les acusó de traición a la patria entre otros delitos. En su estrategia el régimen también eliminó varios partidos políticos. Con el camino allanado celebró votaciones sin competencia, fue una contienda de tigre suelto contra burro amarrado.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), copado por fichas leales al régimen, le dio una victoria avasalladora a Ortega para que este continuara en el poder por quinta vez, la cuarta consecutiva desde 2007, tras una comedia electoral puesta en escena en medio del fragor de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018.
Desde la rebelión ciudadana de abril de 2018, hasta noviembre de 2021, el Consejo Permanente de la OEA aprobó 12 resoluciones sobre la situación de Nicaragua, en las que condenaba el uso de la fuerza para neutralizar las protestas, y demandaba la liberación de opositores y críticos de Ortega apresados en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales.
La iracunda respuesta del régimen
Tras la enérgica descalificación de las elecciones por la OEA, la dictadura anunció a través de la Cancillería la “indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización” a la vez que la acusó de transgredir su propia carta sobre el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos.
La dictadura entre sus rabietas, señaló a la OEA de haberse convertido en un foro político para ser usado como instrumento de injerencia e intervención bajo la influencia de Estados Unidos.
Pero para hacerse efectiva la salida de Nicaragua de la OEA, el régimen tuvo que esperar dos años como lo mandatan los estatutos de la organización. Durante ese periodo, Nicaragua continuó siendo miembro pleno y por tanto debía mantener las mismas obligaciones y responsabilidades que los demás Estados. La oficialización de la salida de Nicaragua del foro continental se dio el 19 de noviembre de 2023, al cumplirse los dos años establecidos.
La expulsión de ACNUDH, MESENI y el GIEI
Si bien la salida de Nicaragua de la OEA fue el primer desatino diplomático de gran envergadura orquestado por la dictadura Ortega Murillo en el contexto de la crisis sociopolítica que estalló en 2018, anterior a esta acción, el régimen expulsó del país a las organizaciones de derechos humanos de la ONU y de la CIDH.
El 30 de agosto de 2018, el régimen echó de Nicaragua a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), tras la publicación, un día antes, de un contundente informe sobre la represión Estatal contra los manifestantes.
Posteriormente, el 19 de diciembre del mismo año, la dictadura expulsó a las dos instancias creadas por la CIDH en el contexto de la crisis: El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). De igual manera rechazó visitas de seguimiento ofrecidas por parte de la CIDH.
La misión del MESENI era monitorear en el terreno la situación de los derechos humanos en Nicaragua y dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a las personas con grave riesgo a su integridad física o su vida.
En tanto el GIEI tenía encomendado coadyuvar a investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión a las protestas ciudadanas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
El MESENI se instaló en Nicaragua el 24 de junio y el GIEI inició su misión en el país el 2 de julio. Ambas instancias enfrentaron en todo momento a un Estado que obstaculizó y boicoteó el ejercicio de su labor, al cerrar todos los espacios de diálogo y monitoreo, negándoles el acceso a información imprescindible para cumplir con sus mandatos. Así lo reflejó el GIEI en sus informes preliminares.
El GIEI tenía programado presentar su informe final el 20 de diciembre en Managua, pero un día antes, la dictadura Ortega Murillo decidió suspender su permanencia en el país y ordenó su salida y la del MESENI.
Al respecto el GIEI dijo en su informe final: “El GIEI es consciente de que tal medida solo busca impedir que se conozca la verdad. Asimismo, lamenta no haber podido compartir en Nicaragua con las víctimas y sus familiares la presentación de este Informe y reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación y con las víctimas a quienes les dedica su trabajo”.
Lo que reveló al mundo el informe del GIEI
El informe del GIEI presentado el 20 de diciembre de 2018, determinó que entre del 18 de abril y el 30 de mayo de ese año, la represión de la dictadura Ortega Murillo, dejó 109 personas muertas, 1400 heridas y 690 detenidas. De las víctimas mortales ocho eran niños y 42 eran jóvenes que no sobrepasaban los 25 años. El informe revela que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad.
De igual manera el informe destaca que entre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, estaban: detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana. Como consecuencia durante este periodo miles de personas abandonaron el país, sin embargo, era solo el inicio de una represión sistemática que ha ido escalando en fases y se ha extendido ya a lo largo de 7 años.
Repercusiones en materia de DD.HH.
El especialista de derechos humanos, Uriel Pineda, afirma tajantemente que: “El aislamiento de foros internacionales nos deja a los nicaragüenses en indefensión para denunciar lo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en el país”.
