Defensores en la mira, el peligro de velar por el ambiente en Centroamérica
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Líderes indígenas y campesinos, ecologistas, activistas de derechos humanos y organizaciones comunitarias, forman el conglomerado de personas dispuestas a darlo todo por defender la naturaleza, pero su persistente lucha los pone en riesgo de muerte. Para los gobiernos, las compañías extractivas y el crimen organizado, son un obstáculo que hay que quitar del camino.
En la última década han sido asesinadas más de 200 personas entre defensores ambientales, líderes campesinos y activistas de derechos humanos en Centroamérica. Dado que diversos organismos difieren en las cifras en sus informes, las muertes producto de la defensa del ambiente y la tierra podrían ser más altas.
Honduras y Guatemala son los países donde ocurren más crímenes contra los defensores del ambiente. Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en Honduras se han cometido al menos 103 asesinatos de activistas entre 2015 y 2025. En Guatemala, según la organización Global Witness, en el quinquenio 2020-2025 fueron asesinadas 51 personas defensoras del ambiente.
El Salvador, dado el contexto sociopolítico actual, se ha convertido, según organismos de derechos humanos, en el tercer país más peligroso para las personas defensoras tanto del ambiente como de los derechos humanos.
En Costa Rica, Nicaragua y Panamá, aunque en menor número, también se han cometido crímenes contra defensores ambientales durante los últimos años. Paralelamente, y con más frecuencia, en todos los países de la región, cientos de personas han sufrido persecución, judicialización, cárcel y otros tipos de agresiones por defender la tierra.
La CIDH advierte en un informe sobre la situación de los movimientos ambientalistas y sus líderes, que la región del Norte de Centroamérica es una de las más peligrosas del mundo y de la región para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
La criminalización de los defensores, un patrón recurrente en la región
Los defensores ambientales se han convertido en una piedra en el zapato para los grupos de poder que se benefician mediante la depredación de los recursos naturales.
El poder político y los grandes conglomerados económicos, generalmente confabulados, tiene la mirada puesta sobre las riquezas naturales y utilizan su aparato de poder para hacerse con estas, atropellando los derechos fundamentales principalmente de comunidades y poblaciones indígenas.
En lo sucesivo Onda Local expone un resumen de las incidencias más recientes acaecidas en cada país, las que van desde la judicialización por parte del Estado hasta los asesinatos cometidos mediante el sicariato, crímenes atribuidos a grupos de poder económico y al crimen organizado, muchas veces con la corrupta complicidad institucional.
También se visibilizan los esfuerzos de las organizaciones y personas defensoras del ambiente, sus desafíos, logros y frustraciones.
Honduras, entre los cinco países más peligrosos del mundo
En 2025 Honduras se ubicó entre los cinco países más letales del mundo para las personas que defienden la tierra y el medio ambiente. Ocupó el tercer puesto, junto a Filipinas, con 12 asesinatos ese año después de Colombia (39) y Brasil (26). Las posiciones quinta y sexta, también fueron para dos países del continente: México (10) y Guatemala (8).
Así lo refleja el informe anual de Global Witness, publicado el 16 de septiembre pasado. Cinco de las personas asesinadas en Honduras en 2025, señala el informe, formaban parte de una cooperativa campesina a la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había concedido medidas cautelares.
Previamente, en enero, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un estudio en el que documentaba 103 asesinatos cometidos en Honduras entre 2015 y 2025 contra activistas ambientales y advertía que el 90 % de los casos habían quedado en la impunidad.
El Valle del Aguán, la zona más conflictiva
El 14 de septiembre de 2024, Juan López, un líder comunitario y defensor ambiental fue asesinado a tiros mientras salía de una iglesia. El crimen fue perpetrado en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón, al noreste de Honduras. Es el más reciente de varios crímenes contra defensores en la zona.
Tocoa forma parte del amplio territorio que abarca el Valle del Aguán, una de las zonas con mayores riquezas naturales de Honduras y una de las más conflictivas del país.
López llevaba años oponiéndose a un proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, el cual además afectaría al Río Guapinol. Su denuncia no fue solo sobre los daños ambientales, también denunció persistentemente los presuntos vínculos entre autoridades locales y estructuras criminales.
Previo a su asesinato, el líder comunitario había denunciado en reiteradas ocasiones las amenazas de muerte de las que era objeto. La CIDH le otorgó medidas cautelares las cuales no se cumplieron.
Un mes después de su violenta muerte, fueron capturados los tres presuntos autores materiales, y el 12 de mayo de 2026, fue aprehendido el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez y dos personas más vinculadas al crimen del ambientalista.
Sin embargo, a dos años de su asesinato, el proceso se ha estancado y parece destinado, como ha ocurrido con la mayoría de los crímenes similares, a dormir el sueño de los justos.
De acuerdo al estudio de ASJ, más del 30 % de los asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el ambiente cometidos durante la última década en Honduras, han ocurrido en el Valle del Aguán, más específicamente en el área conocida como el Bajo Aguán, en el departamento de Colón. La pugna por la posesión de tierras entre campesinos, el Estado y poderosos empresarios, lleva varias décadas y alrededor de 200 muertes.
“Hay que defender lo propio cuando está siendo amenazado”
Conversamos con Gabriela Sorto, una joven activista ambiental de la comunidad Guapinol, perteneciente al municipio de Tocoa. Ella se ha involucrado de lleno en la lucha por la defensa del agua y la tierra.