Explica que ese aislamiento limita de alguna manera la estrategia que personas opositoras pueden emprender para demandar la apertura democrática en Nicaragua y aseguró que en ese sentido también se afecta la vigencia de los derechos humanos.
“Llevamos siete años de conflicto y en estos siete años han sido desplazados cientos de miles de personas y cada vez en Nicaragua es nula la existencia de voces disidentes” subrayó el experto a la vez que añadió que quienes permanecen en Nicaragua están sujetos a una nueva realidad política y el tiempo ha ido desvaneciendo las voces críticas que desde el exilio siguen demandando la apertura democrática del país.
El experto advirtió que “para sobrevivir en Nicaragua hay que guardar silencio y eso es muy grave para el futuro, la construcción o la reversión hacia una cultura democrática”. En ese sentido recordó lo ocurrido en Cuba, donde en la medida que se perpetuó el ejercicio del poder, la población fue olvidando los valores democráticos.
“Ciertamente los valores democráticos hoy por hoy no forman parte de la sociedad y tardaría algún tiempo en establecerse. No es que sea irreversible, pero sí hay un daño sensible y tienen que empezar a construirse de cero esos valores democráticos” argumentó. Para Pineda algo similar podría ocurrir en Nicaragua si se extendiera por mucho más tiempo la crisis sociopolítica que sufre el país.
Asimismo señaló que la realidad que enfrentan los nicaragüenses en el exilio, es distinta de la que viven quienes están en Nicaragua y en consecuencia puede haber hasta un distanciamiento de la agenda política. “Mientras nosotros creemos que la prioridad máxima debe ser el tema de rendición de cuentas, es posible que la gente que permanece en Nicaragua, agobiada por la situación, tenga una percepción distinta y tal vez la rendición de cuentas no sea tan importante como el hecho de salir de la dictadura”.
Agregó que lo anterior es algo que se debe tener presente en la estrategia de incidencia internacional para denunciar lo que ocurre en Nicaragua y sobre todo para forzar un cambio democrático.
Rechazo y expulsión de embajadores y rupturas diplomáticas
Verter opiniones desfavorables, cuestionar la gestión del régimen, criticar o condenar la represión, exhortar a restablecer las libertades fundamentales, o hacer un desaire a la pareja recalcitrante que usurpa el poder en Nicaragua, son motivos suficientes para que esta estalle en ira y rechace o expulse de inmediato a los embajadores que osen hacerlo, e incluso tomar la decisión de suspender o romper indefinidamente las relaciones diplomáticas con sus países.
Este manejo visceral de la política exterior por parte de la dictadura, tampoco es aislado y también ha dejado mucho que desear en la comunidad internacional.
El régimen de Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en diciembre de 2021 para congraciarse con China continental. Una movida geopolítica con la que la dictadura pretendía beneficiarse pero que a la postre, más allá de los réditos para Nicaragua, la alianza ha despertado la voracidad china por el oro y otros recursos.
Conoce en el siguiente podcast los detalles de la ruptura con Taiwán, además de las repercusiones del alineamiento con China:
En marzo de 2022, el representante de la Santa Sede en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, fue expulsado de facto por la dictadura Ortega y Murillo, luego de una serie de eventos desafortunados, generados en medio del clima de tensión entre el régimen y la Iglesia Católica.
¿Cómo ocurrió todo? Lo explicamos en el siguiente podcast:
El 23 de febrero de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en una nota dirigida a la institución homóloga en Colombia, notificaba al país sudamericano sobre la expulsión de su embajador en Managua, Alfredo Rangel Suárez, por haber emitido, según el documento diplomático, “insolentemente juicios de valor sobre los asuntos internos de Nicaragua”.
En este podcast, los detalles del exabrupto que generó el conflicto diplomático:
El 28 de julio de 2022, el régimen Ortega Murillo, retiró el beneplácito que había otorgado a Hugo Rodríguez, un diplomático estadounidense que sustituiría a Kevin Sullivan como embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Rodríguez prometió ante el Congreso de los Estados Unidos que, durante su gestión diplomática en Managua, trabajaría por el retorno de la democracia a Nicaragua. Sus declaraciones desataron la ira de Ortega y Murillo.
Los pormenores en este podcast:
El 28 de septiembre de 2022, la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt, fue declarada “persona non grata” y se le exigió abandonar el país de inmediato. Las razones en el siguiente podcast.
El 10 de octubre de 2022, la UE decidió adoptar una medida reciproca y declaró non grata a la representante de Nicaragua en Bruselas, Zoila Muller. Sin embargo, reafirmó a través de un comunicado, su compromiso con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua. "La UE permanece abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que este diálogo se lleve a cabo de manera respetuosa" decía el comunicado. El 14 de octubre la UE, extendió por un año más las sanciones impuestas a 21 funcionarios y a tres instituciones del régimen Ortega Murillo.
El retiro del financiamiento para la construcción de un hospital debido a las constantes violaciones de derechos humanos en Nicaragua, anunciado por la embajadora del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, Christine Pirenne, durante una visita a Managua en septiembre de 2022, agitó nuevamente la relativa y aparente calma de la dictadura Ortega Murillo. El anuncio suscitó la ruptura de Nicaragua con la nación europea.
La persecución de la dictadura Ortega Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua, alcanzó nuevamente ribetes diplomáticos en marzo de 2023. Primero fue la expulsión del nuncio un año atrás. Esta vez la dictadura anunció la suspensión de las relaciones con la Santa Sede.
Los motivos de la visceral decisión en el siguiente podcast:
A la fecha, las relaciones entre Nicaragua y la Santa Sede se mantienen suspendidas, aunque tras la muerte de Francisco el 21 de abril pasado, la dictadura lamentó su deceso y reconoció que las relaciones con el pontífice fueron “difíciles” y “accidentadas” porque estuvieron “influidas por circunstancias adversas y dolorosas que no siempre se entendieron”. Luego, el 8 de mayo, el régimen saludó a Robert Francis Prevost, quien ese día asumía como el nuevo pontífice bajo el nombre de Papa León XIV. Los dictadores nicaragüenses pidieron a Prevost, “contribuir a promover la paz”.
La dictadura Ortega Murillo decidió retirar a su embajador en Argentina, a solo 6 días de la toma de posesión de Javier Milei, quien había ganado la presidencia el 19 de noviembre de 2023.
Lo que motivó este nuevo desliz diplomático en este podcast:
Tras el allanamiento de la embajada de México en Quito, por parte de la policía ecuatoriana, para capturar al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, acusado de corrupción, hecho ocurrido la madrugada del 6 de abril de 2024, los dictadores nicaragüenses se mostraron indignados ante la “insólita y repudiable” acción la que de inmediato condenaron a la vez que anunciaron la “decisión soberana de romper toda relación diplomática con el Gobierno ecuatoriano.”
Escucha los detalles en el siguiente podcast:
No asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 2024, fue suficiente para que el embajador de Brasil en Nicaragua, Breno de Souza Brasil Días da Costa, fuera expulsado del país.
Lo que ocurrió antes, durante y después, te lo contamos en este podcast:
El 11 de octubre de 2024, la dictadura Ortega Murillo anuncia un nuevo desliz diplomático: La ruptura de relaciones con Israel. Según el régimen, como una muestra de solidaridad con Palestina y en rechazo “genocidio” que comete Israel en la Franja de Gaza.
El bochinche de Nicaragua con las agencias de cooperación
Tampoco ha sido aislado. La política revanchista de la dictadura convierte en adversario a cualquiera que se atreva a criticarle o contradecirle, independientemente que se trate de organismos de cooperación que estén financiando programas y proyectos que benefician a los sectores más vulnerables de la población nicaragüense.
Las repercusiones no afectan a Ortega y su pacotilla, pero la población sufre las consecuencias directas con el retiro de la cooperación.
5 agencias de la ONU en los primeros 5 meses de 2025
La dictadura Ortega Murillo despuntó el 2025 con un nivel de tolerancia cero a las críticas externa contra su gestión. En los primeros 5 meses del año anunció su retiro de 5 agencias de Naciones Unidas: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), La Organización Internacional del Trabajo (IOT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco).
A continuación, una síntesis de lo que ocurrió con cada una de estas agencias y organismos.
El abrupto retiro de la FAO y la expulsión de su representación
El 4 de febrero el régimen lanzó su fúrica retórica contra la FAO, luego que esta publicara un informe en el que presentaba datos que reflejaban un incremento en los niveles de hambre en Nicaragua, así como algunos efectos producto de la subalimentación principalmente en mujeres, niños y niñas.
Tras conocer el informe la dictadura, a través de la Cancillería emitió un comunicado rechazándolo, “por carecer de objetividad, rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos”. El régimen también acusó a la organización de publicar datos no autorizados, ni validados por el gobierno y anuncio su retiro inmediato.
“La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta Organización y exigimos el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato” rezaba el furibundo comunicado, el que según medios oficialistas también fue entregado el mismo día en la sede de la FAO en Roma.