Relata que su padre, junto a otros líderes comunitarios, estuvo preso 914 días. “Su único delito ha sido defender el río, la montaña, la vida; lo que para nosotros no es un delito, para el Ministerio Público y el Estado de Honduras sí era un delito” afirma.
Su lucha inició por el agua. Específicamente por el Río Guapinol. Recuerda que a raíz de la entrada de la empresa minera Inversiones Los Pinares al Parque Nacional Carlos Escaleras en 2018, la misma a la que se opuso Juan López, se organizaron en su comunidad, también llamada Guapinol. “Empezamos una lucha, digamos, al principio con ingenuidad, sin saber lo que nos esperaba” asegura.
La comunidad se organizó para protestar cuando la minera inició trabajos de remoción de tierra y el agua del río empezó a bajar sucia en pleno verano.
“Empezamos a organizarnos para explicarle a la gente lo que estaba pasando, por qué el río estaba sucio por el daño que ocasiona esta minera, y bueno, conformamos un comité local en la comunidad, luego también formamos parte del comité municipal, que es un comité mucho más ampliado” cuenta la joven activista.
Gabriela relata que la lucha ya no era solo por el agua. También había que defender la montaña. Con ese afán convocaron a la población “empezamos a organizarnos más para decirle a la gente del municipio de Tocoa, 'mire, está pasando esto, debemos de luchar'”.
Fue así que iniciaron las caminatas y los plantones hacia la municipalidad. Refiere que el entonces alcalde, Adán Fúnez, tenía intereses particulares con la minería, y se había confabulado con la minera Inversiones Los Pinares, por eso, hacía caso omiso a las demandas de la población.
“No nos hacía caso a las organizaciones de lucha, y bueno, empezamos como, digamos, a hacer campamentos en la municipalidad, tuvimos once días en esa municipalidad, sin ningún resultado. El alcalde no nos recibía” reafirma Gabriela.
Ante la negativa del alcalde de atender las demandas de la población, la joven activista relata que las organizaciones y la población de Guapinol decidieron protestar directamente contra la empresa minera, para ello subieron a la montaña por donde se estaba abriendo una vía de acceso. “Empezamos a decir, bueno, qué más vamos hacer; la lucha no es hasta aquí, la lucha es contra esa minera, y decidimos ir a la parte alta de la montaña, donde es la pasada para la minera, y bueno, plantarnos ahí. Fue un campamento por el agua y por la vida, el cual duró 88 días”.
A inicios de 2018, la empresa minera Inversiones Pinares (antes Emco Mining) propiedad de la acaudalada familia Facussé y Filial del Grupo Emco Holding, inició la construcción de una carretera de acceso hacia la zona que le fue concesionada, ubicada en el área protegida Parque Nacional Carlos Escaleras en Tocoa, Colón. La remoción de tierra provocó que toneladas de sedimentos y lodo fueran vertidas directamente sobre el río Guapinol. El agua se volvió turbia e inutilizable para el consumo doméstico y agrícola de las comunidades locales, lo que activó a ambientalistas y líderes comunitarios.
Un desalojo violento
“En octubre de ese año fuimos desalojadas brutalmente” recuerda Gabriela. Asegura que fue una experiencia terrible, porque no solo había gente joven, ahí estaban los abuelos y abuelas activos, había familias enteras. Eran más de 500 personas luchando por su agua y su tierra. Al campamento lo llamaron “Campamento por el Agua y por la Vida.”
Los medios de comunicación denunciaron el uso excesivo de la fuerza contra mujeres, niños y adultos mayores. Gabriela asegura que el desalojo al final tuvo su efecto, a raíz de la violencia estatal se activó la solidaridad a nivel nacional y la lucha trascendió incluso al nivel internacional.
“Quedamos más organizados todavía porque empezó a llegar, digamos, la gente a nivel nacional, y también internacional. La lucha se volvió bastante, no solo ahí local, ni regional, ni nacional, sino también se volvió más internacional” relata la joven defensora.
El campamento se instaló el 1 de agosto de 2018, y el desalojo se efectuó el 28 de octubre. Al inicio eran unas 100 personas, pero se fueron sumando pobladores de varias comunidades de San Pedro hasta superar las 500. San Pedro es otro sector de la zona cuyo río del mismo nombre también estaba siendo afectado.
Un medio local aseguró que más de 1500 elementos de la Policía Nacional, incursionaron violentamente el campamento donde unas 600 personas protestaban pacíficamente desde hacía 88 días contra el proyecto minero de la Minera Inversiones Los pinares. En los años siguientes al menos cuatro personas han sido asesinadas.
Los difíciles días que su padre estuvo en la cárcel
"Lastimosamente, a raíz de esta lucha, hemos tenido compañeros criminalizados, compañeros encarcelados. Ha sido bastante difícil, mi papá fue uno de los que estuvo 914 días privado de libertad", relata Gabriela.
Confiesa que no fue fácil para la familia, ni para las organizaciones, “pero tampoco nos rendimos”. Un estímulo para continuar la lucha fue el respaldo de diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales: “Eso ayudó muchísimo a la lucha, a visibilizar lo que realmente pasaba” afirma.