Los datos de la FAO que enojaron a la dictadura
En el informe publicado por la FAO, esta asegura que los niveles de hambre en Nicaragua incrementaron en los últimos años pasando de 17.8% en 2018 a 18.7 % en 2020. Asimismo, el documento afirma que entre 2020 y 2022, el nivel de hambre alcanzó el 19.2% y que en 2023 llegó al 19.6%. Lo que, de acuerdo al análisis de los datos, significaría que al menos 1.3 millones de nicaragüenses padecen hambre (1 de cada 5 habitantes).
La FAO también destaca en su informe que el índice de anemia en mujeres en edad fértil, por falta de una alimentación adecuada, es de 15.7 %, asimismo refiere que el 15 % de las niñas y niños menores de cinco años presentan retraso en su crecimiento por falta de una buena nutrición. El informe ubica a Nicaragua como el segundo país de la región con mayor prevalencia de subalimentación después de Honduras.
EL retiro del Consejo de DD. HH de la ONU
El jueves 27 de febrero, solo tres semanas después de retirarse de la FAO, el régimen Ortega Murillo anuncia que se va del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La decisión nuevamente fue empujada por un informe emitido el día anterior por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GRHEN), en el que el grupo asegura que por primera vez se logró documentar con evidencias concretas que el Ejército de Nicaragua participó activamente, junto a la Policía y paramilitares, en la feroz represión desatada contra la población que participó en las protestas que iniciaron en abril de 2018 y que dejaron más de 300 personas asesinadas. El informe del grupo de expertos también afirma que el Ejercito “cometió ejecuciones extrajudiciales”.
La codictadora Rosario Murillo, fue la primera en anunciar la decisión “irrevocable” a través de sus medios propagandísticos.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites” vociferó Murillo quien también refirió que el canciller Valdrack Jaentschke, había hecho llegar una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Jürg Lauber oficializando la salida de Nicaragua.
La codictadora, acusó al Consejo de violar su propia normativa, “en la cual se establecen principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos”.
También aprovechó para reiterar que su régimen no reconoce los informes anteriores, así como las declaraciones y comunicados emitidos por el GHREN.
Las repercusiones
Con el anuncio de la salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen nuevamente busca invisibilizar lo que ocurre en Nicaragua y de alguna manera quitarle poder al actor internacional de más peso en los últimos dos años, en cuanto a la sistematización de las violaciones de derechos humanos en el país.
Pineda afirma que, en efecto, esta salida se suma a la estrategia de evitar que lo que ocurre en Nicaragua respecto de los derechos humanos trascienda a la opinión pública internacional. “Desde ese punto de vista tiene sentido para el régimen, y en Nicaragua lo que ocurre es que la gente termina aceptando condiciones desfavorables respecto de la vigencia de los derechos humanos” indicó.
Asimismo advirtió que en ese sentido la población termina normalizando lo que ocurre en el país, pero lo hace empujada por una necesidad de sobrevivencia, lo que afecta a la sociedad porque ya no se está en Nicaragua en condición de ciudadano con derechos o en clave de democracia, sino “se está en clave de súbditos o en clave de no saber con certeza cuál es el margen de acción que tiene un ciudadano para no llamar la atención del brazo represor del régimen y es básicamente vivir en zozobra”.
Consecuencias sobre quienes demandan justicia
El experto valora que el impacto de las rupturas y desacatos del régimen con las instancias internacionales de derechos humanos, es desbastador porque las víctimas terminan quedando en la indefensión y la desesperanza.
Afirma que, si bien las víctimas de la dictadura han recurrido a estos mecanismos internacionales ante el defecto de la protección nacional, estos mecanismos tienen un límite ante la desobediencia o el desacato del régimen lo que en definitiva repercute en la demanda de justicia.
“Yo mismo he sostenido en otras oportunidades, que la justicia más vigorosa puede llegar en el momento de una transición democrática donde se establezcan mecanismos posiblemente de justicia transicional” asegura Pineda, sin embargo, advierte también que, llegado ese momento, las víctimas del régimen van a encontrar una memoria desvanecida y posiblemente sus expectativas de justicia no sean la principal prioridad en el país, sino construir un nuevo esquema de convivencia social. “Entonces la extensión en el tiempo de la crisis en Nicaragua, finalmente actúa en detrimento de las demandas de justicia de las víctimas” recalcó.
La salida de la OIM y la OIT
Un día después del anuncio de la salida del Consejo de DD. HH de la ONU, el régimen Ortega Murillo se lanza contra la OIM y la OIT, también anuncia su retiro de ambas instancias internacionales, así como el cierre inmediato de sus representaciones en el país.
En una nota de prensa publicada el 28 de febrero en los medios oficialistas el régimen afirma que notificó a la OIT y la OIM, “la decisión soberana e irrevocable de retirarse de dichas organizaciones, que no cumplen con la misión para la que fueron creadas”.