Relata que durante el tiempo que su padre estuvo preso, junto a otras personas de la comunidad, la minera continuó operando en la apertura de la calle de acceso a la parte alta de la montaña donde está la zona núcleo, la que nunca debió se invadida y explotada por formar parte de un área protegida.
“Pero gracias a la lucha de las comunidades, se logró parar un poco, (…) los llevamos a los tribunales, ellos no tenían permisos de explotación, y aun así hicieron todo lo que hicieron. Legalmente la empresa está demandada” explica Gabriela.
Refiere que por ahora están a la espera de una audiencia. También celebra que el exalcalde de Tocoa, quien permitió el ingreso de la empresa ha sido detenido. “Gracias a la lucha se ha logrado que en estos momentos esté preso por todos los delitos que él ha cometido; estamos esperando que se llegue a la audiencia y luego al juicio” afirma.
Finalmente afirma que la esperanza es que se haga justicia. “Esperamos que todas las personas que cometieron estos delitos ambientales también sean puestas en cárcel, que la justicia de Honduras no cobije a los ricos y encarcele a los pobres.”
En Honduras no todo es hostil, también hay experiencias positivas
Si bien, Honduras tiene los índices más altos de criminalidad contra las personas defensoras del ambiente, no todo está revestido de adversidad. También hay experiencias positivas que reviven las esperanzas de que el mundo puede ser un lugar mejor.
La experiencia de Rixi Hernández es un ejemplo de ello. Rixi es originaria del municipio Concepción de María en el departamento de Choluteca. Es una joven defensora ambiental perteneciente a la Asociación de Comités Ecológicos del Sur de Honduras (ACESH). Su labor se centra en la defensa del territorio y la promoción de prácticas agroecológicas amigables con el ambiente. También integra la Plataforma de Comunidades Afectadas por Industrias Extractivas en el sur de Honduras (PCAIESUR), una iniciativa conformada por líderes ambientales de diferentes municipios del departamento de Choluteca.
En lo que respecta a la defensa del territorio, explica que esta incluye todos los ámbitos posibles, “desde la parte de incidencia con las autoridades, la protección a los bienes naturales, no quemas, cero minería, el control de la basura, y más que todo realizamos procesos de incidencia hacia la personas, haciéndoles hincapié en la defensa y la protección de los bienes naturales”.
Relata que el trabajo desde la plataforma implica una serie de acciones de monitoreo, cuido y protección ambiental, el que inicia con visitas a lugares con posibles problemas ambientales. “Miramos o investigamos de repente lo que pasa en cada municipio o qué municipio específicamente está pasando por algún problema ambiental, hacemos visitas, recopilamos información para luego pues de una u otra forma hacer incidencia ante las autoridades” relata.
Un municipio libre de transgénicos y en camino a eliminar los agroquímicos
El trabajo de ACESH en el municipio de Concepción de María se ha centrado en la promoción de prácticas agroecológicas encaminadas a alcanzar la total autonomía alimentaria, misma que el movimiento internacional Vía Campesina define como derecho de los pueblos y comunidades a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos sanos y culturalmente adecuados.
Por ello, explica Hernández, “le enseñamos a las personas a trabajar de manera amigable con el ambiente, con prácticas agroecológicas, sin químicos, libres de semillas transgénicas”.
Producto de esa labor concienciadora unida a las acciones de incidencia con autoridades, la joven activista asegura que “como ACESH hemos logrado declarar el municipio libre de semillas transgénicas”.
Asevera que su municipio es el primero a nivel centroamericano que lo logra, aunque también reconoce que, pese a esa declaratoria, está consciente de que no es algo que se alcanza al cien por ciento, “porque no podemos cambiarles la mentalidad a todas las personas”.
Sobre el proceso para la declaratoria relata que con las capacitaciones la gente fue tomando conciencia, luego se recogieron firmas para llegar a las autoridades y a través de un cabildo abierto, con preguntas consultivas, se logró finalmente la firma de la declaratoria.
En lo que respecta al no uso de agroquímicos, el trabajo conlleva procesos de capacitación, charlas y talleres, y en la práctica, la elaboración de pesticidas naturales y otros insumos orgánicos con los grupos comunitarios.
Apoyo de autoridades locales ha sido clave
En el municipio fronterizo de Concepción de María hay una particularidad que representa una ventaja importante para las organizaciones ambientalistas. Cuenta con autoridades con conciencia ecológica. Rixi celebra ese plus, pues se ha conseguido una especie de alianza con la municipalidad en las acciones proambientales.
“Hemos tenido una buena comunicación y coordinación con las autoridades municipales, porque también han formado parte de los procesos que nosotros realizamos” asegura la joven ambientalista. Agrega que como organización realizan conversatorios con las propias autoridades y estas apoyan abiertamente los procesos.
Relata que la alcaldesa ha aceptado las propuestas y siempre ha dicho sí a la defensa de los bienes naturales del municipio. “Ella se une al pueblo, y para tomar las decisiones, pues, ella también creo que forma parte de la incidencia que hace ante las demás autoridades que a ella la rodean (…) hemos tenido esa coordinación y eso nos ha ayudado a lograr poco a poco todo el trabajo que como organización nosotros venimos realizando”.