La salida de la OIM, obedece una vez más a un informe divulgado por esta organización el que plasma información que el régimen tildó de insultos, ofensas, falsificaciones y agresiones.
En la carta dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a la directora general de la OIM, Amy Pope, el régimen afirma que rechaza el “Informe sobre las migraciones en el mundo 2024” elaborado por la OIM, “por contener información falsa, malintencionada e irresponsable”.
La misiva agrega que “esta organización carece de visión y acciones para el abordaje serio de las causas estructurales de la migración, utilizando un doble rasero en el tratamiento de los Estados en detrimento del principio de igualdad soberana”.
La carta concluye diciendo que por lo anterior el gobierno de Nicaragua “notifica su decisión soberana e irrevocable de retirarse de dicha organización y exige a la OIM el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato”.
Pineda considera que la salida de Nicaragua de la OIM, es una estrategia similar a la de las otras rupturas, pero en este caso en particular, resalta también una finalidad distinta: “coartar los insumos que pueda tener la comunidad internacional para hacer observaciones y señalamientos a Nicaragua respecto de la vigencia de los derechos humanos en materia de migratoria”.
El experto explica que el propósito del régimen al expulsar o restringir las funciones de la OIM en Nicaragua, es que los informes que se hagan carezcan de sustento en el terreno sobre lo que ocurre en la materia, es decir, “tratar de eludir por parte del gobierno o invisibilizar lo que ocurre en materia migratoria”.
El informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024, dado a conocer por la OIM el pasado 7 de mayo, incluye un apartado sobre América Latina y el Caribe, y en la parte referida a Centroamérica, destaca que el constante deterioro de la situación de seguridad en Nicaragua, ha llevado a muchas personas a abandonar sus hogares. También refiere que Nicaragua se ubica entre los países de la región que experimenta altos niveles de inseguridad alimentaria.
Dictadura abandonó la OIT para esquivar proceso de quejas
En lo que respecta a la salida de Nicaragua de la OIT, el régimen argumentó nuevamente injerencismo que “daña y lesiona la soberanía”. La Cancillería, por orden del Ejecutivo, envió una carta al director general de la OIT, Gilbert Houngbo en la que Nicaragua “comunica su decisión soberana e irrevocable de retirarse de dicha organización”.
En la misiva el régimen señala que la decisión obedece a los procesos de quejas que la OIT tramita contra Nicaragua, los que serían abordados en la 353 Reunión del Consejo de Administración de la organización celebrada en marzo.
“En estos recurrentes e indebidos procesos se evidencia la desnaturalización de la OIT, al actuar de manera politizada, prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo al conocer temas especialmente políticos y propios de la jurisdicción interna de los Estados, actuando fuera del marco jurídico de la OIT” acusa el régimen a la organización en la carta dirigida a su director.
Las denuncias más recientes en la OIT contra la dictadura Ortega Murillo, están relacionadas al incumplimiento de los siguientes Convenios, los que Nicaragua ha ratificado en materia laboral pero que ha incumplido y violentado.
- Convenio 87: Sobre libertad sindical.
- Convenio 98: Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
- Convenio 111: Sobre discriminación (empleo y ocupación).
- Convenio 144: Sobre consultas tripartitas.
Las quejas acusan a Nicaragua de: Acoso, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, privación de nacionalidad y otras violaciones a la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.
La decisión de Nicaragua de abandonar la OIT ha provocado la activación de un mecanismo de investigación por parte de la organización, para investigar las denuncias de violaciones de los derechos laborales en Nicaragua.
Nicaragua abandonó también la CCJ
El régimen sandinista tomó la decisión de retirar a Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), luego que Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana rechazaran por segunda vez, la postulación del excanciller Denis Moncada como nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
"El Gobierno de la República de Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de (..) retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia a partir de esta fecha", refiere una carta fechada el 18 de marzo de 2025 y dirigida desde la Cancillería al presidente de la CCJ.
El argumento de la dictadura para dejar el tribunal regional, fue que la práctica que ha venido desarrollando el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, no se corresponde con el Convenio del Estatuto de ese tribunal, por no formar ese Consejo parte del SICA.
La dictadura nicaragüense ha querido imponer sus fichas en varias ocasiones, pero sin éxito, para dirigir el SICA con el propósito de aumentar su influencia regional para asegurar sus intereses, influyendo con más fuerza en la agenda y la toma de decisiones para fortalecer su desacreditada posición internacional.
La Unesco: el premio mundial al diario La Prensa y (otra vez) la ira de la dictadura
La más reciente pataleta de Ortega y Murillo, en el marco de las relaciones internacionales, fue motivada por la noticia de la entrega del Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano 2025, al diario La Prensa, medio al que la dictadura ha declarado su enemigo acérrimo.
La Unesco hizo el anuncio de la entrega del galardón a La Prensa el 2 de mayo de 2025, en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se observa el 3 de mayo de cada año. La dictadura, que ha intentado desaparecer por todos los medios, pero sin éxito al periódico más antiguo de Nicaragua, aún vigente, no daba crédito a la primicia.
En 2021, la dictadura cerró el periódico, robo su rotativa e imprentas, confiscó sus instalaciones, apresó a su director y varios colaboradores, persiguió a sus periodistas y obligó al exilio a todo el personal que laboraba en el medio. Aun así, para ardor de los dictadores, el diario La Prensa continuó funcionando desde el exilio, denunciando e informando día a día las barbaries del régimen autócrata que mal gobierna Nicaragua.
Por ello, el hecho de que la Unesco le otorgara tan prestigioso premio a este medio con casi 100 años de existencia, fue para Ortega y Murillo un valde de agua fría. La reacción fue inmediata.
El 3 de mayo, el régimen publicó un comunicado en el que tachaba de “profundamente vergonzoso” que la Unesco promueva y sea cómplice de “una acción que ofende y agrede los valores más profundos de la identidad y cultura nacional nicaragüense”, además calificó la decisión de la Unesco como “macabra”.
Al día siguiente la Cancillería, en una nota similar, anunció la decisión “soberana e irrevocable de retirarse de dicha organización”.
En la nota el régimen califica la entrega del premio a La Prensa como una acción “inaceptable e inadmisible”, que va en contra del Estado nicaragüense y acusa a La Prensa de traición a la patria por ser un medio “que ha promovido y respaldado a lo largo de la historia, la violencia, injerencia, crímenes de odio, crueldad, anticultura y antivalores”.
La estocada que significó para el régimen el galardón a La Prensa, continúa doliéndole. Rosario Murillo no se ha cansado de hacer alusión al hecho. Sin embargo, quien pierde más con la salida de Nicaragua de la Unesco es sin duda el pueblo nicaragüense.
La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay refirió que: “Lamento esta decisión, que privará a la población de Nicaragua de los beneficios de la cooperación en áreas como la educación y la cultura. La UNESCO también cumple plenamente su función cuando defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa en todo el mundo”.
Pese a la decisión de Nicaragua de retirarse de la organización, la directora de la misma dijo que dicha salida solo podrá hacerse efectiva hasta el 31 de diciembre de 2026.
El costo del retiro de las agencias de cooperación
Enrique Sáenz recordó que estas organizaciones, a las que describió como agencias especializadas de cooperación de Naciones Unidas, son organizaciones oficiales donde quienes toman las decisiones son los gobiernos, miembros de esas organizaciones y miembros de Naciones Unidas.
Para comprender las dimensiones del impacto de la salida de Nicaragua de organizaciones como la FAO, IOM y Unesco, por ejemplo, el analista explicó que estas organizaciones básicamente centran su gestión en tres tipos de actividades: la realización de estudios especializados por temas, por países, por región o a nivel global, en ese sentido reconoció que estas poseen una enorme capacidad técnica.
En segundo lugar, brindan asesoría a los gobiernos a través de programas de asistencia técnica para apoyar en el diseño de políticas, diagnósticos, entre otros.
El tercer tipo de actividad que desarrollan es la ejecución de proyectos específicos de apoyo a determinadas poblaciones o sobre determinados temas, normalmente con recursos propios y con apoyo de donantes bilaterales que, en lugar de dar cooperación directa a un gobierno, lo canalizan por medio de estas organizaciones.
Sáenz tomó como ejemplo el caso de la FAO: “ahí se retratan los tres tipos de actividades, hay un informe regional, a veces por países y hay un informe global; tiene estadísticas oficiales, pero además, en el caso de Nicaragua, brindaba asistencia técnica en el diseño de políticas y ejecutaba proyectos de apoyo a la agricultura, a la seguridad alimentaria y en otras áreas como la participación de las mujeres”.
En todo caso, agregó Sáenz, al sumar el conjunto de beneficios que se dejan de percibir, quienes salen perjudicadas, más que el gobierno, son las poblaciones que por décadas han sido favorecidas con el apoyo de estas organizaciones.
“En realidad, los grandes perjudicados son las poblaciones, normalmente las más pobres, que se ven privadas por las decisiones del régimen de estos proyectos de estas agencias” aseveró el experto.