El Salvador, el peligroso andamiaje estatal contra todo lo que estorba
La gestión de Nayib Bukele en El Salvador, según analistas, es un arma de doble filo. Si bien su gobierno ha bajado al mínimo los índices de criminalidad y está impulsando con buen suceso el turismo y las inversiones; sus políticas también están lacerando el Estado de derecho y vulnerado los derechos humanos de miles de salvadoreños.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado que, con las masivas detenciones arbitrarias, se ha encarcelado a cientos de personas inocentes. A la reclusión de inocentes Bukele la llama eufemísticamente “margen de error.”
De acuerdo con el informe “Seguridad sin derechos” publicado por Amnistía Internacional en julio de 2026, desde marzo de 2022 más de 90,600 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador. El informe advierte que “muchas personas fueron detenidas sin orden judicial ni investigación previa.”
La plausible lucha contra las maras tiene un lado aún más oscuro. Organismos de derechos humanos han reportado también cientos de muertes bajo custodia estatal.
A mediados de julio de 2026, la oenegé Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 547 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas, desde que se puso en marcha el régimen de excepción.
Lo más grave, según la organización, es que el 94% de los reos fallecidos bajo custodia del Estado no tenían perfil de pandilleros y en el 31,8% de los casos, la causa de muerte fue la violencia física.
Lo expuesto anteriormente en este reportaje, procura contextualizar, para comprender con claridad la dimensión de lo que ocurre en el país más pequeño de Centroamérica con los defensores ambientales y los defensores de derechos humanos.
El régimen de excepción, la excusa (casi) perfecta
El estado de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, permite al gobierno asumir poderes extraordinarios para enfrentar situaciones sumamente graves. La Constitución de la República así lo establece.
La máxima Ley estatuye que el régimen de excepción puede decretarse “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.
Como consecuencia se suspenden varios derechos y garantías constitucionales, incluyendo la libertad de pensamiento y de asociación.
El régimen de excepción en EL Salvador lleva ya cuatro años y medio. El gobierno se niega a suspenderlo, pese a que el mismo aduce que en el país ahora se vive en paz y tranquilidad.
El artículo 30 de la Carta Magna señala que “el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días”. El mismo artículo también establece que: “Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”.
El Legislativo lo ha prolongado cada 30 días, como manda la Ley, pero a lo largo de 54 meses. La última vez fue el pasado 29 de agosto de 2026.
Expertos han advertido que el régimen de excepción ha abierto las puertas a Bukele para que pueda hacer y deshacer a su antojo, bajo la justificación que la Constitución se lo permite. Uno de los principales trasfondos es, según, analistas políticos, allanar el camino hacia el establecimiento de una dictadura.
Por eso no resulta descabellado pensar que esa es la razón por la que la suspensión de garantías constitucionales sigue vigente.
Analistas advierten que el mandatario salvadoreño está aprovechando los poderes extraordinarios que le confieren el régimen de excepción, para apartar a quienes considera obstaculizan su forma de gobernar. Y en ese costal ha metido a periodistas y medios de comunicación, así como a defensores de derechos humanos y activistas ambientales, quienes han llegado a ser judicializados. Muchos se han visto obligados al exilio.
El avasallamiento contra las personas y organizaciones defensoras
El 18 de mayo de 2025 la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López de la fundación Cristosal, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil.
López fue capturada bajo acusación de supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, según el régimen, cometidos cuando fungió como asesora del Tribunal Supremo Electoral y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social entre 2014 y 2019.
Sin embargo, juristas y organismos internacionales de derechos humanos, adujeron que el arresto de López, responde claramente a una persecución política por sus investigaciones anticorrupción y su defensa de los derechos humanos.
A la defensora no le fueron respetados sus derechos y garantías procesales en el momento de su detención, porque fue detenida bajo el régimen de excepción. Hasta la fecha de este reportaje, López continuaba detenida.
El 19 de mayo de 2026, a un año de la detención de Ruth López, más de 100 organizaciones de América Latina y Europa, suscribieron un comunicado reafirmando su preocupación por la detención arbitraria de la defensora salvadoreña. El comunicado destaca que “su detención se dio en un contexto de deterioro de las libertades civiles y de las garantías judiciales en El Salvador, lo que ha derivado en la persecución y criminalización de voces críticas, mediante la instrumentalización del proceso penal”.
Defensores indefensos
Las organizaciones que en mayo emitieron el pronunciamiento solidarizándose con Ruth López a un año de su detención resaltan también un dato más alarmante: “La privación de libertad de Ruth es uno de al menos 86 casos de personas que actualmente se encuentran en condiciones similares de detención arbitraria por persecución política en El Salvador”.
A lo anterior se suma otra cantidad de personas periodistas y defensoras que, dada la persecución y el asedio gubernamental, se han visto obligadas al exilio.
En julio de 2025, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), señaló durante una audiencia con la CIDH, que al menos 130 personas se han exiliado para proteger su integridad.
“En la búsqueda de seguridad y condiciones que les permitan continuar su trabajo y proteger su integridad y la de sus familias, muchas personas defensoras se han visto forzados a huir de El Salvador. Cifras de la sociedad civil indican que al menos 130 personas han salido del país en los últimos 5 años” dijo la DPFL.
Una Ley represiva para acallar las voces críticas
Al régimen de excepción que el gobierno de El Salvador se resiste a suspender se suman otras acciones y estrategias diseñadas para acallar las voces de las organizaciones de la sociedad civil y sus líderes, medidas que también alcanzan a los medios de comunicación críticos del gobierno.
Una de ellas es la Ley de Agentes Extranjeros aprobada en mayo de 2025. La normativa, catalogada como represiva por sectores de oposición, obliga a las oenegés y medios de comunicación que reciben fondos del exterior, a registrarse ante el Ministerio de Gobernación como “Agentes Extranjeros”. También les obliga a entregar al gobierno, bajo concepto de impuesto, el 30% de los fondos que reciben.
La ley también sentencia que las organizaciones que no se registren ante Gobernación o no cumplan otras disposiciones establecidas, se enfrentan a sanciones severas que conllevan multas que van desde los 100 mil hasta los 250 mil dólares y se exponen a la suspensión o cancelación de su personería jurídica.
Tras su aprobación Human Rights Watch advirtió que dicha Ley “socava las libertades de expresión y de asociación” y que esta otorga al gobierno Bukele “amplias facultades para vigilar, sancionar y clausurar organizaciones estigmatizadas como 'agentes extranjeros'”.
Ambientalistas en la mira
Entre las personas judicializadas y entre quienes tuvieron que salir del país para huir de la persecución y la criminalización, también están los defensores ambientales.
La revista Gato Encerrado, especializada en el abordaje de temas de derechos humanos, genero, política y medioambiente, asegura en un artículo que: “Las voces de ambientalistas en El Salvador —quienes históricamente han documentado y denunciado la explotación de los bienes naturales— enfrentan hoy persecución política y censura”.
La publicación señala lo ya analizado en líneas atrás: “El Gobierno de Nayib Bukele ha convertido el régimen de excepción y su Ley de Agentes Extranjeros en instrumentos de represión, diseñados para contener y castigar a quienes se atreven a contradecir la narrativa oficial de un país ordenado y próspero”.
Pero el problema para quienes defienden el ambiente, el agua, los bosques y los territorios, se agudiza cuando a la par del gobierno aparecen inversores y compañías extractivistas con proyectos que pretenden despojar a comunidades enteras de sus recursos.
El testimonio de un ambientalista exiliado
Eduardo Rivera es uno de los ambientalistas salvadoreños, que se vio obligado a exiliarse dada la escalada represiva gubernamental contra miembros de organizaciones defensoras del ambiente.
Rivera pertenece a dos de las organizaciones perseguidas por el gobierno de Nayib Bukele: el Foro de Agua y el Movimiento Político Rebelión Verde, conocido como Reverdes.
En junio de 2025, ambas organizaciones denunciaron que estaban siendo víctimas de persecución y hostigamiento policial. Varios de sus dirigentes fueron acusados de delitos relacionados a la alteración del orden público luego de apoyar una manifestación pacífica de unas 300 familias pertenecientes a una cooperativa agrícola que pretendía ser desalojada de sus viviendas y parcelas por el gobierno.
Rivera lamenta cómo el régimen de Bukele ha criminalizado a las personas defensoras ambientales, pero asegura que eso está lejos de ser un motivo para abandonar la lucha.
Sin embargo también cree que dicha lucha sería infructuosa si solo queda en manos de las personas activistas. Para que sea exitosa, afirma, tienen que involucrarse de lleno las comunidades que son afectada por las problemáticas socioambientales. “Para que la lucha sea real necesitamos que el propio territorio y las propias personas que están en el territorio también se manifiesten y estemos haciendo la lucha en conjunto” argumenta.
Si bien las temáticas ambientales colocadas en la agenda de las organizaciones, son diversas, Rivera afirma que desde Foro de Agua y Reverdes son priorizadas, la lucha por el derecho humano al agua, la minería metálica y la defensa de la tierra.
La reactivación de la minería activa alarmas ambientalistas
La reactivación de la minería mediante una ley aprobada por el Congreso a finales de 2024, luego de estar totalmente prohibida desde 2017, ha activado las alarmas de las organizaciones defensoras del ambiente, quienes suman a sus luchas acciones de incidencia contra el extractivismo metálico.
El 23 de diciembre de 2024, el Poder Legislativo de El Salvador aprobó la Ley General de Minería Metálica, una normativa que habilita al Estado autorizar la exploración, explotación, extracción, procesamiento y comercialización del otro y otros metales. La minería fue reactivada luego de estar totalmente prohibida desde 2017. El Salvador se había abanderado como el primer país del mundo en prohibir de forma absoluta la minería metálica.
Rivera ve como un retroceso en materia ambiental la reactivación de la minería en El Salvador, y le preocupa lo que pueda suceder en materia de daños ambientales, contaminación del agua y el despojo de territorios comunidades donde se encuentren los yacimientos.
De hecho, asegura que la lucha contra la minería nunca fue abandonada por la organización a la que pertenece, a pesar de que estaba prohibida en el país cualquier actividad de exploración, extracción, explotación y procesamiento, tanto a cielo abierto como subterráneo.
Había una razón de peso para no abandonar la lucha, pues pese a la prohibición, el riesgo de la contaminación mediante la minería se cernía sobre el Río Lempa, el caudal más importante del país, dado que abastece del recurso hídrico a 3 millones de salvadoreños.