Los ingentes esfuerzos de la comunidad internacional y su impacto
Pineda valora como muy positivos los esfuerzos de la comunidad internacional en función del reconocimiento de la crisis en Nicaragua y el respaldo y reconocimiento de las víctimas, sobre todo por la constancia en cuanto a poner el dedo sobre la llaga y hacer un llamado al régimen a buscar una alternativa de solución al conflicto.
Pero para Sáenz, es necesario además un seguimiento estratégico y concertado. El analista considera que hace falta que ese apoyo internacional sea más contundente y conexo a la aspiración de la ciudadanía. Valoró que, hasta ahora, “las presiones internacionales han sido inconexas, aisladas y sin un marco estratégico”, y aseguró que debido a eso el impacto de las sanciones no ha sido contundente porque se aplican, pero no se les da seguimiento estratégico.
En ese sentido recordó las sanciones contra el Banco Corporativo de Nicaragua (BAnCorp), institución bancaria que fuera “el brazo financiero para gestionar los recursos del conglomerado empresarial de la mafia en el poder” y cuyo cierre de operaciones se dio luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero que después no se le dio seguimiento.
“Es como en boxeo, le pegas a un gancho al hígado, se va contra las cuerdas y después te vas para tu esquina y lo dejas que se recupere” ilustró Sáenz, a la vez que agregó que lo mismo ocurrió con el tema de las sanciones impuestas en diciembre de 2019 por el Departamento de Estado de los EE.UU, contra la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DPN), que obligó al régimen a cerrar las gasolineras administrada por esa entidad, pero que luego fueron reabiertas bajo la figura de “bandera blanca”, es decir, sin involucrar a ninguna institución o marca comercial. “No ha habido ni una concertación ni una estrategia, lo que le ha dado al régimen la oportunidad de capear el vendaval” insistió Sáenz.
Oposición sin fuerzas, pero con oportunidades
La dispersión de los sectores de la oposición si bien ha sido un factor que favorece el afán totalitario del régimen, existen también condiciones adversas a la dictadura que representan oportunidades para la disidencia.
Sáenz resalta como lamentable el hecho de que los grupos opositores no han logrado configurar una fuerza política confiable para la gente, con capacidad de desafiar al régimen y que despierte realmente la esperanza de la población.
Pero pese a ello, Pineda analiza que existen conflictos a lo interno del régimen, basados en la desconfianza y la paranoia, situación que podría ser ventajosa para la oposición y el pueblo con ansias de libertad.
El jurista considera que, sobre la aparente falta de fuerza de los sectores de oposición, se cierne una suerte de “equilibrios de poder delicados” dentro del régimen, los que podrían favorecer las aspiraciones del pueblo nicaragüense en cuanto a la salida de la dictadura.
En ese sentido explica que, por ejemplo, “el mismo régimen sabe que la ausencia de la figura de Daniel Ortega puede comprometer la permanencia en el ejercicio del poder, sin prejuicio de que ya esté tomando acciones de cara a eso”, lo que a su criterio se sustenta en el fantasma de la traición y la paranoia que persigue al mismo régimen.
En síntesis, Pineda concluye que, al final de cuentas, la salida de un régimen autoritario y el establecimiento de una democracia, esta signada por la convergencia de dos acciones específica: “Una acción internacional que reconozca lo que ocurre y encamine el proceso, y por otra parte, una situación interna que obligue a poner fin a esta dictadura y genere un espacio democrático en su lugar”.
Resoluciones e informes no caen en saco roto
Sáenz considera que la comunidad internacional ha hecho su contribución en la medida de sus posibilidades, sin embargo aclaró que no corresponde a esta, formar una fuerza de intervención, declararle la guerra a la dictadura, o cosa semejante.
Destacó como parte de esa contribución los informes, resoluciones y pronunciamientos, entre otras expresiones de la comunidad internacional, las que, aunque muchas veces son vistas como inefectivas, constituyen una base sólida que servirá como evidencia en el momento que llegue la justicia.
“yo he escuchado: 'otra resolución más. ¿Y para qué otra resolución?', y lo entiendo porque es una expresión de impotencia y de desesperación, a veces de ignorancia sobre los límites de la comunidad internacional” refirió Sáenz.
No obstante, añadió que todos esos documentos que se generan constituyen expedientes que se van construyendo y cuando llegue el momento real de la justicia serán insumos para llevar a los dictadores a la Corte Penal Internacional, como ocurrió recientemente con el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado y trasladado a La Haya para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
“Todas estas resoluciones, todos estos expedientes que se han ido acumulando, no han botado a Ortega, pero van a ser parte de los peldaños del cadalso de Ortega. No estoy diciendo que lo van a ahorcar, ¿verdad?, digo en sentido figurado, a lo mejor en sentido figurado” concluyó Saénz.