Reverdes no abandonó nunca, pues el riesgo de daños ambientales para El Salvador estaba presente con la reanudación del proyecto minero transfronterizo de la minera canadiense Bluestone Resources en Cerro Blanco, un yacimiento aurífero ubicado en el departamento de Jutiapa, al sur de Guatemala y fronterizo con El Salvador.
“Nosotros acompañábamos siempre la minería transfronteriza, principalmente la minería del Cerro Blanco, que está en frontera de Guatemala, El Salvador y Honduras, que es prácticamente el trifinio, que afecta directamente a la fuente principal de todo El Salvador, que es el Río Lempa” relata el ambientalista.
De acuerdo a Rivera, la lucha asumida por Reverdes se concentraba en exigir al gobierno salvadoreño que se acercara a Guatemala a través de medidas diplomáticas para solicitarle no concediera los permisos ambientales a la compañía canadiense.
No obstante, al activista le indignó que el gobierno de Bukele no solo desoyó la petición de Raverdes y otras organizaciones ambientalistas, sino que además destrabó la prohibición del extractivismo minero en todo el país. “Tristemente, El Salvador nunca se pronunció, y al contrario, a finales de 2024 se reactivó la minería en El Salvador, con varias promesas, en realidad vacías.” lamenta.
El ambientalista explica que el régimen de su país, adoptó una narrativa basada en el engaño, “un discurso de que todos vamos a ser ricos en El Salvador, que no tiene mucho sentido, porque las minerías históricamente solo generan desastre, y todo el enriquecimiento se va del país de origen, y se lo quedan las empresas transnacionales”.
Por lo pronto, a Rivera le queda seguir haciendo conciencia desde el exilio, para que la población salvadoreña esté atenta a los proyectos mineros que podrían estar por llegar y se levanten en defensa de sus territorios para evitar que se concreticen, y de paso evitar todos los impactos negativos en materia ambiental que la minería conlleva, principalmente la contaminación de los ríos, los daños a la salud, la tala de bosques y el despojo de territorios.
Guatemala: una lucha campesina e indígena por la defensa del agua
Si bien en Guatemala la causa ambiental se libra contra los sectores extractivos, agrícolas y de infraestructura. Sobre todo los megaproyectos que con la permisividad del Estado, causan daños irreversibles a los ecosistemas, el propósito fundamental de esa lucha es la defensa del agua.
La minería, la agroindustria (centrada en monocultivos), la tala forestal indiscriminada, así como ambiciosos proyectos de desarrollo energético, turístico y urbanístico, son fiscalizados perennemente por los movimientos ambientalistas, en mayor medida por las graves consecuencias que esos generan sobre los cuerpos de agua. Todas las intervenciones son causantes de la contaminación de ríos, lagos y otras fuentes hídricas.
Otra particularidad es que quienes libran estas batallas en Guatemala, son mayoritariamente comunidades campesinas y pueblos indígenas.
La organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI Guatemala), lo reafirma: “La defensa del territorio sigue siendo un reto lleno de riesgos para defensores y defensoras de DDHH, en su mayoría indígenas campesinos y campesinas.”
Desde 2012, Guatemala país acumula 106 asesinatos y desapariciones documentados por Global Witness, de los cuales la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían sus derechos sobre el territorio o se oponían a la extracción de recursos naturales.
La CIDH señala en un reciente informe que, “entre los grupos expuestos a una situación de mayor riesgo, están las mujeres y personas defensoras indígenas y afrodescendientes”, y expone que la situación de vulnerabilidad se agrava ante factores estructurales como la discriminación étnica y racial, los niveles de marginación, pobreza, desigualdad y exclusión social que históricamente les han afectado.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Los pueblos indígenas constituyen el 43.6% de la población total de Guatemala.
Pero también la mujer es mayoría en Guatemala. El 50.8% de su población es femenina. Ello explica el alto protagonismo de las mujeres en la defensa del ambiente, insertadas en la corriente en auge llamada ecofeminismo.
Un país con sed y poca agua apta para el consumo
La preocupación de los defensores ambientales por el recurso hídrico en Guatemala no es para menos. Este país lleva décadas enfrentando una crisis de agua generada por la falta de políticas efectivas dirigidas a la protección este bien común fundamental para la vida.
La organización Planet Water Fundation, señala, citando datos de las Naciones Unidas, que el acceso a agua potable segura en Guatemala es un desafío para una proporción significativa de la población del país con más de 18 millones de personas. “El 44% de los hogares en Guatemala carecen de acceso a un suministro de agua gestionado de manera segura y en las áreas rurales, el 44% carece de saneamiento seguro” afirma.
Otro factor a tomar en cuenta en este análisis, es que Guatemala es segundo país más densamente poblado de la región (173 hab. por km2), después de El Salvador.
Durante un evento organizado por PBI Guatemala en febrero pasado, el ecologista Gerardo Paiz, del Colectivo Madre Selva, refirió que una de las principales causas de la escasez de agua, es la destrucción de los ecosistemas naturales.
En ese sentido aseveró que “al país solo le queda una tercera parte de la cobertura natural de bosques, pues dos terceras partes han sido destruidas y transformadas para otros usos que tienen un efecto directo sobre el agua”.
Paiz explicó que entre eso usos están la generación de energía eléctrica, la industria, la ganadería y el acaparamiento de los ríos.
Protagonismo femenino toma fuerza frente a la depredación ambiental
En Guatemala las mujeres están tomando la batuta en la lucha ambiental. La defensora ambiental Herlinda Xo, en un artículo publicado en Prensa Comunitaria, afirma que las mujeres, principalmente las indígenas, “defienden el medio ambiente como sus propios hogares”.
La plataforma destaca en su artículo que las mujeres pese a la estigmatización y criminalización, juegan un rol preponderante para que la madre tierra no sea destruida y contaminada por empresas extractivas y por los monocultivos.
Conversando con una protagonista
Hablamos con Yesenia Haydeé Sorín García, una joven activista ambiental guatemalteca de 25 años, perteneciente al pueblo indígena Maya-Quiché y que habita en el municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango.
Se ha integrado activamente en diferentes organizaciones. Participa en Acción Social Maíz, una organización comunitaria desde donde se promueven políticas públicas dirigidas a incentivar el desarrollo económico de la juventud. También integra el Movimiento Ciudadano Cantelense, organización ambientalista cuya labor se centra en el cuido y defensa del agua, la tierra y los bosques.
Es además delegada de la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio, un espacio en el que convergen comunidades, organizaciones sociales y autoridades indígenas para defender los derechos colectivos y el territorio, ubicando nuevamente como prioridad el agua como recurso vital.
Dado que la defensa del agua en Guatemala es un tema prioritario, conversamos con Yessenia sobre el asunto.
Navegando en aguas turbias, por una ley de agua transparente
La joven defensora cuenta que su activismo en el nivel comunitario se enfoca en las problemáticas de las juventudes, pero sin descuidar el tema del agua. Afirma que, en el nivel departamental y nacional, siempre la prioridad de las organizaciones es el agua.
El gran problema es que Guatemala no cuenta con una Ley de agua, pese a que se ha debatido sobre su necesidad durante las últimas décadas, siempre su promulgación se convierte “en agua estancada”.
Yessenia recuerda que durante los últimos años diversas organizaciones se dispusieron a formular conjuntamente iniciativas de ley con el propósito de presentarlas al Legislativo para su discusión, dictamen y aprobación, conscientes de que Guatemala necesitaba con urgencia una normativa que regulara el uso de los recursos hídricos.
Así es que nacen las iniciativas 5070 (Ley Marco de Agua), formulada en 2016 y la 5253 (Ley del Sistema Nacional del Agua), presentada al Congreso en 2017.
La joven activista comenta que a pesar que diversos sectores sociales, políticos y económicos, debaten alrededor de la aprobación de una ley integral del agua, ha sido complejo conseguir un consenso.
Los movimientos ambientalistas y otras entidades de la sociedad civil, el gobierno, sus poderes e instituciones pertinentes, así como la empresa privada, están enfocados en trabajar una política de agua, pero no se logra un consenso entre los diversos actores en la generalidad de sus contenidos. Al parecer cada sector quiere su propia versión.
El problema radica en que las organizaciones ambientalistas, comunidades campesinas y pueblos indígenas, rechazan las propuestas presentadas por el gobierno y los empresarios. Estos a la vez pretenden vetar las propuestas de las organizaciones comunitarias.
El ejemplo más reciente se dio el pasado 26 de septiembre de 2026, cuando la Comisión Plurinacional por el Agua, una organización integrada por más de 30 asambleas territoriales, expresó mediante un comunicado, su rechazo a la iniciativa de Ley propuesta por el gobierno a través del Congreso.
Se trata de la iniciativa 6816, (Ley de aguas), presentada como una ley integral por un grupo de diputados para su discusión, la que sin embargo no tiene la aprobación de buena parte de la sociedad civil porque esta argumenta que dicha ley “facilita el saqueo corporativo y legaliza el despojo”.
Guatemala es el único país de la región sin una Ley de Agua, pese a que diversos sectores sociales y políticos han presentado al menos nueve iniciativas en los últimos 20 años, sin contar otras propuestas formuladas en la década de los 90.
Yessenia relata el aporte que se ha hecho desde los espacios en los que ella participa, ha sido con el acompañamiento del Ministerio de Recursos Naturales (MARN), la institución estatal en la que han encontrado más apertura para un debate más inclusivo.
Con dicha asesoría las organizaciones lograron, como aporte a la discusión, entregar 19 puntos esenciales, sin embargo se han estrellado de frente con la frustración. Al respecto explica: “Nosotros entregamos 19 puntos fundamentales que sacamos de las 5070 y las 5253, y pues lastimosamente de todos estos puntos fundamentales pues solo hay como uno o dos puntos dentro de estas iniciativas que están en construcción”.
La joven activista refiere que los puntos planteados se enfocan en demandar el respeto y el reconocimiento del derecho al agua en las comunidades y “no solo que las grandes empresas puedan acaparar los grandes fluidos de agua que tenemos en Guatemala” por tal razón lamenta que la mayoría de puntos presentados por las organizaciones comunitarias en las que ella participa no han sido tomados en cuenta.
Otras iniciativas en el debate
Paralelamente, Yessenia refiere que desde otros espacios se está trabajando en una iniciativa de Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, una normativa que pretende contrarrestar la llamada “Ley Monsanto” en Guatemala. (Decreto 19-2014. Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales aprobada en 2014), normativa cuya derogación ha sido solicitada insistentemente por la mayoría de organizaciones ambientalistas.