“Un día la gente saldrá y asumirá el riesgo”
Si bien Pineda y Sáenz valoran el impacto de los esfuerzos de la comunidad internacional, ambos insisten en que el mayor impacto podría generarse con mayor efectividad desde adentro.
Pineda reconoce que en este momento la disidencia en Nicaragua está debilitada por el control férreo del poder por parte del régimen, pero “la deposición de un régimen autoritario y el restablecimiento de una democracia, desafortunadamente, es una tarea que principalmente recae en el esfuerzo interno que se puede hacer”.
En sintonía con Pineda, Sáenz valora que “la principal responsabilidad de salir de este régimen es de los nicaragüenses. De los que estamos fuera y de los que están dentro”.
Sin embargo también reconoce que hoy por hoy, esta posibilidad está limitada porque “estamos frente a una dictadura feroz, que no tiene contemplaciones en matar, torturar, desnacionalizar, perseguir, confiscar, golpear, vigilar”. Sáenz añadió que bajo esas condiciones es natural que la población, principalmente la que está dentro de Nicaragua, esté contenida, porque está totalmente desprotegida. “Se requiere ser suicida para enfrentar a estas fuerzas represivas, criminales, con las manos vacías y el pecho descubierto” subrayó.
Advirtió que, pese a lo anterior, siempre llega el momento en que las ansias de cambio de la población crecen, y esto pasa cuando la población siente que ya las cosas le llegan al cuello, es en ese momento que esta decide que no queda otra alternativa que asumir el riesgo para que la situación cambie.
En ese sentido recordó la insurrección del 78 y 79 contra Somoza, la integración de la población, sobre todo campesina, a las filas de la Contra en los años 80, la salida masiva a votar de manera pacífica en 1990 y las protestas de 2018.
“La gente sale y asume el riesgo por ese deseo de cambio, pero no basta eso, sino que la gente debe estar convencida de que hay una posibilidad real de que, sumando fuerzas, ese cambio se produzca. En el caso de Nicaragua ya lo vimos, pero también frente a las dictaduras es indispensable el apoyo de la comunidad internacional” argumentó Sáenz.
Un régimen aparentemente consolidado, pero vulnerable
A criterio de Pineda, el régimen se ha consolidado solo desde la perspectiva formal, porque “una cosa es eliminar derechos de la Constitución para que la gente no hable de derechos, decir que hay una copresidenta para que la gente se haga la idea que hay una copresidenta, pero otra cosa muy distinta es que, aunque estén franqueando cierta ruta de sucesión, lo cierto es que los pilares esenciales que mantienen a un poder político no están”.
Para Sáenz, la aparente consolidación de la dictadura, es solo eso, pura apariencia. “Ningún régimen que se sustenta única y exclusivamente en las armas, en su capacidad represiva, es duradero y por tanto no puede considerarse consolidado” asegura.
Añadió que estaría consolidado si abriera las puertas para que la gente regrese al país sin temor, si permitiera la apertura de los medios de comunicación y el retorno de periodistas o si restableciera la personalidad jurídica de las organizaciones civiles, pero lo que se ha visto después de 2019, son más medidas represivas, lo que evidencia que el régimen ha sido incapaz de resolver la crisis sociopolítica.
Un evento inesperado podría derrocarlo
Por otra parte, Pineda aseguró que otro factor de debilidad del régimen es que no hay mejorías en las condiciones de vida de la población, tampoco tiene legitimidad y en consecuencia es un régimen que, aunque parezca estarse consolidando o que controla todo, “en el fondo es frágil, porque un evento inesperado puede terminar derrocándolo”.
El jurista considera que un estallido social como el de 2018, ahora sería muy distinto, “primero porque ya hemos aprendido en la memoria colectiva que, si se da una situación así, no hay que ceder un centímetro en el objetivo final de que salga la dictadura, y por otro lado las lealtades estarían más fragmentadas”.
El experto refiere que, en un nuevo escenario de protestas sociales, no ve ni al Ejército ni a la Policía, aunque esta haya crecido significativamente en número, lanzándose a las calles a defender la permanencia en el gobierno del régimen de Daniel Ortega, y aduce que el régimen tiene presente que esos son factores de vulnerabilidad.
Sáenz coincide nuevamente con Pineda al afirmar que el régimen cree erróneamente que las acciones represivas van a contener siempre el malestar y la resistencia de la población. “Es falso. Cuando llegue el momento la gente va a levantarse, incluso, como ha ocurrido en otros tiempos, en otros países, hasta la misma Policía y el mismo Ejército, que tienen familias, terminan por hastiarse y por repudiar ser brazos represivos” finalizó.