Agrega que por otro lado las organizaciones a las que pertenece también dan seguimiento a la iniciativa de Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres, una propuesta que ha tenido un dictamen favorable en el poder legislativo, pero que aún no ha sido promulgada como Ley. Dicha normativa busca potenciar el desarrollo integral de la mujer mediante su participación en todos los niveles de la vida económica, política y social del país.
El proceso de negociación y cabildeo se está impulsando desde la Plataforma LEYDEM, conformada por más de 100 colectivos y organizaciones sociales, quienes desde 2018 impulsan activamente la iniciativa para su aprobación.
Cómo mejorar los mecanismos de protección
En su informe anual publicado en septiembre de 2026, Global Witness incluye cinco recomendaciones sobre cómo brindar mejor protección a las personas defensoras del ambiente, las que coinciden con las demandas que hacen las organizaciones defensoras en la región.
Abordar las causas estructurales y proteger los derechos colectivos
La primera es el abordaje de las causas estructurales de la violencia contra defensores. En ese sentido llama a los Estados a reconocer y proteger los derechos colectivos a la tierra, el territorio y los recursos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas campesinas y otras comunidades tradicionales.
Asimismo, exhorta a los gobiernos a hacer reformas en el acceso a la tierra, “acelerar los procesos de titulación y demarcación, asegurar el reconocimiento legal de los sistemas de gobernanza consuetudinarios y prevenir el acaparamiento de territorios, prestando especial atención a los modelos de propiedad colectiva y de gestión comunitaria”.
Otra acción enmarcada dentro de la primera recomendación es garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), el que debe entenderse como un proceso continuo y no como una consulta puntual.
Documentar ataques, identificar patrones y establecer medidas preventivas
La segunda recomendación es reforzar la protección colectiva de las personas defensoras y las comunidades, documentando sistemáticamente los ataques mediante la creación de observatorios independientes capaces de identificar patrones emergentes de violencia. Esto incluye poner en marcha medidas preventivas antes de que se produzcan los ataques, lo que requiere además la coordinación y actuación conjunta de las distintas instituciones estatales en el sistema de alerta temprana.
“Los mecanismos de protección estatales deben pasar de centrarse exclusivamente en personas defensoras individuales a adoptar enfoques de protección colectiva que reconozcan que, en la mayoría de los casos, los ataques se dirigen contra comunidades, organizaciones y movimientos sociales enteros” advierte Global Fitness.
Combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia
Para ello la organización recomienda la creación de unidades de investigación especializadas: “Los Estados deben crear unidades especializadas de fiscalía e investigación dedicadas a los delitos contra las personas defensoras del ambiente y el territorio” afirma, a la vez que refiere que dichas unidades deben tener formación en materia de derechos humanos y ser dotadas de recursos suficientes.
“Las investigaciones deben analizar los posibles vínculos entre los ataques y las actividades empresariales, los conflictos territoriales, el crimen organizado, la corrupción y los agentes estatales” advierte.
Otro aspecto enmarcado en el combate a la impunidad y el acceso a la justicia es dar prioridad a la rendición de cuentas de quienes ordenan los ataques. “Los Gobiernos deben centrarse no solo en enjuiciar a los autores materiales, sino también a quienes financian, organizan o se benefician de los ataques” señala Global Fitness.
Asimismo, aconseja reforzar el acceso a la reparación mediante el acceso de personas y comunidades afectadas a asistencia jurídica, apoyo psicosocial, protección de testigos y mecanismos de justicia culturalmente adecuados.
Proteger el espacio cívico
La cuarta recomendación es la protección del el espacio cívico y el derecho a defender el territorio, primero mediante la derogación de leyes que se utilizan para silenciar a las personas defensoras y segundo, a través de la promulgación de nuevas normativas para prevenir y desestimar demandas contra la participación pública, cuyo objetivo es intimidar a las personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Otras líneas de acción dentro de la cuarta recomendación son: La lucha contra la estigmatización y las narrativas tóxicas, evitando discursos que califiquen a las personas defensoras como delincuentes, terroristas o amenazas para los intereses nacionales. La adopción de un enfoque para enfrentar al crimen organizado que contemple medidas diferenciadas para la protección de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, la infancia y otros grupos vulnerables a sus efectos, tal como lo establece la CIDH. Prevenir los ataques digitales contra las personas defensoras (el acoso, la desinformación, el discurso de odio y el doxeo) poniendo en marcha mecanismos para darles respuesta.
Las personas defensoras en el centro de las políticas sobre el clima y la biodiversidad
La quinta y última recomendación apela a que los gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y negociadores internacionales deben reconocer oficialmente a las personas defensoras del ambiente y el territorio como agentes esenciales para alcanzar los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad, y garantizar la participación significativa, segura y efectiva de estas personas en los procesos internacionales de toma de decisiones sobre el ambiente.
Entre las acciones enfocadas en esta última recomendación también aconseja la aceleración de la ratificación y la aplicación del Acuerdo de Escazú. “Los Gobiernos de toda América Latina y el Caribe deben acelerar la ratificación y la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú, el primer tratado del mundo jurídicamente vinculante que incluye protecciones específicas para las personas que trabajan en defensa del ambiente” especifica la organización global.
